El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dicho este martes que la política económica del Gobierno en este entorno «tan complejo» debe dar «certidumbre» a los agentes económicos para acometer las reformas estructurales necesarias, y para ello tiene que haber «consenso». El acuerdo entre los agentes políticos, económicos y sociales garantiza la eficacia de las acciones necesarias y su perdurabilidad en el tiempo, ha dicho el gobernador, en la clausura del XI Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión.

Según ha explicado, sería adecuado mantener -e incluso ampliar, si fuera necesario- las medidas de apoyo que ya están en marcha, puesto que retirarlas de forma prematura causaría unos perjuicios que exceden los posibles costes de mantenerlas hasta que la recuperación dé muestras de suficiente solidez. Esto afecta tanto a la política presupuestaria de sostenimiento de rentas de hogares y empresas como a la financiera y monetaria.

En cuanto a la política fiscal, las medidas deben centrarse mucho más en los sectores y grupos de población más afectados, como ocurrió recientemente con el pacto entre el Gobierno y los agentes sociales para la renovación de los ERTE hasta el 31 de enero de 2021, ha dicho. La política económica no puede sostener «indefinidamente» a sectores que van a ver reducida su actividad de forma estructural, sino que tiene que apoyar la adaptación del tejido productivo y de los trabajadores a las nuevas realidades y buscar una reasignación eficiente de los recursos entre sectores y empresas.

Y esto implica que se debe facilitar la salida ordenada del mercado a las empresas con modelos de negocio no viables. Asimismo, ha pedido que los fondos europeos que España recibirá, en principio en 2021, se destinen a proyectos y reformas estructurales que puedan mejorar el crecimiento potencial de nuestra economía. En el ámbito financiero, el objetivo, ha insistido, debe ser evitar que la crisis sanitaria que se ha transformado en crisis económica acabe generando una crisis financiera.

En este sentido, al igual que ya ocurre en el ámbito monetario y de forma incipiente en el fiscal, en el contexto bancario la respuesta ante la posible materialización de estos riesgos «solo puede ser europea» y debe buscar la culminación de la Unión Bancaria, con la aprobación de un fondo de garantía de depósitos europeo plenamente mutualizado.

También ha considerado «prioritario» analizar la adecuación de la normativa de resolución europea ante una hipotética crisis sistémica o el posible papel de las compañías de gestión de activos en condiciones de grave deterioro de los balances de las instituciones financieras europeas. Desde el punto de vista de las entidades, ha vuelto a insistir en que las políticas de distribución de dividendos y de remuneraciones deberán seguir siendo «muy prudentes» hasta que no se disipe la incertidumbre actual y se consolide una recuperación económica sólida.