Ante la próxima reunión del sector de la distribución con el ministro de Agricultura, Luis Planas, ante la situación límite que atraviesa el sector agro, desde Economía 3 hemos tanteado a diferentes representantes de la cadena: AVA-Asaja, La Unió de Llauradors i Ramaders y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
Desde las asociaciones de agricultores reclaman un análisis de todos los eslabones de la cadena con el fin de que el agricultor cubra todos sus costes. Para ello, piden la puesta en marcha del Observatorio de Precios, la implantación de un seguro de costes, la reestructuración de los sectores que están en crisis o que la innovación de los centros tecnológicos se transfiera al agricultor, entre otras medidas.
Por su parte desde la gran distribución van a poner todos los medios para ayudar a buscar una solución, pero apuntan también que «no existen soluciones mágicas» ya que muchos de los problemas están más allá de nuestras fronteras haciendo alusión a la PAC, los aranceles de de Trump o el veto ruso, entre otros.
Desde AVA-Asaja, su secretario general, Juan Salvador Torres, adelanta que «el agricultor debe percibir siempre un precio que cubra sus costes». «No puede ser que los agricultores, año tras año, perdamos dinero con nuestras cosechas y que todos los demás, a partir de nosotros, dentro de la cadena, ganen dinero», explica. De hecho, «hace veinte años que no se hace nada por la agricultura».
Igualmente, las organizaciones profesionales agrarias que forman parte de Asaja en la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–Asaja ), Asaja Alicante-Jóvenes Agricultores y la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (Fepac–Asaja)–, La Unió de Llauradors i Ramaders y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV) han agrupado sus reivindicaciones en 16 puntos que verán la luz en la manifestación programada para el próximo 14 de febrero en la ciudad de València.
Juan Salvador Torres (AVA-Asaja): «Es preciso analizar todos los eslabones de la cadena para saber qué es lo que está pasando»
Juan Salvador Torres considera que «no puede ser es que los políticos no se comprometan en nada y la situación del agro no les importe».
También cree que es prioritario analizar la cadena alimentaria -desde que sale del productor hasta que llega al consumidor-. «No tiene sentido que el agricultor venda a 12 céntimos y que el consumidor esté pagando ese producto a 2,50 euros», incide. Con lo cual, «es preciso analizar todos los eslabones de la cadena para saber qué es lo que está pasando».
Juan Salvador Torres considera necesario retomar el Observatorio de Precios para seguir un producto desde que el agricultor lo produce hasta que llega al consumidor «por el canal que sea y después, mirando la información que proporcione ese observatorio, ver dónde hay problemas y actuar sobre ellos».
En su opinión, «no se puede lanzar una acusación genérica, en este caso a la gran distribución cuando, a lo mejor, esta no es la única responsable de lo que está pasando. A cada uno hay que atribuirle la responsabilidad que le toca», sentencia el secretario general de AVA-Asaja.
Otro de los problemas que tenemos en la Unión Europea y en España -tal y como apunta Juan Salvador Torres- es que «existe una legislación y unas autoridades de competencia que han llegado a afirmar que la venta a pérdidas es buena y mientras eso continúe así no hay solución», aclara.
Concretamente, «tanto las autoridades de la competencia europeas como las nacionales establecen que no se pueden poner precios mínimos», indica Juan Salvador Torres.
Otra de las reivindicaciones que incluye el manifiesto que ha elaborado el sector del agro de la Comunitat Valenciana es «la necesidad de reestructurar los sectores agrarios en crisis« y pone como ejemplo los cítricos, el caqui, los frutales y algunas hortalizas y hace un llamamiento para «actuar ya».
Carles Peris (La Unió): «El problema del sector hay que extrapolarlo al mercado europeo»
Otra cuestión que les preocupa a los representantes del sector es la importancia de implantar un seguro de costes ya que «solo perderíamos hasta un 20% del dinero invertido, que ya no significa perderlo todo», matiza Juan Salvador Torres. En estos momentos, este tipo seguro de costes no existe en España. «Sí que existe el seguro de rentas en algunos países que es similar y actúan sobre riesgos de renta agraria».
Por su parte Carles Peris, secretario general de La Unió de Llauradors i Ramaders ahonda también en la necesidad de que haya un mejor reparto de la cadena de valor. Es decir, «si tenemos una gran distribución que presiona o pide productos a precios bajos para obtener el máximo rendimiento en cuanto a la venta al consumidor, es difícil que le llegue algo al primer escalón que es el agricultor».
Otra cuestión importante que pone Peris sobre la mesa es que «la gran distribución no utilice los productos agrícolas como gancho en determinados momentos porque que acaban distorsionando el precio».
Peris explica también que «el hecho de que nuestros productos sean perecederos ejerce una mayor presión ya que el distribuidor va ganando fuerza y capacidad de negociación. Pero no son solo los grandes supermercados, sino alguno de los grandes intermediarios. Al final, cuatro o cinco grandes distribuidores están suministrando a estas grandes cadenas que presionan a la baja porque cuanto más barato compran, los márgenes que obtienen son más altos», puntualiza.
«Hoy en día, -continúa Peris-, en la mayoría de productos que salen al mercado prácticamente te imponen los precios. Da igual que sea una cooperativa, una gran distribución o un comercio privado porque operan por semanas».
Concretamente, informa el representante de La Unió, «la distribución está marcando en una serie de fechas concretas el número de toneladas de un producto concreto y a un precio determinado y no nos queda otro remedio que suministrar a la gran superficie porque sino pierdes al cliente mayoritario. Este es el gran problema», -reconoce Peris-. «Ellos saben cuándo quieren hacer una oferta a la baja y cuándo quieren obtener un rendimiento más amplio. Con lo que, de alguna manera, nos tienen dominados, sea una cooperativa, sea un comercio, ellos marcan el precio y tienes que suministrar sino te quedas fuera del lineal», clarifica.
Peris incide también en que al ser un mundo tan globalizado, la laxitud que hay en todos los acuerdos internacionales con países terceros solo beneficia a los grandes operadores comerciales, que tienen capacidad para importar productos de fuera y suministrar todo el año. Con lo cual, «cuando llegan nuestros productos de temporada nos obligan a entrar en un lineal que está ocupado por productos de otras zonas», reconoce.
Ante esta situación, admite que «los agricultores más tradicionales son los que están pasando una mala situación porque se van sumando muchos factores que no somos capaces de superar».
En esta línea, Peris propone que la Administración invierta en los centros de investigación de la Comunitat Valenciana, como el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia) «que podría ayudar al productor aportando nuevas tecnologías, variedades nuevas o más resistentes al cambio climático. Es decir, en aportar esa innovación que no se está transfiriendo al agricultor». En su opinión, «se trata de una cuestión importante que nos ayudaría a ofrecer productos nuevos al consumidor».
En cuanto a la vocación exportadora de la Comunitat Valenciana. Peris explica que hay cuatro o cinco grandes supermercados europeos y «somos más de seis millones de agricultores en Europa». Con lo cual, «nunca vamos a poder agruparnos para poder hablar de tú a tú. Por ello, el problema hay que extrapolarlo al mercado europeo«.
Peris también pone sobre la mesa la importancia de analizar «los fondos de inversión que están invirtiendo en empresas agroalimentarias porque ven que tienen una rentabilidad«. De hecho, matiza, «ellos hacen de todo: están produciendo e importando producto de fuera y además están comercializando. Con lo cual, tienen capacidad para ocupar un lineal todo el año. Están suministrando todo el año a una gran superficie y los productores ni directamente ni a través de cooperativas tenemos capacidad para importar productos de fuera, ni podemos deslocalizar una inversión para producir de forma más barata».
No existen soluciones mágicas
Por su parte, Felipe Medina, secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que representa, entre otras distribuidoras, a Mercadona, Consum o Masymas ha adelantado, en relación con la reunión que mantendrán el próximo martes con Luis Planas, ministro de Agricultura, que le van a ofrecer «su total disposición para sentarnos a analizar cuáles son los problemas de los agricultores y del campo y ver en qué parte podemos echar una mano como siempre hemos hecho», subraya.
En su opinión, «no existen soluciones mágicas». Reconoce que los problemas «son complejos». Considera también que «mucho de lo que les ocurre a los agricultores y, en concreto, a los precios que perciben por los productos que ponen en el mercado tienen su origen en acontecimientos o decisiones que se toman muy lejos de nuestro alcance como es el caso de los aranceles de Trump, el veto de ruso, la PAC, los acuerdos comerciales, la propia climatología, el avance de las campañas que, como dijo el ministro, las campañas de gran producción suelen relacionarse con precios bajos y al revés… Todos estos factores nos cogen muy lejos como empresas de supermercados», recalca.
Sobre la necesidad o no de regular el sector, Felipe Medina apunta que «en principio, lo que tiene España es una obligación con Europa de trasponer la directiva de prácticas comerciales desleales al ordenamiento jurídico español. Una directiva que se aprobó en abril del año pasado y, teniendo en cuenta que Europa daba a los Estados miembros dos años para trasponer esa directiva, ya era algo que tocaba hacer, una vez que se ha constituido el Gobierno, lo lógico es que se empiece a trabajar para cumplir con esa obligación que marca Bruselas», aclara.
Felipe Medina (Asedas): «La volatilidad de precios que existe en la producciones agrícolas y ganaderas es un inconveniente para nuestras empresas»
Felipe Medina establece una línea roja y es que el consumidor no debe pagar los problemas de la ineficiencia de cadena. «Tenemos un sector que representa el 10,4% del PIB de la economía nacional y emplea a dos millones y medio de personas. Nuestro objetivo pasa por ser capaces de mejorar en eficiencia y competitividad sin hacerle pagar a los consumidores las ineficiencias de la cadena», recalca.
¿Y cuáles son esas ineficiencias? Medina propone analizar, sector por sector, cuál es el funcionamiento y buscar soluciones de mejora. «Para nosotros es fundamental mejorar la concentración y organización de la oferta en origen porque necesitamos proveedores que nos den estabilidad en volumen y en precio. La volatilidad de precios que existe en la producciones agrícolas y ganaderas es un inconveniente para nuestras empresas que tratamos de servir un producto estable en calidad, cantidad, precio y calibre al consumidor que es lo que nos está demandando», subraya.
Por otra parte, Medina explica que «se trata de un sector que funciona muy bien gracias al cual no solo podemos tener acceso a los productos de alimentación en España 48 millones de habitantes, tres veces al día como mínimo todos los días del año, además nos da para exportar y tener una balanza comercial positiva que deja más de 10.000 millones de euros en las cuentas de nuestro país desde hace varios años».
Recuerda también que «solo el 7% de lo que se produce en España en frutas y hortalizas pasa por el sector de la distribución». Los dos sectores donde están pasando ahora por un peor momento son el aceite de oliva y frutas y hortalizas y los dos están volcados a la exportación. «En el caso de las frutas y hortalizas, el 80% de lo que producimos va fuera de Europa y, en el caso del aceite de oliva, es el 60%. Con lo cual, nuestro rol, en el ecosistema agroalimentario, en el caso de frutas y hortalizas, es ser una parte de ese 20% de lo que se produce y se queda en España, compartiendo espacio con la industria, la elaboración de zumos, néctares y la industria conservera, la red de mercas, fruterías, hoteles, restaurantes… los mercadillos y mercados locales y las empresas de distribución organizada como las nuestras que son más de 300 y que tienen más de 23.000 puntos de venta en toda España«.