La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, han firmado en Alicante un acuerdo, calificado por ambos de “histórico”, para la ordenación y el traspaso de competencias en materia social. Se trata del cuarto encuentro que ambos dirigentes mantienen para fijar las bases de la colaboración y desarrollo en la provincia de Alicante de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.

La declaración institucional de colaboración suscrita incluye, por un lado, el traspaso a la Generalitat, a partir del próximo mes de diciembre, de parte de los gastos de la teleasistencia que la Diputación asume actualmente como competencia impropia.

Por su parte, la institución financiará, a partir de 2021 y en el marco de los Contrato-programa de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, los equipos base de los servicios sociales de atención primaria a entre el 70% y el 100% de los municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia. Asimismo, se iniciarán también el próximo año los trámites para el traspaso de las competencias, en primer lugar, del Centro Doctor Esquerdo y, posteriormente, del Hogar Provincial.

“Se trata de una firma muy buscada y un claro ejemplo de que la voluntad se puede convertir en un hecho”, ha destacado Mazón, quien ha apuntado que “el reconocimiento de la existencia de una realidad diferenciada” en materia social en la Diputación de Alicante ha permitido avanzar “para asumir nuestro compromiso, que es el de mantener en la institución provincial un gasto social”.

El acuerdo suscrito deberá ser aprobado por los plenos de ambas administraciones, para elevar a rango jurídico, y la asunción por parte de la Conselleria de las competencias sociales «impropias», ha subrayado Mazón, de la Diputación y por parte de la institución provincial el compromiso de  mantener, e incluso incrementar, el gasto social que destina en este ámbito.

En este punto, Mazón ha resaltado que la relación con la Conselleria que dirige Oltra “se basa en un modelo de cooperación y no de imposición” y en el “reconocimiento” a la labor social que realiza la institución alicantina. “Entendemos que esa es la única forma de avanzar”, ha apuntado.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra ha destacado “la voluntad política” de ambas partes para ordenar los servicios sociales “y solucionar un tema que se arrastra desde hace tres décadas”. “Me parece importantísimo el paso que estamos dando, es un paso histórico”, ha indicado Oltra.

En este sentido Oltra ha recordado el refuerzo que se ha realizado en los últimos cinco años en la plantilla de los profesionales de los equipos de atención primaria básica y específica, pasando de 152 profesionales en 2015 a los 875 actuales en la provincia de Alicante, «lo que ha permitido pasar de una ratio de 12.174 habitantes por cada profesional a 2.181 habitantes por profesional este año», acercándose a las ratios establecidas en sanidad o educación.

Plan de infraestructuras

El acuerdo firmado por ambas instituciones recoge también que tanto la Generalitat como la Diputación de Alicante «fomentarán» la construcción y reforma de centros de atención primaria específica y atención secundaria de acuerdo con el Mapa de Necesidades y el Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales.

La vicepresidenta ha señalado que para ello se contará con la colaboración «a tres bandas» entre la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento o Mancomunidad correspondiente, a través de convenios de colaboración que establezcan la participación de cada institución en la financiación del proyecto, y que se fijarán de manera conjunta en las mesas técnicas de coordinación y cooperación Social entre la Generalitat y la Diputación Provincial de Alicante.

Se trata, ha puntualizado la vicepresidenta, de «tres niveles administrativos trabajando para el bien común que ordene, dignifique y refuerce el sistema de servicios sociales».