El Consell considera que las alegaciones del Ministerio de Hacienda al trabajo del Comité Técnico Permanente de Evaluación sobre el sistema de financiación son sesgadas, ya que omite los amplios consensos logrados entre comunidades autónomas.

En un comunicado emitido esta mañana, la Consellería de Hacienda pone el acento, por el contrario, en los puntos de acuerdo, como la garantía de la suficiencia, la exigencia de reequilibrio vertical de los recursos entre la Administración central y las CC AA, la simplificación del modelo o la compensación por los errores de aplicación del sistema entre 2009 y 2017.

El documento agrega que el Ministerio no concreta cuál es su posición en aspectos esenciales en la configuración del nuevo modelo de financiación autonómica, por lo que, señala, no facilita al Consejo de Política Fiscal y Financiera el debate y la toma de decisiones sobre el nuevo modelo.

«Hemos hecho el trabajo que no ha realizado el Ministerio de Hacienda: Presentar un documento que recoja aquellas conclusiones que en el curso de los trabajos han tenido niveles de consenso muy mayoritarios y que no hay sido reflejado como tales, así como otras que, sin lograr esos apoyos amplios, sí han estado avaladas por una mayoría de comunidades. Y ello sobre los asuntos esenciales que han de configurar el nuevo modelo, algo que no ha hecho el Gobierno, que no ha realizado sus deberes», ha explicado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.

El informe de expertos entregado en julio del pasado año ya destacaba la insuficiencia financiera de las comunidades para el mantenimiento de determinados servicios públicos esenciales: sanidad, educación y protección social. La insuficiencia llegó a ser de 25.000 millones en algunos ejercicios y en el último año liquidado, 2015, se situó en 16.500 millones.

Por ello, añade Soler, «es imprescindible que el nuevo sistema permita cumplir el principio de suficiencia y que la capacidad de financiación de éste atienda, al menos, la cobertura del gasto real autonómico en salud, educación y protección social al nivel de las necesidades». Para ello, se debería recuperar como mínimo la brecha constatada en el último año liquidado y que fue de 16.500 millones.

Este objetivo de suficiencia «puede alcanzarse mediante una recuperación y/o ampliación de la participación real de las comunidades en los tributos compartidos, una ampliación de los tributos cedidos o un mayor volumen de transferencias verticales».

Reconsiderar el porcentaje de IRPF

En este sentido, el documento también resalta que «existe un amplio consenso entre las comunidades sobre la necesidad de mejorar la autonomía financiera e incentivar la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades y, al mismo tiempo, contribuir al equilibrio vertical. Para ello, es factible reconsiderar el porcentaje de participación de las Comunidades en el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales y las posibilidades de cesión de nuevos tributos como vías que permitan ampliar el espacio fiscal de las Comunidades». Al respecto, cabe recordar que la propuesta de nuevo modelo del Consell plantea, entre otras cuestiones, que se amplíe la participación en el IVA del 50% al 70% y de los impuestos especiales, del 58% al 70%.

Asimismo, las alegaciones de la Generalitat hacen constar que «hay una amplísima mayoría de comunidades autónomas de régimen común que considera que el nuevo sistema de financiación tiene que lograr una igualación plena en la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos y, por tanto, en los recursos asignados a cada una de ellas para su financiación, todo ello en términos homogéneos y normativos».

«Los ciudadanos tienen idénticos derechos y obligaciones con independencia de su lugar de residencia y de su capacidad fiscal, por lo cual el modelo en su conjunto debe garantizar la cobertura de todos los servicios a financiar, y no únicamente a los denominados fundamentales».

Para el Consell, «la modificación del modelo ha de permitir alcanzar de forma clara y sencilla un objetivo final: garantizar que cada unidad de necesidad tenga la misma financiación, con independencia de donde se localice el usuario de los servicios públicos. Si esta necesidad se midiera en función de la población ajustada, el sistema tiene que proporcionar idéntica financiación por habitante ajustado».

Compensación de la deuda

El documento presentado por el Consell también refleja que «más de la mitad de las comunidades presentes en el CTPE se han manifestado a favor de apoyar la compensación de una parte de la deuda autonómica, en base a que en buena medida en su origen no hay un exceso de gasto sino una insuficiencia de ingresos, circunstancia muy relevante para evaluar el riesgo moral de la compensación».

Añade que «algunas comunidades discriminadas financieramente en el pasado han manifestado, adicionalmente, que de no producirse una compensación específica de su deuda, arrastrarán los efectos de la injusticia padecida y que no es realista pensar que estas comunidades sobreendeudadas puedan volver al mercado a medio plazo, teniendo en cuenta cómo funciona la industria financiera.»

La compensación, sugiere el Consell, se produciría en dos tramos: uno, general, para todas las autonomías, y un segundo, específico, para atender a las comunidades que han contado con menos recursos que la media y que, como la Comunitat Valenciana, han gastado por debajo del promedio.