La colaboración público-privada, clave para un modelo económico sostenible

La secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Zulima Pérez, y el director general de Responsabilidad Social (RS) y Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa, definieron la colaboración público-privada como herramienta clave para configurar un modelo económico sostenible en la Comunitat Valenciana y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con vistas a 2030.

“Caminar en el mismo sentido y unir esfuerzos nos permitirá maximizar los resultados y ser mucho más eficientes”, subrayó Pérez durante la jornada ‘Adaptación a la nueva Ley de Fomento de la Responsabilidad Social de la Comunitat Valenciana’, organizada por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S).

“Las políticas y medidas de RS nos van a hacer mucho más innovadores, ante la necesidad de dar respuesta a nuevos retos que requerirán soluciones y abrirán oportunidades de desarrollo”, destacó Pérez. La secretaria autonómica advirtió que, aunque hasta el momento la RS se mueve en el ámbito de la voluntariedad, “este contexto puede cambiar en el futuro, como ha ocurrido en otros países. La ‘Agenda 2030’ propiciará nuevos entornos regulatorios”.

“Las empresas tienen que conocer los ODS y comprenderlos; definir objetivos; integrar las políticas y acciones de responsabilidad social en la cadena de valor, teniendo en cuenta a sus diferentes grupos de interés; establecer indicadores, y sistemas de reporte y comunicación. La Ley de Fomento de la Responsabilidad Social creará un marco adecuado para que, desde la Administración y desde las empresas logremos la máxima implantación e incidencia”, subrayó Pérez.

En esta línea, Pérez y Ochoa explicaron a las empresas socias del CE/R+S los objetivos y contenido de la nueva normativa, actualmente en proceso de tramitación en las Cortes Valencianas.

El director general detalló que, tras dos años de trabajo, en los que se ha contado con todos los grupos de interés afectados, el texto legislativo podría aprobarse antes del verano. «Parte del desarrollo reglamentario de la Ley, del cual depende en buena medida la eficacia de la norma, corresponderá a la Consellería de Economía. Con todo, esperamos la plena aplicación de la misma para el segundo trimestre de 2019».

Ochoa destacó el “carácter pionero” de esta norma autonómica en el contexto nacional. Solo Extremadura cuenta con una iniciativa similar.