La Unió de Llauradors i Ramaders ha valorado positivamente en la comisión de Agricultura de les Corts el anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias. La asociación confía en que se apruebe con el máximo consenso parlamentario y que tenga unos compromisos presupuestarios claros para modernizar y hacer más competitivo el campo valenciano.

La Unió aprecia la filosofía de una Ley que debe entrar a fondo en uno de los más graves problemas que afecta a la situación estructural de las explotaciones, al mismo tiempo que pone en el centro de la normativa a las personas profesionales del sector agrario.

Para que la Ley salga adelante, La Unió propone entre otras cosas incentivos fiscales a la compra de tierras, cesión o arrendamiento de las fincas rústicas tanto para las personas agricultoras profesionales como para las iniciativas de gestión en común que recoge el anteproyecto de ley.

El secretario general, Ramón Mampel, ha declarado en la comisión que los datos son alarmantes y hay que reaccionar ya con instrumentos como esta Ley. En sólo quince años se ha perdido el 17% de la superficie agraria valenciana y  el 27% de las explotaciones.

Sin embargo, considera más grave la pérdida de titulares de explotaciones pues en los últimos quince años se han quedado por el camino un 28%, con un claro síntoma de envejecimiento de la población agraria. De hecho, sólo el 4% de los titulares actuales de explotaciones son menores de 40 años. El 50%  tiene más de 65 años. Cada día se pierden 4,55 titulares de explotaciones agrarias en la Comunitat Valenciana.

La pérdida de superficie agrícola es consecuencia de una evidente pérdida de rentabilidad de la agricultura valenciana que lastra su competitividad. Al abandono de las tierras hay que sumarle otras problemáticas ligadas a la tierra, como una alta fragmentación de la propiedad, la carencia de cultura en la gestión en común de la tierra, un mercado poco dinámico y transparente, baja profesionalización de la actividad agraria y la nula existencia de herramientas para planificar la toma de decisiones sobre aquello que hay que plantar o sembrar.

Muchas parcelas se dejan sin trabajar porque el cultivo no tiene rentabilidad y producir supone pérdidas a la persona que las trabaja.  En cambio, a pesar de no cultivar en estas parcelas, se deben mantener “limpias” para evitar que se puedan convertir en un reservorio de plagas o enfermedades, o ser foco de posibles incendios. En este sentido, se considera importante que la Ley incorpore un articulado que regule que los propietarios o arrendatarios que realicen plantaciones de cultivos herbáceos o leñosos  susceptibles de provocar en las fincas vecinas depreciación comercial, puedan ser responsables de los daños patrimoniales causados en las parcelas vecinas.

La Unió valora positivamente también la creación de un mapa agronómico y cree que debe estar en permanente mantenimiento y actualización. Debe ser la base que ayude a las personas profesionales a adoptar decisiones sobre cambios de cultivos o variedades en función de las actuales superficies plantadas y comportamientos en las diferentes zonas o sobre tratamientos fitosanitarios en función de la evolución de las diferentes plagas.