Modificación de la Ley General Tributaria

Hacienda transpone la directiva europea de intermediarios tributarios

El cambio afecta a figuras como asesores o abogados, quienes tendrá que informar sobre las operaciones de planificación fiscal agresiva en el ámbito internacional

Imagen del Consejo de Ministros de este martes. | Foto: Moncloa

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria para transponer la directiva europea de intermediarios tributarios, la conocida como DAC6. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que este cambio normativo obligará a los intermediarios fiscales, como asesores o abogados, a informar sobre las operaciones que se puedan considerar planificación fiscal agresiva en el ámbito internacional.

El incumplimiento de esta obligación o la presentación inexacta o incompleta de las declaraciones conllevará una sanción de 2.000 euros por dato omitido o inexacto con un mínimo de 4.000 euros, con carácter general, según ha detallado el Ministerio de Hacienda.

Para este Gobierno siempre ha sido una prioridad la lucha contra el fraude y la elusión fiscal”, ha subrayado Montero, algo “más necesario todavía” en la situación actual, en la que hay que proteger al sistema tributario de prácticas que le dificulten obtener los recursos necesarios.

Hacienda ha explicado que los intermediarios fiscales -asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras- deberán informar de cualquier operación tributaria entre dos países de la Unión Europea o entre un Estado miembro y un tercer Estado, como esquemas, acuerdos o negocios, que pueda considerarse agresiva.

Qué determina el calificativo de agresiva

Los indicios que determinan si una operación es agresiva incluyen la vinculación de la remuneración del intermediario al ahorro fiscal obtenido o la compra de empresas en pérdidas con el objetivo de obtener beneficios fiscales, entre otros.

En caso de que los profesionales se amparen en el secreto profesional, regulado en esta misma normativa, la obligación de informar recaerá sobre el propio obligado tributario. Sin embargo, este secreto profesional se limita a intermediarios que prestan “un asesoramiento neutral”, de manera que, con el objetivo de evitar un uso “injustificado y desproporcionado” de esta posibilidad, no amparará a quienes diseñen, comercialicen, organicen o gestionen la ejecución del mecanismo de planificación.

Hacienda ha aclarado que la declaración de estos mecanismos agresivos no implica que sean defraudatorios o elusivos ni que la Agencia Tributaria los admita como legales. Las declaraciones, cuyo contenido se desarrollará en un reglamento, se presentarán ante la Agencia Tributaria, que remitirá los datos a la Comisión Europea para su inclusión en una base de datos accesible a todos los Estados miembros.

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