El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha mostrado a favor de prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID en algunos sectores o empresas para evitar ahondar en la crisis económica. Durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso ha señalado que «tiene sentido mantener los ERTE y asegurar los mecanismos de flexibilidad para las empresas» en la medida en que algunos efectos adversos de la crisis pudieran extenderse en el tiempo.

«Parece apropiado mantener durante un horizonte más amplio que el inicialmente previsto algunas de estas medidas de apoyo al empleo y a las rentas de los hogares más vulnerables», ha señalado Hernández de Cos, tras insistir en que la economía habría caído entre el 16 % y el 22 % en el segundo trimestre del año. No obstante, ha señalado que a la hora de implementar una eventual extensión de estas actuaciones de apoyo al empleo «es fundamental que se mantengan tanto el carácter focalizado de estas como su carácter temporal».

En este sentido, ha añadido que debería evitarse que estas medidas de apoyo acaben retrasando de forma ineficiente los ajustes estructurales que deban producirse en algunos sectores o empresas (por ejemplo, en el caso de los ERTE) o distorsionando permanentemente las decisiones de participación en el mercado laboral de algunos colectivos (como es el caso de algunos subsidios).

Hernández de Cos ha incidido en que a medio plazo se hace necesaria una agenda de reformas ambiciosa que afronte los desafíos económicos que deja la crisis y que son apremiantes. Se ha referido a la necesidad de sanear las cuentas públicas a medio plazo a través de una estrategia que sea urgente, integral, permanente y evaluable. «Ambiciosa para asentar las bases de un crecimiento sostenible, urgente para generar efectos positivos a corto plazo», ha explicado, al tiempo que ha avisado que la consolidación fiscal «solo debe acometerse cuando la economía tenga una senda de crecimiento sólido», ha expresado.

Además, ha incidido en que las medidas para reducir el déficit deben ser evaluables, permanentes y diseñadas con un elevado consenso político. Para el gobernador del Banco de España también es prioritario que las medidas que afronten la crisis no endurezcan la financiación bancaria. Ha señalado que para afrontar con éxito la respuesta económica a la pandemia no deberá dirigirse solo a sostener temporalmente las rentas de las empresas y los trabajadores afectados, sino que también tendrá que favorecer la adaptación del tejido productivo a las nuevas realidades y la reasignación eficiente de los recursos entre sectores y empresas.

Asimismo, Hernández de Cos ha considerado que una vez superada la fase crítica de la crisis los recursos financieros para sostener a las empresas deberían primar a aquellas con perspectivas sólidas de viabilidad. Así, ha explicado que, una vez agotado el actual programa de avales del ICO, hay que asegurar que las empresas continúan teniendo acceso a la liquidez a través de mecanismos de garantía pública adicionales.

No obstante, ha incidido en que los recursos se deben reasignar a las empresas y sectores que pueden contribuir en mayor medida a la recuperación de la actividad y el empleo. Ha considerado crucial que en esta segunda fase recién iniciada de reactivación económica se identifiquen a tiempo los daños estructurales que no se han podido evitar durante lo peor de la crisis para poder gestionar la política económica de forma que se produzca una adaptación del tejido productivo a la nueva realidad.

Asimismo, ha abogado por revisar los procesos de reestructuración e insolvencia empresarial, con el objeto de reforzar su agilidad y eficacia para que las empresas con dificultades financieras, «cuyo número aumentará previsiblemente en los próximos meses», tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables.

Por otro lado, ha apoyado la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) porque reducirá la pobreza extrema de colectivos con más dificultad para encontrar empleo, pero ha abogado por un seguimiento y evaluación riguroso de la medida. Hernández de Cos, durante su explicación de las líneas estratégicas que deben adoptarse para afrontar la crisis económica generada por el coronavirus, ha resaltado que la desigualdad que ha motivado es superior al nivel del anterior ciclo expansivo.

«El recientemente aprobado ingreso mínimo vital (IMV) a escala estatal podría contribuir, en coordinación con las políticas autonómicas preexistentes, a reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral», ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que resultará fundamental cómo se aplique esta medida. Ha señalado que tendrá que venir acompañada de un seguimiento continuo y riguroso de su funcionamiento, de su coste y del grado de consecución de los objetivos perseguidos.

Hernández de Cos ha considerado que conviene vigilar estrechamente la posibilidad de que este instrumento, al ser una transferencia permanente, pueda acabar originando algunos efectos indeseados sobre la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos laborales. No obstante, ha valorado que el IMV permita mantener de forma temporal, al menos, una parte de la ayuda una vez que el beneficiario encuentra trabajo.

Ha advertido de que otro posible efecto indeseado que merecerá un seguimiento y control especial es que la medida provoque un desplazamiento de algunas actividades económicas a sectores informales. El gobernador del Banco de España también se ha referido al endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado de la vivienda en alquiler y ha aconsejado analizar las experiencias de otros países donde las autoridades públicas han impulsado la oferta disponible de inmuebles en alquiler, en ocasiones, de manera directa y, en otras, por medio de mecanismos basados en incentivos fiscales.

Ha destacado la medida de combinar garantías públicas con incentivos fiscales sobre el sector privado promotor de vivienda en alquiler para favorecer el acceso, en condiciones más ventajosas que las ofrecidas en el mercado libre. Sin embargo, en cuanto a la medida de intervenir en el control de los precios ha precisado que no ha sido efectiva para atajar el problema de insuficiencia de la oferta de alquiler de manera duradera.

«Si bien las limitaciones de precios pueden ser útiles para aliviar la sobrecarga del alquiler sobre el gasto de los hogares que residen en inmuebles regulados, esta medida no impulsa el necesario incremento de la oferta para absorber el aumento de la demanda y, de ese modo, contener la dinámica de los precios a medio plazo», ha precisado.