Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el presidente de la entidad, Manuel Pineda, quien ha asegurado que «esta decisión no afecta a la hoja de ruta» que trazaron para «seguir con el proyecto de la planta de transferencia de Dolores con Vaersa como medio propio de la administración local».

La rescisión del contrato a la UTE Cespa-Ortiz se llevó a cabo en 2015, cuando era presidenta del consorcio la popular Luisa Pastor, al tiempo que se incautó la garantía depositada por la UTE al «no haber comenzado las obras de la planta de transferencia».Una decisión que la Sala de l o Contencioso-Administrativo del TSJCV declaró «contraria a derecho» y estableció que Cespa-Ortiz era la adjudicataria legal del Plan Zonal de la Vega Baja.

«Desde que cogí la presidencia, junto al equipo de la comisión de gobierno, y con la dirección general de Cambio Climático y la Generalitat Valenciana, hemos seguido una línea acertada visto lo que ha sucedido», ha manifestado Pineda, quien ha argumentado que la aprobación del nuevo Plan Integral de Residuos (PIR) «no admite macroplantas ni macrovertederos en la Vega Baja«.

El proyecto que se hizo fue en base a un Plan Integral del 2013 y, tras su modificación posterior, «ya no se admiten plantas de este tipo y lo que sí contempla son dos o más plantas de transferencia y también de tratamiento«, ha recalcado.

Pineda ha reseñado que, de haber sacado a concurso un proyecto de gestión completo, se hubieran «encontrado en este momento con una empresa adjudicataria más la empresa que el TSJCV ha dicho que es la que tiene que tener el contrato. Hubiésemos sometido a la Vega Baja a una ruina económica sin precedentes«, ha apuntado.

En cualquier caso, según ha asegurado, la resolución judicial no afecta a la hoja de ruta marcada por el Consorcio Vega Baja Sostenible en cuanto a la construcción de la planta de transferencia proyectada en Dolores, cuyo desarrollo sigue en marcha. Así, ha indicado que, en cuanto se haga la encomienda de gestión, se iniciarán las obras.

Por otro lado, tras la aprobación del presupuesto del Consorcio para 2019, la Generalitat tiene que dar el visto bueno al convenio de 800.000 euros. Pineda ha recordado que durante estos cuatro años «se ha cerrado una etapa difícil, con el sellado del vertedero de La Murada, con una inversión de dos millones de euros, y, por primera vez, se ha mejorado la recogida selectiva en origen de la comarca, a través de campañas y más contenedores de envases y vidrio«, entre otras muchas actuaciones.

«Convocaremos al Consorcio para la aprobación de las obras de la planta de Dolores, dado que la Generalitat mantiene que esta instalación es necesaria y estratégica en la comarca, en cualquier escenario de gestión y jurídico que pudiera plantearse», ha anunciado. Asimismo, ha subrayado que  se ha actuado «de manera coherente, no hemos hipotecado el futuro de la Vega Baja, ni arruinado la comarca, como hubiese pasado de haber licitado un proyecto global».