La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) con la colaboración de Pavasal, Broseta, la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia ha organizado una jornada sobre “El nuevo marco jurídico de la contratación pública: de la prevención de delitos a la reactivación empresarial”. El acto ha servido también como presentación del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas (Muaje) a colegiados del Icav.

La sesión ha estado presidida por Rafael Guía, responsable de la Comisión de Formación del Ilustre Colegio de Abogados, quien ha señalado la importancia de la formación especializada y ha indicado que el Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas es una “referencia consolidada en Valencia”.

Para David Laguna, ponente en la sesión y antiguo alumno del Máster, aseguró que “hay que buscar siempre la efectividad en la contratación y la mejor relación calidad-precio”, para lo que es necesario poner “controles efectivos, y no meramente formales”. En su opinión, y tal y como advirtió la Comisión Europea “muchos factores limitan la eficiencia de los procedimientos públicos en España y hay un gran vacío entre los controles existentes, que en ocasiones se superponen” debiéndose apostar por los Pactos de Integridad como una garantía de la buena gestión de los bienes públicos, y por ejemplo podrían ser de mucha utilidad para las instituciones de nuestra comunidad. La contratación pública tiene un peso esencial en la riqueza de nuestro país, representando más del 15% del PIB. Y según la Comisión Europea somos ineficientes en 47.000 millones de €, una cifra que se puede reducir “optando por aquellos procedimientos que mejor se adecúen a las necesidades existentes, dotando a la Administración de procedimientos ágiles pero transparentes”.

Según argumentó Laguna, las nuevas directivas de cuarta generación quieren mantener los estándares de calidad y fomentar el acceso de la pyme y la contratación electrónica. Con una mayor transparencia, se mejorará la concurrencia. Para Laguna, además de prevenir delitos se producirá una reactivación empresarial. La Directiva promueve el fraccionamiento o división por lotes de los procesos, facilitando así el acceso de las pymes. Además, “cuando el órgano de contratación decida no dividir en lotes el objeto del contrato, deberá justificarlo debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras o de concesión de servicios”. No obstante, dada la complejidad legislativa, el ponente considera necesario “un código de contratación” y la “profesionalización de los órganos de contratación”.

Para Alejandro Ríos, codirector Académico del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas y socio director de la oficina de Valencia de Broseta “la practicidad y la utilización del método del caso, así como las oportunidades de networking que ofrece y las prácticas remuneradas en importantes despachos”, son factores diferenciadores del Máster.

El Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas proporciona conocimientos prácticos a letrados que deseen reciclarse, así como a licenciados en Derecho y abogados ejercientes que busquen especializarse en asesoría jurídica de empresas. La XVIII edición del Máster dará comienzo el 17 de noviembre.