Sin tensiones internas, pero con clara disparidad. La tasa turística está volviendo a poner a prueba el gobierno tripartito. Ximo Puig ha salido hoy al paso sobre el tema y la oposición ha evidenciado las distintas opiniones en el seno del Botànic.

En Castellón, el president de la Generalitat ha admitido que en el Gobierno valenciano hay «opiniones diversas» sobre la tasa turística pero rechaza que haya tensión por ello y ha asegurado que se trata de una cuestión que se «hablará y dialogará«, también con los sectores afectados, «pensando en el interés general«. Puig ha hecho estas declaraciones en Castelló tras la toma de posesión de la directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblación, Jeanette Segarra, y ha asegurado que este asunto que no existe «ninguna tensión» con los socios de gobierno aunque sí diversidad de opiniones, como también ocurre «en la propia sociedad«.

Por eso, en el Gobierno valenciano van a «hablar y dialogar desde la sensatez y el principio básico de este gobierno, el diálogo», no solo desde el ámbito político sino también con los sectores afectados y «pensando en el interés general«, ha añadido. No obstante, el president ha afirmado que la política turística «va mucho más allá» de un impuesto, y ha destacado la buena situación de la Comunitat Valenciana en cuanto a resultados turísticos.En este sentido, ha recordado que en 2018 el número de turistas extranjeros creció en 3 millones, lo mismo que los visitantes nacionales, lo que muestra «el buen momento» de la Comunitat como destino. Además, ha señalado que existe unidad de acción entre el sector público y el privado.

Efectos devatadores de la tasa

Los diferentes declaraciones hechas por la vicepresidenta Oltra o el alcalde de València, han dado pie a que también el Partido Popular recuperara su no a la tasa. La portavoz municipal popular, Maria José Catalá ha lamentado que el gobierno municipal continúe con su voluntad de imponer una tasa turística en un «annus horribilis» para el sector hostelero debido a «los efectos devastadores» del cierre de playas y del temporal de Semana Santa.

«Parece que a Joan Ribó y a Mónica Oltra no les parece lo suficientemente grave la situación de la hostelería valenciana que además quieren imponerles una tasa turística«, ha destacado Catalá. Además, considera que es una medida que debe tomarse de forma consensuada con el sector, ya que «son ellos los que han sufrido las consecuencias de la gestión nefasta del vertido de las aguas fecales a las playas, sin recibir ningún tipo de explicación clara, y con un nuevo impuesto que grave su actividad como respuesta». Según Català, la voluntad de Ribó es que los valencianos «paguemos las consecuencias de su gestión al frente del gobierno municipal con la subida de impuestos y la aplicación de nuevas tasas”.