El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión sin fianza para Javier Biosca, fundador de Algorithms Group. Biosca se encontraba en busca y captura y fue detenido en Málaga por un presunto fraude con criptomonedas que podría superar los 280 millones de euros.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 ha enviado a prisión a Biosca. A la espera de tomarle declaración por los hechos que se le atribuyen.

Hasta el momento, se trata del mayor presunto fraude por volumen en España relacionado con las criptomonedas. Algorithms Group, empresa de inversión en bitcoin radicada en Londres, podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores, sostiene la querella presentada por Zaballos Abogados. Antes de plantearse invertir en criptomonedas, como en casi cualquier cosa, debería ser obligatorio formarse e informarse. Para empezar, te explicamos qué es el bitcoin y cómo invertir correctamente.

Presuntos delitos societarios, de estafa, blanqueo, apropiación indebida y asociación ilícita en Algorithms Group

La querella, admitida a trámite el pasado 4 de mayo, enumera una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita. Y se dirige contra Biosca, que estaba en busca y captura desde el pasado 10 de mayo, su mujer Paloma Gallardo, y su hijo Javier.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, explica que el negocio -inicialmente ubicado en el domicilio del principal sospechoso en Toledo- consistía en que a partir de una cantidad inicial, Biosca lo invertía y garantizaba semanalmente una rentabilidad de entre el 20% y el 25% de beneficio. Con el tiempo, esta cantidad se fue modificando hasta reducirla a un porcentaje de entre el 8% y el 12% semanal.

Esta estructura comenzó con «unos cuantos inversores, que daban una cantidad de dinero en diferentes tipos de moneda (euros, dólares, pesos mexicanos…), en ‘bitcoin’ o en especie». Así fue el caso de uno de los afectados, joyero de profesión, que le entregó diamantes.

Algunos clientes aportaron hasta 20 millones de euros

Aunque de media ponían un capital inicial entre los 5.000 y 30.000 euros, algunos habrían aportado hasta 20 millones de euros.

A tenor de la querella, «es durante la pandemia y el confinamiento cuando se produce la primera situación de irregularidad en los cumplimientos de los contratos por Biosca».

En esos meses «deja de pagar a casi todos» los inversores, lo que causa la desconfianza de estos. Mes y medio después, «ante la presión de la gente, retoma rápidamente sus obligaciones» e «incrementa su seguridad personal».

Esto devuelve la calma a los inversores, «que empiezan de nuevo a confiar en él y a recomendar a otras personas», al entender la situación «que toda España y el mundo estábamos viviendo». Es decir, la pandemia.

Fiesta del bitcoin «llena de glamour» y con una captación de más de 3.000 clientes

A finales de verano, prosigue, Biosca comienza a «querer captar aún más» y organiza una «fiesta del bitcoin (…) llena de glamour» en su mansión de Marbella, a la que invita tanto a los intermediarios como a posibles futuros inversores «que manejan grandes cantidades de dinero». Tras este evento, se acaba gestionando «un fondo de más de 3.000 clientes».

El negocio «crece en capital y clientes, pero no en infraestructura ni en personal cualificado», denuncia el escrito. Añade que fue a partir de finales de octubre cuando dejaron de realizarse los pagos y «a partir de noviembre ya no abonaron cantidad alguna a nadie».

Lo que sí es cierto, destaca el texto, es que la inversión en bitcoin realizada por Biosca «es tan elevada que a día de hoy obran en su poder cantidades enormes de esta moneda».

También en los ‘wallets’ o monederos electrónicos a su nombre, al de Algorithms Group, así como el de su esposa y su hijo. Sin descartar la gran cantidad que parece existir a nombre de su empresa», creada también en Guinea-Bissau.

En su auto de admisión, Pedraz asumía la causa en virtud de la «multiplicidad de perjudicados y de provincias afectadas» y no descartaba la «posible existencia de una organización criminal».