Cebrián: “La Ley de Estructuras Agrarias dinamizará el mercado de la tierra»

Elena Cebrián, consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural nos atiende para hacer un balance de los cosechado y con vistas siempre a futuro.

-¿Qué balance puede hacer de sus tres años al frente de la Conselleria?

– Un balance positivo pero no exento de dificultades e inacabado. Hemos frenado muchas inercias de asuntos que no funcionaban bien o que no se atendían lo suficiente y hemos marcado líneas de trabajo relevantes que deben continuar para consolidar una política agraria y ambiental propia valenciana. Gran parte de nuestra tarea ha consistido en construir y reconstruir la Conselleria y recuperarla en términos de medios y de personal y hemos impulsado diversas leyes y proyectos que están en marcha como la Ley de Estructuras Agrarias, la Ley de Pesca, la Ley de Protección de Espacios Naturales, la modificación del Plan Integral de Residuos (PIR) o la Ley del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia).

– Sobre la Ley de Estructuras Agrarias Valenciana, ¿cuáles son sus aspectos más relevantes?

– Se trata de una regulación muy necesaria para afrontar las carencias estructurales de las que adolece nuestro sector agrario. Estos problemas se han agravado hasta tal punto que el abandono de tierras, la fragmentación de la propiedad y las dificultades para planificar la producción desembocan en explotaciones agrarias con una baja rentabilidad y poco competitivas. Era necesario abordar estas debilidades con nuevas herramientas, consensuadas con el sector, capaces de dinamizar el mercado de la tierra y de configurar explotaciones con una dimensión adecuada. Para acometer este proyecto se han propuesto instrumentos como la Xarxa de Terres, la Iniciativa de Gestión en Común y el Agente Dinamizador.

Además, toda la ley ha gozado de un amplio consenso entre las partes implicadas y así ha sido reconocido por las diferentes organizaciones agrarias.

Actualmente la ley está en proceso de discusión en Les Corts y esperamos que se apruebe antes de finalizar el año.

– ¿Qué expectativas tienen sobre la Iniciativa de Gestión Común (IGC), calificación a la que podrán acogerse todas las explotaciones asociativas a efectos de la puesta en marcha de un plan de gestión de cultivo en común?

– Esperamos que tenga una buena acogida, ya que aportará a los productores diferentes ventajas en su actividad. Por un lado, incentivos como beneficios fiscales en compra o arrendamiento de tierras o en la instalación de infraestructuras. Y, por otro, los beneficios intrínsecos de la explotación asociativa, tanto en la creación de economías de escala en la compra de insumos como en la planificación y comercialización de la producción. En la Comunitat contamos con una larga tradición cooperativa, que tiene, en cierto modo, un paralelismo con la Iniciativa de Gestión en Común.

En definitiva, es un instrumento dinámico y efectivo para movilizar el mercado de la tierra y una gestión moderna y profesionalizada del sector agrario. Todo ello sobre la base de un proyecto con una viabilidad contrastada y de innovación social que se configura como una salida para evitar el abandono de tierras.

– ¿Cómo se va a concretar el apoyo público a la reestructuración parcelaria? ¿Qué incentivos fiscales se introducen?

– Tenemos ya en redacción un proyecto de orden que favorecerá los proyectos de entidades asociativas tendentes a la gestión en común, pero además ya hay en marcha, a petición de los interesados, proyectos de reestructuración parcelaria en diversos municipios y zonas como la Concentración Parcelaria a desarrollar en la marjal de Pego-Oliva. En cuanto a incentivos fiscales, la ley amplía las exenciones previstas a la normativa estatal del impuesto de sucesiones y donaciones y al de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Asimismo, establece deducciones para transmisiones y cesiones de fincas rústicas a favor de profesionales de la agricultura, socios de Iniciativas de Gestión en Común y operaciones realizadas a través de oficinas gestoras de la Xarxa de Terres.

– ¿Con qué ayudas cuentan tanto para la innovación -en productos y procesos- como para la sostenibilidad del medioambiente en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria?

– Destacaría la labor innovadora en investigación sobre sostenibilidad y cadena alimentaria realizada por el Ivia y que representa, para una Conselleria modesta como la nuestra, un esfuerzo inversor significativo (el presupuesto del Ivia está en torno a 13 millones de euros). A esta labor hay que sumar otras iniciativas como los proyectos de cooperación de nuestro Programa de Desarrollo Rural (PDR), que cuentan con 3,5 millones de euros, además de líneas de financiación con fondos propios que se centran, por una parte, en las figuras de calidad diferenciada y producción ecológica, y que pueden representar cerca de 800.000 euros anuales adicionales. Por otra parte, las colaboraciones con universidades valencianas representan alrededor de 300.000 euros.

– En esta misma línea, ¿cómo se está impulsando desde su Conselleria la transferencia de la innovación que realizan diferentes organismos al productor?

– Hemos abierto distintas líneas de trabajo que han permitido alimentar el sistema de transferencia existente y que se basa en impulsar acciones divulgativas de conocimiento allí donde las demanda el sector, que además se incorporan al Plan anual de formación y transferencia. Este plan se coordina desde el Servicio de Transferencia de la Conselleria, que funciona de forma dinámica y que va a ser reforzado estructuralmente para poder dar un mejor servicio al sector.

Hemos empezado por potenciar la innovación agroalimentaria desde nuestras propias estructuras generadoras de conocimiento, como es el caso del Ivia, al que hemos reforzado duplicando la plantilla de personal investigador, además de recuperar las cuatro estaciones experimentales con presencia en el territorio: Vila-real, Carcaixent, Llutxent y Elx. Por otra parte, hemos dinamizado la transferencia con fondos propios o procedentes del PDR, a través de proyectos de cooperación, la colaboración con las universidades valencianas y otros agentes tanto públicos como privados implicados en el ecosistema de la innovación agroalimentaria. Sin olvidar una plataforma específica del sector agroalimentario en el marco de la RIS3, Qualiment, para promover proyectos de innovación que mejoran la competitividad y sostenibilidad de nuestro sector agroalimentario mediante la cooperación de la Administración, la investigación, la empresa y la ciudadanía.

– ¿Cómo están impulsando los productos de nuestra Comunitat en el exterior?

– Estamos actuando en distintos frentes. Primero, se trata de cuidar los mercados maduros que son los países europeos compradores de nuestros productos: frutas y hortalizas, vino, aceites… Por otro lado, se trata de trabajar los nuevos mercados, en particular asiáticos, de ahí el acercamiento desde la Generalitat con iniciativas como los viajes del president a China, Japón o Hong Kong. Y también otros mercados, por ejemplo, del norte de África donde por afinidades culturales e históricas tenemos abierto un campo importante para productos mediterráneos.

Nuestro apoyo a los productores y comercializadores de la Comunitat se afirma en facilitar la asistencia a las principales ferias internacionales, además de los servicios que ofrecemos antes y durante la estancia en la feria, lo que representa de fondos propios un presupuesto en torno a dos millones de euros. Además, las figuras de calidad diferenciada tienen una ayuda específica de alrededor de otros dos millones destinados a las actividades consideradas de mayor interés para la promoción de los productos que certifican y controlan.

– Es una gran defensora de la agricultura ecológica. ¿Qué políticas se han puesto en marcha en este sentido?

– Contamos con el primer Plan Valenciano de la Producción Ecológica como ejemplo de modelo de transición ecológica de nuestro sector, compromiso del gobierno del Botánico. El plan, que gira en torno a cinco ejes con acciones específicas en cada uno para fomentar el consumo consciente y responsable, la producción, la trasformación y comercialización, el conocimiento innovador y su aplicación, está dotado con 80 millones de euros para el periodo 2016-2020, la mitad relacionados con una medida directa del PDR cofinanciado por fondos UE, para la que hemos duplicado el presupuesto inicial dado el gran interés surgido entre los jóvenes por la agricultura ecológica.

En consonancia con la demanda histórica del sector, hemos rebajado para los operadores de la producción ecológica los costes de certificación que vamos a asumir con fondos propios. El resto son medidas indirectas inclusivas, de discriminación positiva, en las que se prioriza la producción ecológica con ayudas a jóvenes, inversiones en industrias, mejora de explotaciones, etc.

La desanilización y la reutilización

– ¿Cuál es su propuesta ante el problema del agua? ¿Contemplan como viable algún trasvase?

– Hemos apostado desde el principio por la modernización, el ahorro en el uso del agua y la concienciación.

Hemos incidido mucho en la combinación de recursos convencionales y no convencionales. De estos últimos nos referimos a dos: por un lado, la desalinización, que depende del Gobierno de España, por lo que estamos esperando una respuesta por parte del Ministerio. Y por otro, la reutilización, donde una parte de la responsabilidad es nuestra y otra de las confederaciones y del Ministerio. Por nuestra parte, hemos impulsado políticas por la vía de inversiones como la racionalización en el uso del agua por parte de las comunidades de regantes, mejores prácticas en el uso del agua y la concienciación de los usuarios en general.

En cuanto a los trasvases, son un mecanismo entre cuencas habitual y necesario en España. El trasvase del Tajo-Segura no es único. No vamos a hablar de más trasvases, pero hay que continuar aprovechando el marco regulatorio existente, en los términos en que se pactó el Memorándum, una norma con rango de ley. Vamos a utilizar ese marco legal con la eficiencia y respeto a la cuenca cedente pero también atendiendo a las necesidades ciertas y al esfuerzo realizado en la cuenca receptora, tal y como se recoge en la ley en los planes de cuenca cuya aprobación depende del Estado.

– Hablan de la desalobración (acuíferos), desalinización hasta reutilización… Pero, ¿cómo están concretando estas medidas?

– Las plantas desalinizadoras más importantes son de titularidad estatal. Por lo que se refiere a la de Torrevieja, la más grande con mayor capacidad de producción, gracias a la insistencia de este Consell conseguimos que la anterior ministra se comprometiera a duplicar la producción de agua desalada de la planta y hacer que sea más eficiente energéticamente y menos costosa. Advertimos, asimismo, sobre la importancia de trabajar con energías renovables con respecto a la producción de agua desalada y con toda la tecnología que puede hacer que el agua sea más asequible. También hemos reclamado una mejor gestión de los recursos que se producen en otras plantas desalinizadoras, sobre todo en la provincia de Alicante, que ahora mismo están desaprovechados.

Con respecto a la reutilización, esperamos del Ministerio un segundo plan estatal, algo de vital importancia porque, en los últimos años, se había abandonado esa línea. Hemos recuperado, a través de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (Epsar), el esfuerzo inversor perdido en años anteriores. Hemos renovado la cartera de proyectos y ahora ya estamos planteando inversiones por 70-80 millones de euros anuales en plantas depuradoras, en obras, mantenimiento y en su explotación. Hemos impulsado la línea de tratamientos terciarios para poder incrementar la reutilización de aguas depuradas.