La comisión Ciutat-Port, integrada por las asociaciones Per l’Horta, Acció Ecologísta Agró, Ecologistas en Acción, Asociació de veïns i veïnes de Natzaret y la Plataforma el litoral per al poble (PELPAP), denuncia ante el ministerio de Fomento, la conselleria de Medio Ambiente y la Autoridad Portuaria de Valencia, el «cúmulo de irregularidades» que concurren en el proyecto de la ampliación y el concurso para la concesión de una terminal de contenedores en el puerto de València a la empresa MSC, un proyecto que señalan «apenas generará puestos de trabajo pero provocará graves riesgos medioambientales».

Exigen la suspensión cautelar del expediente de licitación de la ampliación norte del puerto de València en tanto se recaban y estudian los informes jurídicos que «resulten precisos» para analizar las condiciones de una eventual renuncia o desistimiento de dicho procedimiento de contratación, en tanto que aún hay tiempo al no haberse adjudicado el contrato por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Alegaciones a la ampliación del puerto

Los argumentos que esgrimen las alegaciones ciudadanas son de varios tipos. En primer lugar, señalan que el anteproyecto constructivo que sirve de base a las actuaciones, aprobado en julio de 2018, prevé un volumen y profundidad de los dragados submarinos, una ampliación de diques y extensión de la explanada de hormigón, entre otras determinaciones, sensiblemente mayores a las obras inicialmente previstas en el documento técnico presentado para obtener la Declaración favorable de Impacto Ambiental (DIA) en julio de 2007. «De tal forma que la DIA se otorgó bajo unas premisas y con unos condicionantes que no se cumplen en el nuevo anteproyecto», apuntan.

«Los cambios de proyecto y el mayor volumen de obra decididos por la APV son de carácter sustancial, no pueden disfrazarse como simples “cambios de criterio”, y requieren de la realización de una nueva Evaluación Ambiental», aseveran desde la plataforma Ciutat-Port quienes señalan los nuevos riesgos que supone la ampliación norte del puerto para las playas del litoral sur y para un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) como es l’Albufera.

«Algunos de los principales argumentos esgrimidos por la APV para la macroampliación no pasan de ser meras especulaciones con escaso fundamento», insisten. Hacen referencia al aumento del tráfico previsto por la APV, así como la previsión de recibir megabuques de 24.000 TEU de capacidad aunque “aún no existe ningún buque de estas dimensiones”.

Por otro lado, señalan que modifica las aguas interiores del mismo y no está prevista en el Plan Director de Infraestructuras del puerto ni amparada en la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) aprobada en 2014. «La vigente DEUP impide otorgar la concesión de la Ampliación Norte dado que los espacios previstos en el Proyecto Constructivo 2018 para la ampliación norte no se corresponden con los previstos en aquella», aluden.

Añaden además, que «para hacer atractiva y rentable la concesión a la iniciativa privada, la Autoridad Portuaria se compromete a realizar previamente obras de ampliación estimadas inicialmente en un importe superior a los 466 millones de euros de fondos públicos, sin contar con el coste de las conexiones viales y ferroviarias hasta la nueva terminal. De tal forma que la “inversión” privada es bastante más limitada de lo afirmado hasta ahora».

Por último, critican que la terminal, al estar proyectada como semiautomatizada, «no evaluar el impacto real en términos de creación de empleo que, por simple lógica, habrá de ser inferior al que se precisa en las actuales terminales no automatizadas». Algo que podría introducir una distorsión en el sistema global de gestión actual del Puerto y un posible impacto regresivo en el empleo en el medio plazo, alertan.

Piden suspender los trámites

En palabras de portavoces de Per l’Horta, “tomar ciertas decisiones en tiempos de riesgos climáticos e incertidumbre económica, no solo puede resultar altamente costoso en términos económicos sino también en términos de externalidades ambientales y sociales nunca evaluadas y, en definitiva, constituir una grave irresponsabilidad.  En estas circunstancias los gestores públicos solo debierán atender en su actuación al interés general y no someterse al corto plazo de intereses económicos privados”.

Las alegaciones que suscriben el conjunto de las entidades ciudadanas que integran la comisión Ciutat-Port, alertan además del “impacto que para la franja litoral, densamente antropizada y pieza clave de la economía valenciana,  así como para un espacio irremplazable y frágil como es el lago de L’Albufera, pudieran tener las actuaciones proyectadas por la APV en un contexto de fuerte calentamiento e incremento del nivel del mar Mediterráneo por efecto del cambio climático”.

Por todo ello, en base a los argumentos esgrimidos solicitan una nueva evaluación ambiental y la reconsideración del proyecto para «evitar comprometer de manera precipitada casi 500 millones de euros de dinero público». Los alegantes exigen del Consejo de Administración de la APV que proceda a suspender los trámites conducentes a la adjudicación del Concurso de la concesión a fin de reconsiderar los intereses públicos generales en juego.