La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) considera “decepcionante e insuficiente” el proceso de participación pública que ha promovido la Generalitat Valenciana con el objeto de recoger las valoraciones y aportaciones ante la elaboración del Plan de Desarrollo Agrario de la Huerta de Valencia. Debido a la escasa presencia de agricultores en los encuentros, Cristóbal Aguado ha calificado el proceso como «una cortina de humo para cubrir las apariencias».

El proceso finalizó ayer con una reunión en la Pobla de Farnals, la última de un ciclo que ha constado únicamente de cinco encuentros celebrados en Meliana, Catarroja, Torrent y Valencia en el plazo de un mes. A estas citas locales han asistido alrededor de 300 personas y sólo la mitad de ellas eran agricultores.

Por ello, el presidente de AVA, entiende que «a la hora de diseñar el proyecto de la Ley de la Huerta, la Generalitat empezó la casa por el tejado al centrarse en la elaboración del Plan Territorial y dejar de lado el Plan Agrario, y ahora tenemos la sensación de que se ha desaprovechado la oportunidad que ofrecía este proceso participativo”.

La asociación ya advirtió al inicio de esta iniciativa que “la información sobre la misma llegó con retraso y sin suficientes garantías para los agricultores”, de tal manera que la gran mayoría de los interesados en trasladar sus posicionamientos no han sido debidamente informados sobre el calendario de las reuniones y, por tanto, no han podido acudir para trasladar sus reivindicaciones.

Los agricultores que sí han asistido a los encuentros han coincidido en resaltar la preocupación y el malestar que les despierta el texto legislativo. El colectivo ha reclamado la introducción de medidas para dinamizar y rentabilizar la actividad agraria, compensaciones por las limitaciones, obligaciones y restricciones que contempla la futura legislación, así como el pago por prestación de servicios ambientales y mantenimiento del paisaje.

Otro de los asuntos esenciales que los agricultores han puesto de manifiesto en el curso de estos foros, es la ausencia, a fecha de hoy, de un presupuesto para sufragar la ley. Sobre este punto clave, AVA solicita la concreción de una partida que alcance los 37 millones de euros anuales pero que, en función de las limitaciones a la actividad incluidas en el definitivo Plan, puede llegar a 50 millones.

“La Generalitat Valenciana tiene hasta finales de año, que es cuando debe aprobarse la iniciativa legislativa, para encontrar ese dinero porque sin él la normativa no sólo será lesiva para los intereses de los agricultores sino que seguramente se convertirá en papel mojado”, apunta Aguado.