La Diputación de Valencia ha acordado reducir los altos cargos de sus entidades dependientes a través de la modificación del acuerdo de septiembre de 2016 que clasificó por primera vez las empresas del sector público provincial, así como sus directivos y retribuciones.

La moción que modifica este acuerdo ha sido aprobada en el pleno de noviembre con los votos favorables del equipo de gobierno provincial (PSPV y Compromís), la abstención de Ciudadanos, Vox y La Vall ens Uneix y el único voto en contra del PP.

En palabras del presidente de la Diputación, Toni Gaspar, «el objetivo de la modificación es reducir los altos directivos de las empresas de la institución y tener mayor control en ellas. Aunque no estamos obligados por la ley, hemos decidido someternos a más controles introduciendo las mismas medidas que tienen las empresas públicas del sector estata».

La moción establece que las empresas dependientes de la Diputación clasificadas como grupo 1, caso de Divalterra, Egevasa y el Consorcio Provincial de Bomberos, podrán tener un máximo de tres altos cargos, con una retribución básica de 48.000 euros que, sumando los complementos de puesto y variables no podrán superar en ningún caso los 72.000 euros.

La modificación incorpora una novedad importante que supone una mayor fiscalización y control respecto al acuerdo de 2016. Los contratos de directivos del sector público local se someterán, antes de formalizarse, al control de legalidad que establece la ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Serán nulas las cláusulas de contratos mercantiles o de alta dirección que se opongan a establecer el presente acuerdo.

En el caso de Divalterra, cabe recordar que en 2019 el área de Presidencia de la Diputación dio validez a lo acordado por la Junta General del ente público a finales del año anterior, que dio luz verde a un nuevo organigrama del Consejo de Administración de Divalterra con un consejero delegado, un gerente y un responsable del área jurídica, frente a la decena de altos cargos que permitía el acuerdo de 2016.

La modificación aprobada este martes, contempla que los directivos que reflejan los estatutos serán nombrados con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en gestión pública o privada, teniendo en cuenta la responsabilidad profesional y personal directa sobre su gestión y el control y evaluación de su gestión por parte de un órgano superior.

Para estos directivos queda establecida una retribución básica de 48.349 euros para entidades del primer grupo; 37.605 euros en el grupo 2; y algo más de 32.000 euros para el grupo 3. Sumando los complementos, que pueden ser de puesto en función de cuestiones como el nivel de responsabilidad o el peso relativo dentro de la organización, y variables según la consecución de los objetivos previamente fijados por la empresa, estas cantidades pueden llegar, como máximo, a los 72.524, 56.407 y 48.349 euros dependiendo de la clasificación de la empresa y sin superar los límites de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El resto de personal directivo, hasta el máximo permitido, de los entes dependientes de la Diputación será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Otro punto a tener en cuenta es que los miembros y empleados de la Diputación que formen parte de los consejos de administración y órganos superiores de gobierno o administración de entes dependientes de la institución no percibirán retribución ni indemnización por realizar estas funciones