Jorge Rodríguez, nacido en Ontinyent en 1979, fue elegido presidente de la Diputación Provincial de València en julio de 2015, con el apoyo de su partido (PSPV-PSOE) y de los diputados provinciales de Compromís, Unidos Podemos y Esquerra Unida del País Valencià. Fue portavoz del grupo municipal socialista en Ontinyent en 2007 y consiguió la alcaldía de su pueblo en 2011, cargo que ha revalidado en las pasadas elecciones de 2015. En el ecuador de la actual legislatura, hemos mantenido la siguiente entrevista, donde hace un balance de los logros alcanzados y las asignaturas pendientes para los dos próximos años. 

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-¿Cuáles son los principales logros de la gestión realizada en estos dos primeros años de la legislatura y qué se ha quedado en el tintero?

– Hay tres puntos esenciales. El primero era conseguir que la Diputación dejara de dar vergüenza a los valencianos. Ello suponía una colaboración muy cercana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Fiscalía, y así se ha hecho, tanto en lo que se refiere a la anterior corporación provincial, como en lo relativo a Divalterra. Fruto de esta colaboración, hemos pasado de ser parte acusada, a que en estos momentos el fiscal esté considerando la posibilidad de que la Diputación gestione una de las empresas que parece que se utilizaron de testaferro en la época anterior (Spartaki Sinergias, S.L.), que creo que se dedica a placas solares, energías renovables y demás. Es una clara muestra de confianza hacia el cambio registrado en la Diputación.

El segundo aspecto fundamental de esta primera mitad de legislatura ha sido acabar con la arbitrariedad en la concesión de subvenciones y lograr que las ayudas obedezcan a criterios objetivos. Se han estipulado criterios prácticamente en todas las ayudas y los convenios singulares han reducido su peso en favor de las convocatorias públicas.

Además, hemos buscado que esos criterios respondan a aquello para lo que se estableció la subvención: si se da una ayuda para la mejora de caminos, no tiene sentido que el criterio sea la población, sino los kilómetros de camino que tiene un municipio. En los Planes Provinciales de Obras y Servicios (PPOS) entendimos que los criterios que corresponden hoy no eran los mismos que hace 30 años. Entonces, el objetivo era que todos los municipios tuvieran agua potable y ya se consiguió. Por tanto, hoy tenemos que ponderar otros elementos, como la tasa de paro, la adhesión al Pacto de las Alcaldías o la lucha contra el cambio climático, porque pensamos que esto debe estar en el ADN del municipalismo.

En cualquier caso, los convenios singulares son perversos cuando se meten 20 o 30 millones de euros para pagar las fiestas de un pueblo, que son todos los años y no algo singular. Si se demuestra que un municipio no tiene capacidad de distribuir el agua potable porque no tiene 400.000 euros, como es el caso de Benaguasil, eso sí es un caso singular. Y siempre como excepción, no como regla. La regla es la convocatoria pública.

Y el tercer punto que considero fundamental de esta primera mitad de la legislatura, dada nuestra condición de administración intermedia, ha sido dar el protagonismo a alcaldes y concejales, acabando con lo que podríamos llamar “ayudas teledirigidas”. No puede ser que recibas dinero en función de que me caigas bien o mal, o seas o no de mi partido. Somos una institución al servicio de todos los ciudadanos y no estamos aquí para juzgar qué ha votado un municipio. Y mucho menos para castigarlos, como se ha hecho en el pasado.
En conjunto, creo que hemos conseguido una pequeña revolución: dar el protagonismo a los alcaldes, acabar con la opacidad y la arbitrariedad, dejar de dar vergüenza y, sobre todo, tratar de profesionalizar la gestión en favor de una mayor eficacia y eficiencia.

– En materia de ayudas y subvenciones, ¿cómo se decide el reparto en estos momentos, en función de la población?

– No solo. En el caso de los Planes Provinciales de Obras y Servicios (PPOS), se combinan hasta ocho parámetros diferentes: extensión del término municipal, coste efectivo de los servicios, población, tasa de paro, pertenencia o no al Pacto de las Alcaldías, etc. Y está la encuesta de infraestructuras, que es un sistema de geolocalización de las infraestructuras con las que cuenta el municipio y un elemento fundamental a la hora de dar subvenciones. Son criterios que, en su conjunto, reflejan bastante fielmente la realidad del municipio.
Con todos estos criterios se establece la cantidad, pero no el destino de los fondos. En el caso de los PPOS, las ayudas deben destinarse necesariamente a inversión. Una vez asignada la cantidad por municipio, se abre un plazo para que cada ayuntamiento nos presente sus proyectos de inversión.

Pero necesitábamos ayudar a los ayuntamientos también en materia de gasto corriente, porque por muchas inversiones que se hagan, si este carece de fondos para atender los gastos de funcionamiento que provoca dicha inversión, esta no sirve para nada. Si se hace o reforma un teatro, pero no hay dinero para programación cultural o para el aire acondicionado, ¿para qué sirve el teatro?

Para cubrir estas necesidades, junto a la Generalitat se puso en marcha el Fondo de Cooperación Municipal, en el que cada parte aporta 20,6 millones de euros (41,2 millones en total), a repartir para gasto corriente entre los 266 municipios de la provincia.

Prioridades de los próximos años

– ¿Cuáles van a ser las prioridades en la segunda mitad de la legislatura?

– Hay tres cosas importantes que han quedado en el tintero. La primera es consolidar este modelo de Diputación, pues para nosotros es esencial.

– ¿Qué quiere decir con “consolidar este modelo de Diputación»?

– Las Diputaciones son entidades públicas en permanente objeto de debate. Hay quienes opinan que deben suprimirse, otros que hay que cambiarlas, etc. Para mí, lo esencial es que los servicios que hoy presta la Diputación los preste alguien, quien sea, porque en caso contrario, los municipios lo pasarían bastante mal, especialmente, los más pequeños.

Ha contribuido a este debate el que las Diputaciones se vean como algo antiguo, con un funcionamiento bastante opaco. Por ejemplo, nadie va a la Generalitat a pedir una subvención para un proyecto, pues todo el mundo sabe que debe acudir a las convocatorias públicas y concursar en ellas. Asentar lo que hemos logrado en estos dos primeros años es a lo que me refiero cuando hablo de consolidar este modelo de Diputación.

El segundo aspecto de los próximos años es superar el cortoplacismo. No se puede pensar solo en plazos de cuatro años, porque la mayoría de proyectos importantes no se pueden gestionar en este periodo. Si no superamos esto, siempre habrá necesidades que no atendamos porque no cabrán en una legislatura.

Nosotros hemos tratado de poner las luces largas y, por ejemplo, estamos trabajando en un plan de vías ciclopeatonales, con un presupuesto de 38 millones de euros, que tiene un calendario de ejecución de entre ocho y diez años. Son 100 actuaciones que afectan a 320 kilómetros. Muchas de esas actuaciones se harán en esta legislatura, pero otras muchas exceden el actual periodo de mandato.

Lo mismo ha pasado con el proyecto La Diputació a les Comarques; exposiciones  de patrimonio pictórico y escultórico de la Diputación que, por primera vez, salen de València. Acabará la legislatura en 2019 y habrán visitado seis municipios, pero el objetivo es que esos fondos artísticos puedan llegar, al menos, a todas las comarcas de la provincia. Hemos de tener presente que, al ser cuadros de mucho valor, no se pueden exhibir en cualquier sitio. 

Por último, el tercer aspecto que nos queda por consolidar es el cambio de los servicios a los municipios pequeños. La Diputación viene prestando servicios a los municipios pequeños -servicios que no pueden pagar–, mediante convenios con colegios profesionales: arquitectos, ingenieros, técnicos medioambientalistas, forestales, interventores y secretarios, abogados, etc. Pero este modelo, que la Diputación viene aplicando desde hace 30 años, ha sido cuestionado por el Gobierno a través de la Agencia Tributaria.

Nos dicen que con este sistema, esos profesionales pueden ser considerados falsos autónomos. Nosotros pensamos que debemos de ir hacia una profesionalización total del servicio y para resolver el litigio nuestra propuesta está en crear oficinas técnicas comarcales, para no tener gente que trabaja dos horas en varios ayuntamientos de forma precaria. Con esas oficinas técnicas comarcales podríamos tener equipos multidisplinares que atendieran las necesidades de toda la comarca y, además, llegado el caso, puesto que forman parte de una misma red, podrían prestar servicio puntual en otra comarca. Esto también permitiría que los proyectos pudieran ser analizados desde una perspectiva interdisciplinar y no desde el conocimiento de un solo técnico.

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