La Diputació de València, CCOO, UGT y CSIF, han llegado a un acuerdo para estabilizar la situación de 96 trabajadores, 63 mujeres y 30 hombres, que dejarán de ser personal laboral y pasarán a ser empleados interinos.

En la negociación, se ha consensuado, por unanimidad, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para redistribuir y crear los nuevos puestos. Una decisión que será llevada al pleno de este martes para su aprobación. El diputado responsable del área de Administración General, Pepe Ruíz, agradece “el esfuerzo negociador y la buena predisposición de los sindicatos para llegar a un acuerdo”.

Entre los contratos que se van a consolidar hay 23 profesores que trabajan en las escuelas que gestiona la Diputació, como la de Viticultura y Enología de Requena o la de Capataces de Catarroja, 19 administrativos, 6 arquitectos técnicos, 4 analistas y 3 restauradores. En la lista hay también 15 auxiliares que darán el servicio de información corporativa. Este servicio, que el actual equipo de gobierno ha revertido a público, se ofrecía en anteriores legislaturas mediante una empresa privada.

Todos estos trabajadores accedieron a sus puestos mediante procedimientos reglados a través del preceptivo proceso selectivo convocado en su momento. La apuesta de la corporación, según Pepe Ruíz, es que “a partir de este año, y en los próximos ejercicios, se convocarán ofertas públicas de empleo que incluirán el cien por cien de las plazas que la Ley de Presupuestos del Estado nos permita. Nuestro objetivo es consolidar el máximo empleo público reduciendo la precariedad laboral en la medida de nuestras posibilidades”.

Desde el área de Administración General se apunta que las políticas de restricción impuestas por el Gobierno del Estado están ocasionando graves problemas de futuro a todas las Administraciones. Algunos de estos problemas son la reducción de empleo público y el envejecimiento de las plantillas.

La edad media de las personas que trabajan en la Diputació supera ampliamente los 50 años, con una antigüedad de más de 25 años, y en las dos próximas legislaturas alcanzarán la edad legal de jubilación unos 440 empleados y empleadas, aproximadamente el 35%.

En este sentido, el diputado de Administración General ha acabado señalando que va a hacer lo que esté en nuestra mano pero, «de seguir esta tendencia de restricciones en las ofertas de empleo público, la futura prestación de muchos servicios puede verse comprometida por la falta de personal». «Por todo ello– ha concluido-, el Gobierno central debería permitir la recuperación real de empleo”.