Mujeres al Timón
El proyecto de Ampliación Norte del Puerto de València ha sido aprobado por el Consejo de Administración durante una sesión extraordinaria convocada este viernes. En la votación tan sólo han habido dos votos en contra, uno de ellos el del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, según ha afirmado el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez.
Los aumentos de costes han elevado los presupuesto a poco más de 542 millones de euros de inversión pública. A estos, se añadirán los 1.021 millones que aportará la empresa Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, compañía europea que será la encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal de contenedores.
Para Martínez, esta es una de las decisiones más importantes adoptadas en nuestro país durante los últimos años. «Se ha tomado una decisión que supone la mayor inversión que se ha realizado nunca en el puerto de Valencia y probablemente en ningún puerto de España, hay que estar suficientemente avalados», afirma.
El empleo total generado por Valenciaport cuando la terminal esté activa pasará de 38.866 a más de 44.000 empleos y creará más de 5.000 nuevos puestos de trabajo en el entorno del Puerto de València entre directos, indirectos e inducidos.
Con los informes en la mano
Durante el proceso han surgido dudas acerca de las consecuencias medioambientales que la ampliación del puerto podían acarrear sobre el litoral valenciano. Sin embargo, según ha explicado Aurelio Martínez, «el proyecto cuenta con informes positivos tanto de la Abogacía del Estado, como la Dirección General de Puertos».
Estos informes sitúan a la propia APV, y no a órganos autonómicos, como los competentes para solicitar nuevos estudios de impacto medioambiental. «Por tanto el puerto es el órgano sustantivo. Solicitar más informes medioambientales y postergar la ampliación del puerto supone desconocer y obstaculizar el ejercicio de una competencia exclusiva del Estado», ha afirmado presidente citando a abogacía.
Además, ha expresado, el informe de Costas afirma textualmente que «a la vista de la información disponible se observa que no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental» y se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones.
Un sí con condiciones
Desde un punto de vista técnico, todos los análisis del Ministerio de Transición Ecológica sobre el proyecto presentado son similares a los que haría una Declaración de Impacto ambiental (DIA). Por tanto, cabe esperar que habría llegado a las mismas conclusiones y estas son favorables.
Desde la APV asumen la obligación legal de que si aparecen en las obras de dragados arenas que son aptas para playas, contraen la obligación de dar estas arenas a la protección de Costas.
Así pues, la autoridad portuaria afirma que la mayoría de condiciones o bien ya están recogidas en el proyecto o se pondrán en el pliego de condiciones. «Todas absolutamente asumibles, lógicas, que o bien ya las contemplábamos o las íbamos a adicionar. No tenemos que modificar el proyecto constructivo», explican.
Impacto económico
La nueva terminal de contenedores va a suponer una inversión de 1.500 millones de euros, tanto públicos (448 millones € sin IVA) como privados (1.021 millones €). Todo ello va a generar un importante impacto económico tanto en la fase de construcción como cuando entre en funcionamiento.
Según el estudio sobre el impacto de la nueva Terminal de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia que elaboró el Instituto de Transporte y Territorio (ITRAT), con la nueva terminal a pleno funcionamiento, el impacto económico del puerto de Valencia representará en términos de valor añadido el 2,27 % del conjunto de la Comunidad Valenciana.
En cuanto al empleo, superará los 44.000 puestos de trabajo, cuyo salario medio estará en torno a los 32.000 euros anuales. En su conjunto, el puerto de Valencia representará el 2,2 % de todo el empleo de la Comunidad Valenciana.
