Todos los días asistimos al detalle del número de personas contagiadas y de lunes a viernes, también asistimos a las cifras de los ERTE. Desde que se decretara el estado de alarma -12 de marzo-, se han registrado 51.134 expedientes que afectan a 276.880 trabajadores hasta este viernes, según datos facilitados por la Conselleria de Economía Sostenible.

Solo en 27 días hábiles, se ha duplicado el total de trabajadores inmersos en estas medidas respecto el año pasado. En 2019, el Ministerio de Trabajo registró 27.494 trabajadores  dentro de las medidas de regulación que prevé la ley. El ejercicio anterior se contabilizaron dentro de las denominadas suspensión de contratos (24.458).

La administración se encuentra desbordada y como me decía un empresario el otro día: «Estos ERTE los carga el diablo». Las pymes y especialmente las micropymes se han lanzado a acogerse a esta figura que se arbitra como una medida temporal, aunque el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, también dejaba por escrito importantes consecuencias para «el día después«, como suele decir el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

Fuente: CEV/ Conselleria de Economía Sostenible

A la CEV, le preocupa, entre muchos otros aspectos que no se conozca la segunda parte de esta realidad. Hasta la fecha la Generalitat no ha facilitado datos de los ERTE aprobados o denegados y lo que es más importante: los motivos. Es una reclamación que se hace a la Dirección General de Trabajo, según confirma el secretario general de la patronal Miguel Ángel Javaloyes.

Análisis hasta el 31 de marzo

Con el cierre del mes de marzo, los datos eran algo inferiores. De los 41.298 expedientes presentados en la Comunitat, el 95% lo solicitaron por suspensión de actividad, el 4,6% por reducción de jornada y el 0,4% por extinción de actividad. Entre las causas, prácticamente solo hay una: fuerza mayor. El 97% de los expedientes apuntan a este motivo recogido en el artículo 23 del Real Decreto y sólo el 3% señalan motivos objetivos, según el análisis hecho por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana.

Por sectores, no es difícil de adivinar que el más castigado es el de Servicios. Del total presentados, 86% están adscritos a este, le siguen Industria con el 10%, Construcción con el 3,5% y Agricultura un 0,5%.

Fuente: CEV/ Conselleria de Economía Sostenible

La verdadera radiografía la vemos en el tamaño. Hasta el 31 de marzo, nueva de cada 10 empresas que presentaron un ERTE tienen menos de 10 trabajadores, es decir, el 89%. El 9,90% tienen entre 11 y 50 empleados y sólo el 1% está en la franja de los 51 a 250 trabajadores.

El endurecimiento de las medidas de confinamiento provocarán con toda probabilidad que estos datos se disparen. «Esto es desgraciadamente el principio», apunta Javaloyes; mientras circunscribe esta afirmación bajo los efectos de la denominada «hibernación de la actividad».

Tras las cifras del paro de marzo, el secretario general muestra un aspecto positivo: estos números no son mayores «porque ha habido muchas empresas que se han reconvertido y están haciendo productos sanitarios» lo que les ha permitido una actividad mínima. «Nos preocupa solucionar el tema sanitario, pero también el día después», añade.

Preocupaciones actuales

Una de las preocupaciones actuales de los empresarios y de los trabajadores es la gestión de los expedientes. No hay números oficiales, pero las empresas empiezan a recibir el visto bueno a algunas de sus solicitudes, muy pocas, y otras tantas por silencio administrativo. Del aluvión inicial, la CEV localizó un problema que ya ha sido subsanado por Trabajo y era el número de expediente.

Sin número de expedientes las compañías se encontraban con la dificultad de poder pasar los datos de los trabajadores al SEPE para que pudieran acceder a las prestaciones. Este tema se ha resuelto.

Otro de los puntos que preocupa en la patronal es el colapso al que se ve sometida la administración autonómica para resolver estos expedientes y la prolongación del silencio administrativo. Hasta el pasado 31 de marzo, se entendía que el silencio administrativo durante 5 días significaba aprobación. Desde el pasado 1 de abril, el Gobierno de España alargó este tiempo a 10 días.

No obstante, la verdadera cuestión está en la negativa y tener que volver a empezar desde cero el proceso. Por eso desde la CEV se ha hecho una recomendación y es que las empresas que hayan presentado un ERTE por fuerza mayor (artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), se analicen de manera subsidiaria por causa económica, técnica, organizativa y de producción (art.23).

De todas maneras, este «caramelo envenenado» como lo define Javaloyes está sujeto a una serie de condiciones como el mantenimiento de los contratos durante seis meses. El secretario general de la CEV reclama, como lo viene haciendo desde el principio la patronal, que llegue la liquidez a las empresas, bien vía la financiación anunciada por préstamos bien con el pago a proveedores.

También hay puntos como la inspección de oficio durante los próximos años que deja en el aire las, a priori, ventajas de esta situación temporal.