Procesados dos directivos por delito medioambiental en el «Caso Castor»

Un juzgado de Vinaròs ha dictado auto de procedimiento abreviado por delito medioambiental contra dos de los investigados por el «Caso Castor», concretamente dos directivos de la empresa Escal UGS SL -uno de ellos su expresidente Recaredo del Potro-, adjudicataria del proyecto de almacenamiento de gas.

El segundo procesado en esta causa es el que entonces era consejero delegado de la empresa, José Luis Martínez Dalmau, según ha podido saber EFE.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano informa de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs ha adoptado la misma decisión respecto de la mercantil, como persona jurídica, pero ha archivado las diligencias en el Caso Castor para otros diez investigados, funcionarios del Estado.

El juez descarta que estos últimos incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén, situado frente a las costas de Vinaròs y que se encuentra clausurado.

En el auto del Caso Castor, el instructor relata que los dos responsables del proyecto acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 con la fase de inyección de gas en la planta «a caudal nominal», pese a que eran «conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear».

Esa actividad en el gasoducto provocó el 5 de septiembre un aumento de la sismicidad del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.

«En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas», precisa el juez.

Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre –añade en la resolución- «a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores».

Esa situación desencadenó 519 movimientos sísmicos en la zona hasta el 4 de octubre y ocasionó daños de consideración en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona.

Los movimientos sísmicos, que llegaron a una magnitud de 4,2 grados en la escala Richter, ocasionaron una gran alarma social en la zona y provocaron que los vecinos, los hosteleros y los alcaldes de los municipios castellonenses de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola se concentraran reclamando el cese de actividad de la planta y su cierre.

Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, «una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno».