Los taxistas ven peligrar la regulación de las VTC por el adelanto electoral

La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha expresado en un comunicado su preocupación ante el adelanto de las elecciones autonómicas y la disolución de les Corts. «Esto hace peligrar el decreto ley prometido por la Consellera, ya que debe ser aprobado por el consell y ratificado por les Corts«, explican desde la confederación.

Hacen referencia al decreto para regular a los vehículos de transporte concertado, conocidos como VTC, que la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha promovido y que incluye medidas como una precontratación de 15 minutos para este tipo de servicio. «La situación en la calle con cienos de nuevas VTC sin regulación supone un conflicto continuo a diario que se debe cerrar con urgencia«, aseveran los taxistas y añaden que «no podemos esperar a que haya un nuevo Gobierno y empezar una nueva negociación para poder regularlas«.

Exponen en el comunicado que hasta que haya un nuevo Gobierno, el Consell actual seguirá como gobierno en funciones, con capacidad para aprobar el decreto, pero al entrar en campaña electoral «entramos en un periodo de mucha incertidumbre«, apuntan desde la Confederación de Taxistas Autónomos. Es por ello que han solicitado, junto al resto de asociaciones del sector del taxi una reunión con la consellera de Vivienda «para conocer la situación del decreto ley«, el cual se encuentra en periodo de alegaciones. A su vez, señalan la necesidad de conocer «de primera mano» las decisiones que va a tomar el gobierno en funciones sobre la regulación prometida.

El decreto estaba previsto que fuera aprobado a finales de marzo. Con el se regularía el servicio ofertado por empresas como Cabify o Uber en el territorio valenciano, una regulación que no gusta ni a taxistas ni a las empresas de VTC. Pese a ello, el sector del taxi ha aceptado este decreto, mientras que desde la patronal de las VTC señalan que se irán de València de aprobarse la norma y amenazan con reclamar indemnizaciones millonarias a la Generalitat.