Durante los últimos años se ha intensificado la lucha contra el fraude, para lo cual, los países han llevado a cabo diversos cambios legislativos y los organismos han aplicado normativa específica e instaurado mecanismos de prevención. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para ganar la batalla a este tipo de actuaciones ilícitas.

Evidencia de ello es, por ejemplo, el elevado resultado vinculado al término “fraude” obtenido a través de un motor de búsqueda de internet, que asciende a unas 39.500 noticias publicadas en España durante los cuatro primeros meses de 2018 (lo que supone una media de 329 noticias al día).

A su vez, llama la atención que dicho resultado, correspondiente a tan solo cuatro meses, represente un 87 % del número de noticias asociadas a dicho término publicadas en España durante todo el año 2017 (aproximadamente 45.200, resultado obtenido a través del mismo motor de búsqueda).

En este contexto, ¿cómo ser capaces, pues, de combatir el fraude? No cabe duda de que los mecanismos de prevención son imprescindibles para ello (la mayor parte de las compañías que han instaurado estos mecanismos han visto reducidos los casos de fraude) pero, aunque el riesgo de fraude se mitiga, no se garantiza la eliminación completa del mismo.

Si queremos ser capaces de ganar esta lucha contra el fraude futuro, es necesario utilizar el mayor número de armas, siendo una de las posibles la propia investigación de aquellos fraudes internos y/o externos sufridos.

Investigación del fraude, mecanismo de prevención
Tradicionalmente, la finalidad de una investigación de fraude ha sido esclarecer los hechos acaecidos e identificar a los sujetos intervinientes y, de esta manera, poder restituir todo o parte del daño causado.

No obstante, si queremos combatir el fraude es necesario ampliar este enfoque tradicional y considerar la investigación de fraude también como un mecanismo de prevención.

En este sentido, a modo de ejemplo, una investigación de fraude podría servir para las siguientes finalidades:

>Identificar debilidades en los mecanismos de prevención.
Durante el proceso de una investigación de fraude podemos identificar cómo se produjo y, en muchas ocasiones, el por qué se materializó. De este modo, se puede utilizar este conocimiento adquirido al objeto de mejorar los procedimientos de prevención, eliminando así la posibilidad de que se cometa el mismo fraude en el futuro.

De hecho, la finalidad de llevar a cabo procedimientos de investigación para mejorar los mecanismos de prevención e, incluso, ampliarlos, es especialmente relevante hoy en día, en que nuevos tipos de fraude aparecen con frecuencia y/o los fraudes presentan una complejidad cada vez mayor.

>Investigación de fraude como mecanismo disuasorio para potenciales perpetradores.
Debemos partir de la hipótesis de que ningún empleado está exento de cometer fraude dentro de su organización. En este sentido, según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), principal y mayor organización antifraude en el mundo, el perfil de defraudador abarca todas las categorías de empleados en una compañía (cabe destacar que, si bien hay una alta correlación entre el importe del fraude y el nivel de autoridad del empleado, el mayor porcentaje de casos de fraude lo cometen los empleados con menor autoridad).

Asimismo, la mencionada Asociación recopiló información relativa a casos de fraude nacionales e internacionales correspondientes a los años 2016 y 2017, que dejaban de manifiesto que las pérdidas medias asociadas a casos de fraude en compañías con menos de 100 empleados, son superiores a aquellas compañías cuya plantilla asciende a más de 100 empleados.

Una de las razones que explica este hecho es que las compañías con un tamaño mayor suelen destinar mayores recursos a mecanismos de prevención, reduciendo así las oportunidades de cometer fraude por parte de sus empleados.

Asimismo, estos mecanismos de prevención suelen incluir formación específica para sus empleados en materia de fraude y sobre las consecuencias que implica su comisión.

El mismo efecto (reducir los casos de fraude y/o mitigar su impacto negativo), puede ser alcanzado si los empleados son conscientes de que cualquier indicio de fraude se investiga, reduciendo así su motivación para cometer estos hechos ilícitos en la medida en que conllevan un riesgo de no quedar impunes.

Exprimamos los procesos de investigación de fraude
En conclusión, cualquier investigación de fraude que llevemos a cabo nos puede servir, no solo para esclarecer lo ocurrido e intentar obtener la restitución del daño causado, sino que también es útil como mecanismo de prevención, tanto por la mejora en la eficiencia de los procedimientos instaurados a tal efecto, como por el efecto disuasorio que produce en los potenciales perpetradores.

Por tanto, seamos conscientes del beneficio que podría conllevarnos investigar cualquier indicio de fraude, incluso en aquellos supuestos en los que la posibilidad de restituir el daño causado sea mínima o inexistente.

Ello supone plantearse la investigación no solo como una acción a corto plazo, sino como una inversión con la que poder evitar futuras pérdidas, situaciones de reputación negativa y otros “quebraderos de cabeza” inherentes a casos de fraude.

De esta manera, en casos de fraude evitemos que se cumpla el dicho de que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.