La Generalitat Valenciana ha tenido en cuenta el peso demográfico de la provincia de Alicante por primera vez en sus presupuestos anuales para 2021 en el apartado de inversiones al destinar 58 millones de euros de forma extraordinaria en la Vega Baja por la catástrofe de la DANA en septiembre de 2019. No obstante, desde la Confederación Empresarial Valenciana CEV-Alicante y el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) han confiado en que el Consell mantendrá en los próximos ejercicios este reparto con «equidad» y «coherencia«.

Paco Llopis, director de Estudios de Ineca, ha puesto de relieve en su análisis de las cuentas el endeudamiento endémico de esta Administración, que ya roza los 50.000 millones de euros y no es puntual, de un año concreto compensado con otros ejercicios. También ha lamentado que contengan 386 millones de inversiones no territorializadas, que no vienen «con nombre y apellidos» para saber su destino final por provincias, que es solo el 50% de lo que se presupuesta, cuando a su juicio ese porcentaje debería estar en el 80% de los proyectos de un solo año

Con 163 millones de inversiones reales, el 43% del total en el conjunto de la Comunidad Valenciana, ese volumen representa algo más del peso poblacional de la provincia de Alicante, que es de un tercio (unos 23 millones más), pero desde Ineca resaltan que se arrastraba una «deuda moral” acumulada de todos los años anteriores.

En realidad, ese trato preferente es fruto del denominado Plan Renhace, porque si se descuentan los fondos extraordinarios para la resiliencia en la comarca de la Vega Baja por los daños ocaionados por la DANA, entonces el saldo volvería a ser negativo. Con todo, el presidente de CEV-Alicante, Perfecto Palacio, ha confiado en que el Consell respetará ese volumen inversor en los siguientes ejercicios, tras sus contactos esta misma semana con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler: «Ese criterio de equidad poblacional parece que ha llegado para quedarse«, ha pronosticado el dirigente empresarial.

En cuanto a esa opacidad de no especificar la zona a la que se destinan los fondos, no todas las consellerias actúan igual: Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad sí territorializan sus inversiones, pero otras como Medio Ambiente, Agricultura, solo indican un tercio desglosado así. El conseller Soler explicó a los empresarios alicantinos que el 50% sin territorializar se reserva para ver en qué zonas hace falta según el devenir de los acontecimientos durante el año, según apuntó Palacio.

Luego, el presupuesto a final de año varía bastante por modificaciones de proyectos, pero el volumen global no, solo crece por el endeudamiento, no por las inversiones realmente, ha señalado Llopis.

En cuanto al grado de ejecución, el global está bien (gastos corrientes, intereses de la deuda y transferencias), pero en las inversiones reales, la mitad no se llega a materializar. Tanto Ineca como CEV han pedido que se haga el esfuerzo de dar el detalle de lo que finalmente se gasta a final del ejercicio.

También le transmitieron al conseller que se necesita agilizar los trámites, no solo para estos presupuestos, también y sobre todo para los fondos europeos que vienen. «Que se pierdan ayudas nos preocupa mucho«, ha abundado Palacio.

Del grado de ejecución presupuestaria, el global está bien (gastos corrientes, intereses de la deuda y transferencias), pero en inversiones reales, la mitad no se llega a materializar

Como análisis general, el presidente de CEV-Alicante ha resumido que el 85% del presupuesto autonómico se destina a “salario social” para Sanidad, Educación… y servicios básicos, algo comprensible y contra lo que no se opone. Pero otro 27% se va en pagar deuda y solamente el 3% restante queda para inversiones en infraestructuras y mejora de los territorios. Esta escasez se agrava con la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana dentro de España y el problema para compensar un déficit estructural.

«Estamos en una espiral de deuda pública multiplicada en los últimos cinco años porque estamos infrafinanciados; todo el mundo es consciente, pero no se resuelve», ha lamentado Palacio.

Por su parte, el presidente de Ineca, Rafael Ballester, ha puesto de relieve que «los políticos tienen que repartir con equidad el dinero que los ciudadanos y empresas ponen a disposición de la Administración para mejorar la calidad de vida y los servicios«, y ha incidido en que se debería tener en cuenta que los alicantinos siguen por debajo en nivel de renta per cápita que sus vecinos del entorno de la Comunidad Valenciana. Así, mientras aquí están en 19.000 euros anuales según ese baremo de riqueza, en la provincia de Valencia esa media se sitúa en 23.000 euros y, en Castellón, alcanza los 26.000 euros. Ahí tienen otro criterio para primar más esta zona del territorio en los presupuestos.

Cierto es que el tejido productivo y económico alicantino tiente «fortalezas«, pero también «hándicaps«, según Ballester, uno de los más graves, un paro que sigue en dos dígitos desde hace tiempo. También, no contar con el «efecto capitalidad» de Comunidad Autónoma, si bien como provincia muestra «un dinamismo propio de muchas de las capitales de autonomías«, un mérito si se tiene en cuenta, además, el «esfuerzo» por la cantidad de turistas y población flotante no empadronada que disfrutan aquí de sus servicios públicos.