El coste de la tesorería ociosa o la penalización del ahorro

La banca española se está alineando con las directrices marcadas por el Banco Central Europeo y muestra de ello es la aplicación de intereses sobre los depósitos de las personas jurídicas, penalizando de esta forma a los entes que abogan por canalizar su tesorería ociosa hacía los depósitos bancarios. Las empresas de corte conservador utilizaban este mecanismo, prefiriendo de esta forma obtener una mínima rentabilidad en pos del riesgo prácticamente inexistente al que se veían expuestas.

Esta situación era muy común hasta la fecha, donde las empresas mantenían posiciones de activo que les permitía utilizarlas en ciertos momentos para regular su déficit de fondo de maniobra o cualquier variación de sus NOFs por hechos sobrevenidos, sin tener la necesidad de exponerse a una mayor apelación a la financiación bancaria y, con ello, a un coste que mermaba su rentabilidad.

«El ahorro vía depósitos tiene sentido siempre que ofrezca una rentabilidad razonable»

Esta práctica se ha ido consolidando en los últimos años como un efecto colateral derivado de la crisis, lo que ha provocado un comportamiento más conservador de las empresas volcadas hacia la autofinanciación y reducción de la dependencia de la financiación bancaria, de modo que se ha venido consolidando la práctica del cash frente al crahs como una actitud de prevención ante cualquier situación que les pudiera implicar un mayor grado de apalancamiento.

Está claro que el ahorro bajo esta fórmula –los depósitos–, tiene sentido siempre y cuando se le pueda obtener una rentabilidad razonable, dado que cualquier empresario, si detectara que al vender sus productos (en el caso del BCE el producto es el dinero que presta a las entidades para canalizarlo al sistema) obtiene un margen negativo y encima ha de pagar por las ventas que realiza (en este caso las entidades bancarias tenían que retribuir a las empresas por sus depósitos), concluiría que es totalmente incoherente y llevaría a la misma anomalía financiera que experimenta el BCE: tener que pagar por prestar el dinero, dado que los tipos aplicados son cada vez menores y la tendencia bajista del euríbor no muestra síntomas de revertir la situación.

Para regular o minimizar los efectos que produce el exceso de liquidez, las entidades financieras empezaron con la aplicación de coste a los depósitos de mayor volumen (clientes institucionales y grandes empresas), y se está extendiendo de forma generalizada al resto de los operadores, con excepción de las personas físicas…, aunque todo apunta que, una vez esté normalizada esta práctica en el ámbito empresarial, pasará a ser de aplicación también a particulares.

Aunque a priori puede parecer que es una política drástica, pretende corregir una situación estructural que se ha generado y que no permite que se restaure el crecimiento económico, o que la economía mundial adopte un dinamismo diferente al actual.

«La nueva situación exige una reflexión sobre las políticas de tesorerías de las empresas»

Esta situación puede corregirse siempre y cuando el ahorro revierta en la economía vía nuevas inversiones productivas, que permitan creación de empleo, aportación al PIB, sinergias con otros entes comerciales, etc., que sumen a la economía real o bien puede tomar un desvío hacía otro tipo de inversiones de mayor riesgo, buscando de esta forma una rentabilidad superior a través de vehículos de inversión más complejos; principalmente fondos de inversión.

En cualquier caso, esta situación implica una reflexión sobre las políticas de tesorería de las empresas que, si bien no podemos criticar ese carácter conservador, si podemos poner en revisión nuestros sistemas de generación de liquidez, lo que implica la modificación de los hábitos financieros, que deberían cambiar el modelo de liquidez disponible, por el de capacidad de creación de liquidez disponible