Unides Podem propone limitar la instalación de máquinas de juego a aquellos establecimientos dedicados específicamente a ello, lo que supondrá eliminar las máquinas tragaperras de los bares en un plazo de diez años, y plantea también prohibir la publicidad del juego.

Así se recogen en las 43 enmiendas que el grupo parlamentario presenta en Les Corts Valencianes al proyecto de ley del Juego, en las que además de mejorar la regulación de este sector, quieren incidir también en la prevención y la deshabituación de esta práctica.

Según la síndica del grupo, Naiara Davó, las propuestas de Unides Podem van en la línea de las presentadas por sus socios de gobierno, PSPV-PSOE y Compromís, pero se ha optado por mantenerlas de forma separada para respetar el trabajo realizado por Podem en la pasada legislatura, cuando no formaba parte del Consell.

No obstante, tanto ella como el diputado Ferrán Martínez, están convencidos de que no será difícil alcanzar acuerdos con estos grupos, y confían que también con el resto de formaciones de la Cámara, durante el trámite de la norma.

Las enmiendas de Unides Podem plantean que los establecimientos de juego estén a una distancia mínima de 1.000 metros de colegios y centros sanitarios y sociales, y que haya un mínimo de 500 metros entre locales de juego, así como que solo pueda haber un casino por provincia y dos salas anexas.

En el caso de los bingos, salones de juego o casas de apuestas, solo se permitirá un local cada 15.000 habitantes, y en el de los establecimientos recreativos, podrá haber uno por cada 400.000 habitares.

Esto supondrá, según Martínez, que en las provincias de Valencia y Castellón el sector no podrá crecer más, mientras que en la de Alicante deberá haber una reducción.

También se propone limitar los establecimientos, de manera que las máquinas de juego solo puedan instalarse en aquellos locales dedicados específicamente a esta práctica, lo que prohibiría las máquinas tragaperras en los bares. Esto no afectaría a las ya existentes, que podrían agotar las concesiones en vigor, que se dan por un máximo de 10 años, según Martínez.

Las enmiendas de Unides Podem también plantean suprimir la publicidad del juego «siguiendo la misma lógica que con el tabaco», de manera no podrá haber vallas publicitarias, ni carteles en el exterior de locales, estadios o en el espacio público, ni tampoco publicitarse en medios de comunicación locales o autonómicos ni haber promociones para atraer clientes.

Por otra parte, la formación morada introduce una serie de medidas encaminadas a la prevención y la deshabituación del juego, por considerar que se trata «un problema de salud pública» que afecta cada vez más a jóvenes e incluso menores, y reclama la creación de una estrategia valenciana de prevención y deshabituación.

Desde Unides Podem, confían en que a ley valenciana sea «precursora» de la ley de ámbito nacional que debe aprobar el nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, y que debe llegar adonde la Comunitat no puede, como es el juego por internet o la publicidad en los medios de comunicación nacionales.

Enmienda a la totalidad del PP

Por su parte, el grupo popular de Les Corts Valencianes ha presentado una enmienda de totalidad al proyecto de ley del Juego al considerar que «se olvida de la lucha contra la ludopatía, es un texto impuesto y sin diálogo con el sector, y únicamente tiene un fin recaudatorio».

El portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez, ha criticado en un comunicado que el proyecto de Ley no recoge de forma específica «cuestiones de absoluta trascendencia», como la distancia entre salones de juego, ni contempla un programa de prevención, protección de la salud y el consumo que ayude y proteja a quienes se ven atrapados por las apuestas.

Ibáñez ha concluido que se trata de un texto «impuesto por el Consell, que carece de una interlocución clara con los actores principales del sector afectado, elaborado de espaldas a las necesidades de la sociedad y que profundiza en la carga fiscal». También ha considerado que «no combate sus incumplimientos con un régimen sancionador coercitivo ni acorde a la tributación al alza prevista» y que, tal y como está redactado, su finalidad es «únicamente recaudatoria».