Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía del gobierno de Felipe González, ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero y responsable económico del entonces candidato, Pedro Sánchez, Jordi Sevilla analiza ahora la realidad socioeconómica desde otro ángulo, pero ¿podría regresar a la gestión pública?

Jordi Sevilla (València, 1956) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València (UV). Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Ha sido jefe de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda (1993-1996), ministro de Administraciones Públicas (2004-2007), senior counselor de PwC (2009-2015), responsable del equipo económico del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno (2015-2016) y presidente de Red Eléctrica de España (2018-2020).

Además, ha sido profesor en el Instituto de Empresa (IE) y ha publicado numerosos libros sobre economía y política. El último, La España herida. Conversamos con el exministro sobre las brechas que, a su juicio, se han abierto en el país, cuestionamos las causas e incluso le inquirimos sobre un posible retorno a primera línea.

Seguramente, la respuesta a esta pregunta sea la más rotunda en una entrevista en la que Sevilla habla con aplomo cuando quiere y deja también alguna respuesta a completar por la imaginación del lector.

– ¿Por qué está España herida, en términos económicos?

Escribí el libro para mí, porque había muchos fenómenos que no entendía, desde la victoria de Trump, al Brexit o el surgimiento de Podemos y luego de Vox en España y quise entender por qué estaba pasando eso. Me di cuenta de que algunos de los principios económicos con los que habíamos construido el comienzo de este siglo, desde la globalización, la desregulación o el cambio contra el cambio climático, estaban generando rupturas del consenso social y que eso justificaba una cierta sensación en muchos ciudadanos de desatención. Y esto, en un momento determinado, se transforma en chalecos amarillos y en cabreo, que se cataliza a través de los populismos.

Quise poner el foco en esas brechas sociales, que son las que tenemos que resolver si queremos proteger la democracia. Y tienen mucho que ver no solo con temas económicos, sino cómo los abordamos desde la política. Y en mi opinión, solo se pueden tomar en consideración con grandes acuerdos y consensos políticos, que es algo que llevamos muchos años sin practicar en España.

Hemos sustituido el bipartidismo por el bifrontismo, que no solo no representa ningún avance, sino todo lo contrario, porque dificulta todavía más la posibilidad de consensos transversales.

– ¿Dónde o en qué situación sitúa el momento de esta ruptura?

Esto es como la vejez, no es que un día te acuestes joven y al día siguiente te levantes viejo. Es un proceso paulatino, en el que al final la acumulación de muchos pocos acaba siendo el 80 % de la acción pública, cuando antes era el 20 %, me refiero a insultos, descalificaciones o la confrontación de manera sistemática.

Es evidente que los últimos acontecimientos que se producen en la economía internacional, esa sensación de que los gobiernos nacionales no tienen el control de todo lo que afecta a los ciudadanos, el descubrimiento que hemos hecho de los damnificados por la globalización… Todo eso ha ido generando un clima que rompe el discurso anterior.

Hemos vivido los primeros años de este siglo con la idea de la desregulación, de que el mercado es eficiente y de que el Estado es el enemigo. Sin embargo, cuando hemos sufrido las dos últimas grandes crisis, hemos salido adelante gracias a que el Estado ha venido al rescate. No podemos descapitalizarlo, infrafinanciarlo… Esto cambia algunos de los discursos políticos que en los últimos años se han ido aposentando en Occidente.

Creo que esa diferencia entre los problemas que los ciudadanos perciben y las soluciones que escuchan a los políticos, que muchas veces es más señalar culpables e insultarles, es lo que genera esa desafección que se acaba transformando en cabreo.

– ¿Deberían recuperar peso los Estados?

Ese es uno de los problemas que han surgido. No es solo la globalización, sino cómo la hemos hecho. Hemos vendido una globalización durante mucho tiempo –y digo ‘hemos’ porque yo también he participado de esa idea– que era buena y nos haría ricos a todos. En Occidente ha significado mayores márgenes para las empresas, porque han seguido vendiendo a precios de Occidente con costes asiáticos.

Pero nos hemos olvidado de la otra cara, de los damnificados. Y de que esa globalización de las cadenas de valor nos hace interdependientes, lo cual quiere decir que no nos hace autosuficientes ni con mascarillas, ni con microchips… Productos de los que ahora nos hemos dado cuenta de que son básicos y que los controlan países con los que estamos teniendo tensiones políticas.

Y eso abre el discurso a lo que ahora llamamos desglobalización, la necesidad de plantearnos si tenemos que construir microchips en España, si deberíamos tratar de ser más autosuficientes en temas energéticos en el ámbito europeo… Todo eso está replanteándose. Han sido dogmas durante años y entiendo que hay gente molesta. Y hay gente que lo extrapola y piensa que debemos volver a la autarquía, a la autosuficiencia nacional, a salir de la Unión Europea y del euro… Eso es una exageración absoluta y un disparate.

– ¿Cómo y por qué se ha roto la cohesión social del Estado del Bienestar, como afirma en su libro?

Hay tres aspectos que formaban parte del discurso con el que hemos construido la sociedad en la que vivimos y que se han ido deteriorando con el tiempo. En primer lugar, que el Estado redistribuye ayuda al que más lo necesita y lo hace captando ingresos de manera progresiva. Es decir, paga más el que más tiene y va para el que más lo necesita.

Eso hace varias décadas que saltó por los aires. Desde que se produce la liberalización del movimiento de capitales y pueden situarse por todo el mundo y eludir las tributaciones del ámbito nacional. Hasta lo que yo llamo la rebelión de los ricos, que han dicho que ya no quieren pagar tantos impuestos, sin tener en cuenta que pagar impuestos es el precio de vivir en una sociedad y sufragar todo lo que tenemos en común. Tenemos que quitarnos esa visión cutre de ver los impuestos como un robo.

Por otra parte, el Estado también se ha quedado anquilosado y ha sido cada vez menos redistributivo, en el sentido de llegar a quien más lo necesita. El ejemplo más evidente es el Ingreso Mínimo Vital. Es una magnífica iniciativa, pero constatamos que a casi la mitad de los objetivos que deberían haberlo recibido no hemos conseguido llegar.

– ¿Por qué no ha llegado a quienes debía?

El Estado ha sido el enemigo. Se ha ido generando un rechazo hacia lo colectivo y lo común que luego se expresa con un Estado, en el caso de España, muy evidentemente deteriorado después de todos estos años de austeridad.

– ¿El famoso ascensor social se ha estropeado?

Claramente, sí. En España tenemos la constatación de que aquellos jóvenes que se han creído aquello del ascensor social y del esfuerzo, los que han estudiado, los que han aprendido idiomas, los que además se han especializado en ámbitos de los que llamamos de futuro, o se están yendo fuera de España o tienen que aceptar trabajos precarios. Por lo tanto, legítimamente les hemos engañado. Y no está funcionando el ascensor social. La meritocracia no está funcionando como se la hemos vendido.

Todo esto genera muchas de las brechas y las rupturas y que en lugar de hablar de lo común hablemos de lo que nos diferencia y de lo que nos separa.

– Pero hace un tiempo, ese ascensor social sí que funcionaba, sí era posible prosperar e incluso cambiar de clase social…

Por supuesto. Yo soy un ejemplo de eso. Yo soy de una familia valenciana muy humilde y pude estudiar, hacer una oposición y sí, he cambiado de clase social. Pero el problema es que hubo un momento, cuando el liberalismo se convirtió en neoliberalismo y el Estado y pagar impuestos empezó a ser un problema y un robo, en el que todo eso ha cambiado y en los últimos 30 años hemos ido deteriorando el Estado del Bienestar y el ascensor social.

La igualdad de oportunidades, que es esencial para la llamada meritocracia, significa que las posibilidades del hijo de una familia rica y el de una pobre, se compensen reduciendo las ventajas de una familia rica y equiparando en origen las oportunidades de los dos niños que, por cierto, no han elegido nacer donde han nacido. Eso exige extraer recursos de la familia rica y destinarlos a satisfacer necesidades de la pobre y eso implica que el Estado ejerza esa función redistribuidora. Claro, cuando el impuesto de patrimonio no se paga, el impuesto sobre la riqueza tampoco, los ricos no pagan IRPF porque tienen sociedades para eludirlo… Y si, además, la eficacia del Estado para llegar a los más necesitados no llega, se rompe la igualdad de oportunidades. No es verdad que el mérito sea suficiente, porque no partimos de la misma base, ni siquiera parecida.

– Sin embargo, muchas empresas se quejan de que falta personal y talento…

Una vez más, demuestra que tenemos una necesidad de flexibilizar el sistema educativo y que, una vez más, no nos hemos puesto de acuerdo. Son reformas que tienen que hacerse para 20 años y con consenso. Cada vez que cambia el gobierno cambia la ley de educación. Eso no puede ser, eso no es serio. Esto solo se puede hacer con grandes acuerdos y consensos que, al menos en este momento, parece que estén prohibidos.

– También se refiere a los problemas económicos y sociales que ha generado la digitalización y el cambio climático. ¿A qué se refiere?

A principios de este siglo partimos todos con gran optimismo. Una vez que los científicos señalaron el cambio climático como un problema e indicaron  que se podía corregir reduciendo las emisiones de CO2, vimos que gobiernos y empresas se pusieron de acuerdo y nos pusimos todos muy contentos. El problema es que 20 años después, las emisiones de CO2 siguen subiendo y empiezo a sospechar que no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer y a la velocidad que deberíamos hacerlo para combatir el cambio climático.

Y el Banco de España, no la Internacional socialista, señala que los efectos del cambio climático y el coste de luchar contra él afectan más negativamente a las familias de renta más baja. Lo hemos visto con la subida del precio de la energía, que está afectando a aquellos en los que el coste de la energía tiene un peso más grande en su cesta de la compra, que son las familias más desfavorecidas.

Y en el tema de la digitalización, recuerdo cuando comenzó internet, que todos pensamos que iba a hacernos más libres e iba a fortalecer la democracia. Pero 30 años después vemos que hay cuatro empresas que controlan de manera monopolística el sector y que básicamente buscan ganar dinero a través de algoritmos e Inteligencia Artificial para conseguir nuestros datos y no siempre de manera legítima. Y ahí también ha surgido una reacción porque, a lo mejor, no lo estamos haciendo bien y deberíamos regularlo de manera diferente. Y es lo que está intentando la Unión Europea, de momento, con poco éxito.

El coste de la energía

– Usted ha sido presidente de Red Eléctrica. ¿Cuáles son las soluciones a los problemas energéticos que sufre Europa y España en particular? ¿Funcionaría una empresa pública para la gestión de la electricidad, como proponen algunos espacios políticos?

A la segunda, claramente no. El problema de nuestro sector eléctrico no depende de la titularidad de las empresas, sino de las políticas y las regulaciones. Y, además, si tienes, como tiene la UE, una dependencia de un 40 % del suministro del gas ruso y se corta, hay un problema objetivo que no se arregla con una empresa pública, ni privada, ni medio pensionista.

Además del tema de las dependencias de terceros países, hay un problema de regulación. Junto al bancario, son los dos sectores más regulados. En el caso del eléctrico, Europa tiene un sistema llamado mercado marginalista, que tiene sentido cuando tienes tecnologías de fabricación de electricidad a costes relativamente equiparables. Pero cuando se ha hecho una apuesta por las energías renovables, y en el caso de España ya es de prácticamente el 50 % de nuestras fuentes, cuyo coste marginal es cero, no se puede seguir manteniendo el modelo marginalista, porque entonces creas los llamados beneficios caídos del cielo. Las empresas están vendiendo algo que le cuesta cero, el sol o el viento, y lo están vendiendo al precio del gas. No se puede poner todo al precio más caro.

A corto plazo, lo que se está haciendo de poner un tope al precio del gas es positivo y subyace que el modelo de mercado eléctrico, con un sistema en el que tenemos una tecnología como la del gas que se puede disparar, y otras que se pueden tener a coste marginal cero, la manera de generar el precio y la retribución tiene que ser muy diferente a la del mercado que tenemos ahora. Y esa reforma sigue pendiente.

– ¿De qué modo propone que se fije el precio de la energía entonces?

Creo que cada tecnología se debería cobrar al precio que vale y que el precio de mercado sea un promedio de todos, no el más alto. Con lo cual, sí tiene sentido apostar por las energías renovables, porque con costes tan bajos se rebajará el precio del mercado.

– Pero este modelo igual conviene mucho a España, pero no a otros países del norte de Europa y con otras condiciones climatológicas…

No, porque, en todo caso, si se mezclan distintas tecnologías con diferentes precios y lo que se calcula es el promedio y no solo la energía más cara, a la fuerza baja el precio medio. A quien a lo mejor no le viene tan bien es a las empresas eléctricas… Y ahí lo dejo.

– ¿Las empresas eléctricas aceptarían estos cambios?

Por eso digo que ahí lo dejo. Pero es evidente que no les iría bien ese modelo. Y no porque pierdan, sino porque dejarán de ganar tanto como han estado ganando estos años. Hombre, supongo que se resistirán como se han resistido aquí al tope del gas.

– Señala numerosos problemas en la economía española. ¿Se plantearía volver a la gestión pública para trabajar en ello?

No (silencio). Entre otras cuestiones porque quiero creer que se puede influir e incluso hacer política con mayúsculas desde la sociedad civil, que es donde estoy ahora. Pero sí que tengo muy claro de que estoy muy harto de criticar a los políticos y hay que empezar a ayudarles. Ayudarles con propuestas, con análisis, con diagnósticos… Yo llamo a la gente a rebajar el diapasón, que dejemos de gritar e insultar tanto y empecemos a buscar, proponer y exigir soluciones, no a exigirle al político que chille e insulte más que el otro. Y para hacer eso no hace falta ser diputado ni estar en un ministerio.