Economía de escala. Eso es lo que ha empezado a hacer la Autoridad Portuaria a tenor de la rebaja conseguida en el Ayuntamiento de Alicante. La Comisión de Hacienda ha aprobado conceder una rebaja del 35,44% del IBI, lo que supondrá un ahorro de 96.669,18 euros anuales para la entidad. El visto bueno viene respaldado por la figura «de especial interés municipal”.

La medida ha supuesto cierta discrepancia entre consistorio y Autoridad Portuaria, pues los términos expresados por ambas partes sólo coinciden en el resultado. Por un lado, el Ayuntamiento indica en un comunicado que el acuerdo responde a una petición para rebajar en este porcentaje el impuesto durante un periodo de cinco años y que afecta a zonas que suponen beneficio.

Sin embargo, fuentes del Puerto apuntan a una petición que pedía ese mismo 35% pero para zonas de servicio que «no generan ingresos«. Sí coinciden en los términos del tiempo solicitado que es desde este año hasta el 2023. Aunque ambas partes han evitado la confrontación, lo cierto es que esta medida que beneficia la economía de escala portuaria llega en un momento de continuas discrepancias alrededor de temas como la Oficina de Turismo, los depósitos de combustible y otras acciones.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, preside la comisión de Hacienda. Sala de la Junta de Gobierno. Alcaldía.. Foto; Ayto. Alicante/E. Caparrós

La Autoridad Portuaria de Alicante paga cada año 603.000 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles y el IBI se reducirá para las zonas de viales, rotondas y servicios que no aportan beneficio o ingresos. El Puerto percibe ingresos por zonas como la explanada sobre el aparcamiento o las de ocio, donde se encuentra la restauración y que han quedado fuera de la petición.

Lo cierto es que la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles establece en su artículo 4.2.3 que se puede otorgar una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sea declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Pero ese porcentaje nunca se ha puesto encima de la mesa.