Ni negocios ni vecinos, el Ayuntamiento de València no acierta con la hostelería

La concejalía de Igualdad, Actividades, Espacio Público y Pueblos del Ayuntamiento de València, que encabeza Lucía Beamud, continúa sumando conflictos con el tejido productivo de la ciudad. En esta ocasión son los hosteleros de la zona de Honduras-Blasco Ibáñez los que llaman la atención acerca del grave perjuicio económico que les están ocasionando las nuevas medidas «arbitrarias» adoptadas por el Consistorio. Esta situación se suma a la que ya vive el Consistorio con el embudo en la concesión de licencias hoteleras.

Hemos de remontarnos a 2021 para hallar el origen de una problemática que se está traduciendo en hasta un 30% menos de facturación para algunos locales de la zona. Fue en esa época cuando tuvieron lugar diversos episodios de macrobotellones en esta conocida zona universitaria, los cuales los hosteleros achacan en parte a las limitaciones de horarios a las que todavía estaban sometidos.

«Hubo unas quedadas gigantes en el parque de Blasco Ibáñez. Los vecinos, lógicamente, se hartaron de la situación, pero cargaron contra nosotros y pusieron a la hostelería en el centro del huracán. En la Asociación hay locales que llevan más de dos décadas trabajando en esta zona y nuestra relación con el vecindario siempre ha sido buena. Esto se enmarca en una campaña de descrédito a la hostelería», asegura un portavoz de la Asociación de Hostelería y Ocio Responsable de Honduras-Blasco Ibáñez.

Un plan unilateral

La pretensión de parte del vecindario del barrio pasaba por obtener la calificación de Zona Acústicamente Saturada (ZAS); estas zonas son, según el Ayuntamiento de València, aquellas en que se producen unos elevados niveles sonoros debido a la existencia de numerosas actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos. Esta calificación se traduce en una serie de medidas que buscan mejorar las condiciones.

La eficacia de esta medida, sin embargo, está muy puesta en duda. En zonas de la ciudad ya declaradas ZAS, como Ciutat Vella, la medida ha sido un completo fracaso a la hora de reducir la saturación acústica. A menudo, afirman desde la Asociación, no sólo no consiguen mejorar la vida de los vecinos, sino que agravan el problema y se traduce en pasarse el problema de un barrio a otro y en un aumento de la criminalidad.

«Finalmente el Ayuntamiento de València consideró que no existían motivos fundados para poder declarar la ZAS por vía administrativa. Sin embargo, la delegación de Espacio Público, con Lucía Beamud al frente, se sacaron un plan especial de la manga que hacía alusión a la ocupación de la vía pública por parte de las terrazas, las cuales cumplían las ordenanzas que habían dado lugar a las licencias en un primer momento», explica un portavoz de los hosteleros.

Medidas para evitar una ZAS que no existe

El Consistorio terminó por aprobar un plan especial para reducir las dimensiones de las terrazas, el cual se tradujo en una reducción de las terrazas hasta un 50%. Los casos, sin embargo, varían de un local a otro. Desde la asociación hostelera cuentan casos extremos, como el de un bar «de almuerzos y comidas» que contaba con una terraza de 115 metros cuadrados y que fue reducida a 15.

«¿Cómo pretendían hacerlo? Como fuese, les daba igual. Nosotros nos reunimos con los técnicos municipales de Espacio Público y nos dijeron que la consigna era reducir terrazas y que ellos se limitaban a acatar las órdenes que les habían dado desde el Consistorio», afirma un hostelero de la Asociación con el que ha hablado este medio y que ha pedido mantenerse en el anonimato.

Para los empresarios de la hostelería, una ciudad que basa gran parte de su economía en el buen tiempo, necesita una oferta reglada acorde. A fecha de hoy, sin embargo, continúan sin recibir una respuesta por parte de la Administración acerca de qué ha motivado la reducción. En este sentido, los empresarios afirman que «se han modificado las autorizaciones para ocupar la vía y no se han motivado. Hemos tratado de recibir una explicación y lo único que nos dicen es que se ha hecho para evitar la ZAS, pero aquí no hay ninguna ZAS. No tiene ni pies ni cabeza».

¿Funcionan las ZAS?

En teoría, la declaración de una zona como ZAS conlleva la toma de una serie de medidas encaminadas a la progresiva reducción de los niveles sonoros del barrio, hasta que en este suelo residencial los niveles de ruidos en el ambiente exterior vuelvan a ser los adecuados.

«Nosotros llevamos mucho tiempo estudiando estas soluciones. En València existen en la actualidad muchas zonas ZAS y los resultados han sido en muchas ocasiones más catastróficos que otra cosa. Las medidas correctoras que se aplican cuando se declara, hasta la fecha, lo único que han hecho es destrozar zonas. Un caso claro es el de Ciutat Vella», explican desde la Asociación.

Y apuntilla: «Lo que suele ocurrir es que se focaliza el problema sobre puntos concretos. Y cuando llega la hora de cerrar la gente se queda en la calle y la situación es peor, con los problemas sanitarios y de criminalidad que conllevan. Si lo que quieren es disminuir el ruido y que la convivencia entre vecinos y hosteleros sea pacífica, lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablar. Está claro que hay hosteleros que hacen las cosas mal, lo que no se puede hacer es generalizar todos los problemas sobre el sector». 

Los hosteleros piden que les escuchen

Ante esta situación, y de no recibir ningún tipo de interlocución por parte del Ayuntamiento, los afectados no renuncian a la vía judicial para hacer frente a esta situación. De cara a marzo es previsible que aumente considerablemente la demanda de terrazas, por lo que los hosteleros miran con nervios el calendario.

«Nosotros siempre tratamos de aportar soluciones, no vamos a una reunión a decir que somos los buenos. Queremos ver qué problemas detectan los vecinos y nosotros aportar nuestra visión. Lo que no tiene sentido es el plan de recorte que ha hecho el Ayuntamiento de València», aseguran los empresarios del ocio.

Por último, explican, no todos los vecinos están a favor de esta situación. Recientemente se recogieron 900 firmas de habitantes de la zona que no ven en esta medida una solución eficaz para la problemática de inseguridad y degradación que sufre el barrio.