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En el área de abastecimiento está L ´Alacantí, Vega Baja y Vinalopó

El Gobierno aprueba 32 millones de euros para las desaladoras de Alicante

Transición Ecológica autoriza el contrato para asegurar el suministro de agua potable en plena polémica por el trasvase cero del Tajo-Segura para regadío

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Vista general planta desaladora Alicante I |E3

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado hoy a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla la celebración del contrato de servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de las plantas desalinizadoras de Alicante I y Alicante II  por un valor estimado de 32.136.177 euros con el fin de “asegurar el abastecimiento de agua potable“. Según el comunicado hecho público por el ministerio, el Gobierno “autoriza la celebración del contrato antes de la finalización del aún vigente para garantizar que el suministro no se interrumpa“. Se da la circunstancia de que este anuncio se produce en un día marcado por la polémica y el rechazo de agricultores, regantes e instituciones alicantinas frente a la decisión de Transición Ecológica de trasvasar del Tajo al Segura 7, 5 hcm3 solo para consumo humano y no contemplar ninguna cantidad para los regadíos de la provincia de Alicante.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla abastece de agua potable a las provincias de Alicante, Murcia y Albacete. En lo que respecta a la provincia de Alicante, su área de actuación engloba las comarcas de  L´Alacantí, Vinalopó, y la Vega Baja. Entre sus instalaciones cuenta con cuatro plantas desalinizadoras, dos de las cuales se encuentran en el término municipal de Alicante.

El contrato objeto de la aprobación  por parte del Consejo de Ministros contempla un presupuesto de 19,4 millones de euros para el mantenimiento y la explotación de las plantas Alicante I y Alicante II durante un plazo de 24 meses, aunque se prevé una posible prórroga de otros dos años adicionales de tal manera que su valor total se estima alcanzará los 32.136.177 euros.

El contrato implica “la realización de cuantas  tareas, manuales o automáticas sean necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas desalinizadoras,tanto en lo referente a la calidad de agua producida como al uso de todas y cada una de las partes que componen las instalaciones, desde el sistema de captación de agua de mar hasta la entrega del agua potable, incluyendo todas las obras civiles y equipos mecánicos, eléctricos y de control e instrumentación necesarios“.

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