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Les Corts Valencianes han convalidado este jueves dos decretos ley del Consell que recogen medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus, como son ayudas a trabajadores con rentas bajas o la ampliación de la renta de inclusión. El primer decreto ley convalidado es el que contempla ayudas económicas a trabajadores con rentas bajas que se han visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o que han reducido su jornada laboral por conciliación familiar debido a la declaración del estado de alarma.
El Consell ha consignado 30 millones para que los afectados por un ERTE con rentas bajas reciban una ayuda directa de 150 euros, y 3 millones para quienes hayan reducido su jornada laboral con el fin de atender a menores, mayores o dependientes, que percibirán hasta 600 euros mensuales. Este decreto ha salido adelante en la diputación permanente de la Cámara autonómica con los votos a favor de los grupos que sustentan al Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y Ciudadanos, y las abstenciones del PP y Vox.
El conseller de Economía, Rafa Climent, ha asegurado, en su intervención para presentar el decreto, que con estas ayudas esperan llegar a unas 200.000 personas afectadas por un ERTE, y a entre 5.000 y 10.000 personas acogidas a reducciones de jornada por motivos de conciliación. Desde la oposición, PP, Ciudadanos y Vox han criticado que las medidas son «insuficientes» y «un parche», pues llegarán a la mitad de los valencianos afectados por un ERTE y se limitan a una ayuda puntual de 150 euros, y además, llegan tarde, pues han tardado más de veinte días en activarlas.
Asimismo, han reprochado que el dinero para esas ayudas se obtenga de Educación y de Vivienda, mientras la estructura del Consell permanece «intocable», y han lamentado que no exista un plan para reactivar la economía. Los grupos del Botànic han asegurado que la convalidación de este decreto es «una obligación moral» y de justicia; han negado que existan recortes, y han reprochado que la oposición se queje de que las ayudas son insuficientes, mientras reclama bajar impuestos a los que más tienen.
Rafael Climent en la sesión de les Corts de hoy. Foto: Corts Valencianes.
El segundo decreto ley es el que ha fijado medidas extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la COVID-19, como mejoras para la liquidez de los proveedores de la Generalitat, aplazamiento del pago del canon de saneamiento y ampliación de la renta valenciana de inclusión para que atienda a más personas. Este ha salido adelante con los votos a favor del Botànic, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra del PP, que lo ha calificado de «atrocidad», y de Vox, para el que las medidas son insuficientes, ilegales en algunos casos, e injustas.
Según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, el decreto recoge «medidas urgentes para hacer frente a la crisis» y proteger, en la medida de lo posible, la salud de las personas y la economía, «reforzando la Administración y los trámites administrativos para llegar pronto a los que más lo necesitan«. Rubén Ibáñez (PP) ha acusado al Consell de aprovecharse de un estado de alarma «para pagar menos a los más vulnerables» por no aplicarles la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y de pretender agilizar los pagos pero «depende de a quién», y eso, ha dicho, no lo van a aprobar.
Desde el Botànic, han reprochado que se busque generar «dudas y sospechas» sobre las medidas de agilización de la Administración, y han criticado la actitud del PP, al que el socialista José Muñoz ha augurado que acabará en la «irrelevancia política de la mano de la extrema derecha».
