El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, ha asegurado que la operación por la que el Consejo General del IVF concedió el crédito de Grupo Zeta a Prensa Ibérica no es una quita de deuda, sino «la venta de un activo tóxico a precios de mercado» que, asegura, permite recuperar «hasta el último euro prestado inicialmente«.

Además, ha negado que haya recibido presiones o influencias por parte de Ximo Puig, president de la Generalitat, para aceptar la operación y subraya que «no ha habido ninguna quita a ninguna empresa de la que sea accionista Puig«, por lo que, según ha declarado, «no hay conflicto de intereses«.

Durante una larga comisión en Les Corts en la que ha comparecido a petición propia para dar información sobre la operación, ha contestado a las preguntas de todos los grupos parlamentarios en las que el PP y Vox han sido los más duros en sus acusaciones, mientras que Ciudadanos ha lanzado una crítica más moderada.

Illueca se ha defendido afirmando que gracias a la operación de venta el importe recuperado por el instituto es de 6,3 millones de euros, lo que supone haber devuelto la cantidad íntegra del préstamo y 297.000 euros adicionales.

En cualquier caso, dice que la venta responde a la necesidad de elegir «entre lo malo o lo peor» y que, al no ser conocedores de ninguna otra oferta además de la de Prensa Ibérica, tuvieron que decantarse por aceptarla debido a la mala situación financiera del Grupo Zeta, que había recibido por parte del IVF «una calificación de triple C» en cuanto a su vulnerabilidad económica.

Ante el delicado estado y la negativa evolución del Grupo Zeta, que «no podía cumplir con las obligaciones de pago«, se decidió encargar un expediente a Deloitte que concluyó que las pérdidas potenciales si no se firmaba la venta podían ser «muy importantes», afirma Illueca.

Para el director general del IVF, la operación fue orquestada por el PP cuando gobernaba «por razones partidistas» para «interferir en el ecosistema mediático«. Señala, asimismo, que el actual reglamento aprobado por el Consell «no hubiera permitido estos préstamos que se dieron mal«.

Según ha explicado, la operación de venta de los préstamos del IVF a Prensa Ibérica no planteó dudas jurídicas en cuanto a su legalidad, pero se prefirió esperar a la aprobación del decreto de carácter general por parte del Consell, ya que regulaba la enajenación de activos, lo cual posibilitaba maximizar las garantías jurídicas.

Grupos parlamentarios

El PP, a través del diputado Rubén Ibáñez, ha expresado sus sospechas sobre los verdaderos intereses del decreto y ha apuntado a un conocimiento de la operación desde antes de empezar a tramitarlo. Además, ha denunciado que el conflicto que se produce con la operación es «político» y no «económico«, ya que, a su parecer, su auténtico motivo es tener influencia en el «grupo mediático más potente de la Comunitat» y no «salvar el medio de comunicación«.

Puig es accionista, con un 1,32 % de las acciones, de Pecsa, editora del periódico Mediterráneo de Castellón, propiedad del Grupo Zeta, razón por la cual la oposición pide que comparezca ante Les Corts para dar explicaciones sobre la supuesta incompatibilidad entre su cargo y esta circunstancia. Illueca ha defendido que él es responsable de la decisión de venta, en la cual, afirma, el IVF ha sido un órgano autónomo y que Puig «no ha tenido nada que ver«.

Por su parte, Ciudadanos ha sido más recatado en sus críticas y apunta a una falta de transparencia y a un posible conflicto de intereses del president de la Generalitat, pero no critica las actuaciones del IVF. El diputado de Ciudadanos, Toni Woodward, cree que la Oficina de Control de Conflictes d’Interessos debería actuar de oficio, ya que Puig tendría que «haberse deshecho de las acciones en el momento de salir president«.

Ángeles Criado, del grupo parlamentario de Vox, se ha preguntado si se ha querido aunar esfuerzos entre la Comunitat y Cataluña «en la deriva separatista» puesto que en esa comunidad «se hizo la misma operación«. También pide la dimisión de Puig por constituir esta operación «un ataque a la libertad de prensa«, ya que Puig cobra dividendos de Pecsa.

Respuestas de Illueca

Sobre la documentación requerida por el PP al IVF, el director de este organismo ha señalado que esa petición le llegó el jueves y en tres días no puede facilitar esa documentación teniendo en cuenta su volumen, más difícil aún «en verano«, ha contestado.

Además, Illueca ha explicado que el IVF se incorporó al crédito sindicado, del que formaban parte 23 entidades financieras y en el que el instituto tenía atados «los pies y las manos» por su posición minoritaria del 1,8 %, la cuarta por la cola, con lo que no podía oponerse al acuerdo de venta.

En su intervención, ha señalado que lo que se cuestiona no es la operación, sino el proyecto de banca pública del Consell y «el rechazo a la idea de que, con una gestión profesional, la Generalitat puede otorgar financiación promocional al tejido productivo para paliar fallos de mercado«.

Según ha destacado, el volumen de préstamos del IVF en los últimos veinte años ha superado los 1.000 millones de euros, mientras que, antes de su llegada al cargo, los créditos destinados a cuestiones sociales fueron de «cero euros«. En ese mismo periodo, las pérdidas por actividad crediticia ascendieron a 665 millones, de los que 192 fueron en préstamos, 73 en avales y 400 en la Sociedad de Garantía Recíproca, ha concretado Illueca.

Por ello, carga contra la anterior gestión, la del PP, por dirigir todas las operaciones a «empresarios afines, equipos de fútbol o medios de comunicación» con criterios de selección que «no fueron siempre propios de la buena gestión pública«.  Ha puesto como ejemplo de estas «operaciones sin lógica económica» los avales de 18 millones de euros concedidos a fundaciones con «solo 600.000 euros de ingresos anuales«.

Illueca ha resaltado que el IVF seguirá trabajando para «recuperar créditos impagados otorgados en el pasado que no debieron concederse» y que «han socavado» la imagen de la institución y también para aplicar «las mejores prácticas bancarias y los principios de la gestión pública«.