La recaudación ronda los 9.000 millones de euros anuales

La fiscalidad del tabaco duplica al alcohol y está entre las más altas en UE

Los impuestos especiales más el IVA suponen en España el 80% del precio final de los cigarrillos, frente al 51% de los gravámenes que se aplican a los carburantes

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Unas 60.000 personas mueren cada año en España por causas directamente atribuibles al tabaco| E3

La fiscalidad del tabaco en España prácticamente duplica la de las bebidas alcohólicas y, aunque se encuentra en línea con los países del entorno, se acerca ya a las cifras de carga fiscal más altas de la Unión Europa.

La carga fiscal del tabaco (los impuestos especiales más el IVA) supone en España el 80 por ciento del precio final del tabaco, frente al 42 por ciento de las bebidas alcohólicas o el 51 por ciento de los gravámenes que de media se aplican a los carburantes.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado en una entrevista con Efe que el Ejecutivo ya trabaja en una revisión de esa fiscalidad y de la ley para que ésta sea más restrictiva.

El tabaco es ya el producto con más impuestos en España, según datos de la principal empresa del sector en el país, Altadis (antigua Tabacalera, privatizada en 1998), y los impuestos especiales que recaen sobre él están regulados por un sofisticado sistema basado en tres componentes: uno “ad valorem”, uno “específico” y otro “mínimo”.

El primero es un porcentaje fijo que se aplica en el precio final del producto; el segundo y el tercero son cantidades fijas que se aplican por cada unidad de producto (por cada cigarro o por cada gramo en el caso de la picadura), según los datos recabados en la principal empresa tabacalera.


En 2018 la facturación total del tabaco en España alcanzó los 11.753 millones de euros, de los que casi el 80% correspondieron a los impuestos que gravaron las casi 54.000 toneladas de este producto que se vendieron


La carga fiscal sobre el tabaco se sitúa en el 78,8 por ciento en España, similar a la de países como Portugal (78,1 por ciento del precio final del producto), Francia (80,8 por ciento) o Italia (76,7 por ciento), pero está muy alejada de la más baja (Luxemburgo, con un 62,3 por ciento) y la más alta (Grecia, con el 87,5 por ciento) entre los países europeos.

La recaudación fiscal derivada del tabaco se ha mantenido estable durante los últimos años y ronda los 9.000 millones de euros anuales, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda.

En 2018 la facturación total del tabaco en España alcanzó los 11.753 millones de euros, de los que casi el 80 por ciento correspondieron a los impuestos que gravaron las casi 54.000 toneladas de este producto que se vendieron en España en todas sus variantes (cigarros o puros, cigarrillos y tabaco de liar).

Los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicadas recientemente revelaron que el pasado año se registró, por vez primera tras las sucesivas caídas de la última década, un aumento (del 0,5 por ciento) de las ventas de cajetillas de tabaco en España.

La revisión de la fiscalidad anunciada por el ministro de Sanidad está en línea con las demandas que ha realizado en ese sentido la Organización Mundial de la Salud, que ha incidido en la importancia de subir los impuestos incrementar las ayudas para los que quieren dejar este hábito.

La OMS ha recordado en varias ocasiones a España que tiene una proporción elevada de impuestos, pero que, al ser esos impuestos proporcionales al precio final del producto, éste es bajo en comparación con otros países con similar carga fiscal, como Alemania o Dinamarca, y el precio final no resulta disuasorio.

Unas 60.000 personas mueren cada año en España por causas directamente atribuibles al tabaco, y desde el pasado 1 de enero el sistema sanitario público financia varios tratamientos de los que se pueden beneficiar numerosos fumadores que quieran dejar el habito.

Las leyes contra el tabaco en España se han endurecido progresivamente durante los últimos años; en 2006 entró en vigor la ley que prohibió fumar en centros de trabajo y locales de ocio; y la norma fue reformada en 2011 para prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados y en el recinto interior y exterior de hospitales y parques infantiles.

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