La inflación está teniendo consecuencias en las empresas y una de ellas, está siendo el retraso en el pago a proveedores en determinados sectores; siendo el sector público, el inmobiliario y la hostelería en los que actualmente se supera el límite establecido por la ley de morosidad.

Recordemos que esta ley establece el plazo máximo para abonar una factura entre empresas en 60 días y en 30 días para las que tienen que ser abonadas por el sector público. Pues bien, el sector público actualmente está en 72 días, dato que llama la atención por aquello de predicar con el ejemplo.

El hecho de tener la mayor inflación de los últimos 37 años, hablamos del 10,2% actual, no solamente está generando retrasos en el pago a proveedores, sino que también está siendo un obstáculo para las empresas a la hora de aprovechar nuevas oportunidades y hacer crecer el negocio, lo cual en un horizonte de tiempo no muy lejano podría generar una mayor tasa de morosidad.

Una situación que nos recordaría a la anterior crisis vivida en 2008, pero que, por otro lado, también ha generado un entrenamiento en el tejido empresarial, que, comparado con el europeo, está más habituado a lidiar con épocas de incertidumbre, según un informe que conocíamos esta misma semana.

Las empresas, como no, son conocedoras de la importancia de generar ventas, pero igual de importante que es vender es cobrar esas ventas. También mantener la cadena de suministro es fundamental, por eso las compañías están siendo más flexibles en las negociaciones de sus plazos de pago.