La secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Zulima Pérez, ha presentado esta mañana el anteproyecto de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social de la Comunidad Valenciana, en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), en un acto organizado por la propia CEV y el despacho de abogados y consultores Zertium Legal & Management. 

El coseller Manuel Alcaraz y el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

El anteproyecto de ley tiene entre sus objetivos fomentar «entre todas las organizaciones, y no sólo empresas, tanto públicas como privadas»  una nueva praxis a favor de la transparencia, el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad, la ética laboral y colaboracional, la captación y retención del talento, «conceptos clave en la empresa del Siglo XXI», según Pérez, «tal y como ya lo son calidad e innovación. Los valores intangibles de las empresas son hoy en día su valor diferencial; todo lo demás se puede copiar».

La secretaria autonómica ha destacado que esta ley era uno de los principales retos del gobierno de la Generalitat, debido a que «en los últimos años la reputación de la Comunitat había empeorado, afectando a nuestras marcas».

El anteproyecto es fruto de un estudio que ha contemplado a todos los agentes implicados, para que se pudiera definir del modo más amplio el concepto de responsabilidad social, ya que no se reduce a «cómo obtengo los beneficios, o a la acción social que se realiza con parte de ellos.  Es un conjunto de medidas mucho más amplio llamado a instaurar un modelo de desarrollo equitativo y territorialmente equilibrado». Además, Pérez ha avanzado que «los principios rectores» de la responsabilidad social «serán incluidos en los planes de estudio de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, entre otros, para asegurar que incidan en las empresas del futuro».

Entre los aspectos de la ley que conciernen a la gestión pública socialmente responsable, además de optimizar la rapidez y eficiencia de los trámites, es importante la intención de facilitar a las pymes el acceso a los concursos de contratación pública. La secretaria ha indicado que «normalmente siempre los ganan las empresas grandes, que pueden presentar ofertas más económicas. Esto la sociedad lo ve con buenos ojos, sin pensar que también tiene su contrapartida ya que esos bajos precios son gracias a la reducción de la calidad de los materiales o de las condiciones laborales, y la administración no puede ser cómplice de ello sólo para abaratar precios».

Entre las distintas cláusulas que deberán cumplir las empresas que quieran ser declaradas socialmente responsables, deberán estar exentas de contar con capital en paraísos fiscales, cumplir rigurosamente los contratos sujetos a las disposiciones legales, favorecer los contratos fijos, aplicar los convenios colectivos más beneficiosos para los trabajadores y practicar el comercio justo. 

Entre los beneficios para las empresas, «además de una mayor implicación de los trabajadores, lo que siempre aumenta su competitividad», se encuentra un mayor acceso a las contrataciones públicas, mayores ventajas para la concesión de ayudas y beneficios fiscales, y la adjudicación de un futuro sello distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Las empresas interesadas presentarán memorias anuales para su evaluación por parte de los organismos económicos del Consell. 

«Hemos trabajado mucho en la elaboración de este anteproyecto de ley, que ha variado desde su primer borrador, y lo hecho a mejor», ha concluido Zulima Pérez. 

Los detalles se pueden consultar en la web de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación , donde también se atenderán dudas y se escucharán propuestas. El acto fue clausurado por Salvador Navarro, presidente de la CEV y el conseller Manuel Alcaraz.