La Sala de lo contencioso administrativo ha anulado las tarifas aplicables a la prestación del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en materia de contaminantes y contaminación sonora que aprobó el Consell en mayo de 2019 al considerar que el propósito de las nuevas tarifas era incumplir una sentencia de 2017.

En un auto del 9 de enero, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se estima el incidente de ejecución de sentencia planteado por Applus Iteuve Technology SL y otras empresas (ATEC SL, Valenciana de Servicios ITV SA, ITV Levante SA, Pistas Iteuve SA, Compañía Valenciana de Revisiones SL, y Estación ITV Vega Baja SA), que solicitaron la nulidad del acuerdo del Consell.

Applus Iteuve Technology SL consideraba que la actualización de las tarifas era una actuación dirigida a «eludir» el cumplimiento de la sentencia 523/2017 de 30 de mayo de 2017, que estimó parcialmente un recurso de esta concesionaria contra el acuerdo del Consell del 28 de marzo de 2014 y que anuló el acuerdo impugnado en el punto referido a la reducción de la tarifa sonora y de contaminantes.

El 10 de mayo de 2019 el Consell aprobó unas nuevas tarifas de la ITV con la voluntad, según las empresas concesionarias, de convertir en «papel mojado» la sentencia de 2017 y por ello solicitaron la nulidad en la parte del acuerdo que anuló la sentencia.

La Sala considera, tras el análisis de las alegaciones y pruebas, que no ve motivo alguno que justifique una bajada de tarifas como la aprobada por la administración, y añade que, de tener alguna incidencia el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre que regula la ITV, sería «para aumentar las tarifas, en modo alguno para su disminución».

Además, interpreta que ha existido la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia anulatoria y que la administración fue consciente durante un año de que estaban aplicando unas tarifas que eran contrarias a derecho, cuando no existía dificultad en su cambio, solo la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La Generalitat, añade el auto, ha conformado unas tarifas que son «prácticamente idénticas» a las anuladas, y su objetivo era que no quedasen sin efecto las antiguas hasta tener «las nuevas aparentemente justificadas».

La anulación de las tarifas ha contado con un voto particular desfavorable del magistrado Fernando Nieto, que ve explicación suficiente del por qué de las nuevas tarifas y cree que los demandantes no han aportado pruebas periciales de las que se derive la voluntad del Consell que ellos indican.

Según explicó en mayo de 2019 la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la ITV (AECOVA), el nuevo cuadro tarifario bajaba un 6 % las tarifas respecto a las establecidas en el acuerdo de 2014, con una reducción del coste del servicio para el 62,29 % de los vehículos.

Las concesionarias ya presentaron con anterioridad una solicitud de reclamación patrimonial ante la administración por entender que el cambio en las tarifas les había generado un perjuicio económico de 80 millones durante los cinco años que habían pasado desde 2014.