El esfuerzo en la reducción del déficit público que ha tenido lugar en España en los últimos años ha impactado negativamente en la inversión pública, que ha caído un 58% desde 2009, según el informe «Esfuerzo Inversor del sector público», realizado por Fundación BBVA e Ivie. Las caídas más elevadas han tenido lugar en la Comunitat Valenciana y Canarias, con una tasa de crecimiento anual negativa del 0,5%.

En 2016 su peso en el PIB se sitúa en el 2%, el menor valor desde finales del siglo XX. La reducción de la inversión pública ha sido generalizada en todas las comunidades autónomas, pero, en algunas, la caída ha sido tan intensa que la inversión realizada ha sido inferior a la necesaria para hacer frente al deterioro del capital público, de forma que se ha reducido el stock disponible.

Una de las variables que ha sufrido las consecuencias de la crisis es el gasto público. La caída de ingresos que acompaña las fases recesivas del ciclo económico obliga a ajustar el presupuesto para evitar que el déficit eleve en exceso el endeudamiento público. En España, la crisis que se inició en 2008 dio paso a un periodo en el que los elevados
déficits públicos obligaron a disminuir el gasto. Así ocurrió de 2009 a 2014, con la excepción del aumento puntual que tuvo lugar en 2012.

Dentro del gasto de las Administraciones Públicas, el destinado a la formación bruta de capital fijo (inversión) cayó con intensidad de 2010 a 2014, con tasas de crecimiento negativas que han llegado al 21% en 2011 y al 31% en 2012. Aunque en 2015 aumentó un 11,6%, en 2016 ha vuelto a caer un 14,3%. Ha sido tan intensa la caída en estos años de crisis que la inversión pública de 2016, cifrada en 23.432 millones de euros (constantes de 2010), es en términos reales un 58% inferior a la de 2009.

El nivel actual representa el 2,02% del PIB, el menor peso desde finales del siglo XX. Además, dado que la caída de la inversión pública ha sido mayor que la del gasto público total, la relación entre ambos (inversión sobre gasto) también alcanza en 2016 la cota más baja del periodo (4,8%), lo que supone
menos de la mitad del peso que tenía antes del inicio de la crisis (12% en 2007).

El peso de la inversión en el total del gasto público ha pasado del 12% en 2007 a menos de la mitad, el 4,8%, en 2016.

La caída de la inversión pública es denominador común a todas las regiones españolas, si bien con importantes diferencias. De 2009 a 2014 (último año disponible de los datos desglosados por comunidades autónomas), la caída acumulada oscila entre un valor máximo del 74% en Navarra y un mínimo del 43% en La Rioja. Junto con Navarra, destaca la reducción que ha tenido lugar en el País Vasco y Murcia (con caídas por encima del 65%, lo que supone una tasa de reducción anual que supera el 20%), mientras que las menores caídas han tenido lugar, además de en La Rioja, en Cantabria y Canarias.

La caída que ha tenido lugar desde 2009 en la inversión pública ha afectado negativamente al ritmo de crecimiento del capital público, hasta el punto que en varias
comunidades autónomas la inversión no ha sido suficiente para reponer el capital que se deteriora. Así, entre 2009 y 2013 (último año disponible) la tasa de crecimiento
del stock de capital público es negativa en nueve comunidades autónomas, por lo que la inversión realizada es inferior a la amortización del capital y el stock del que se
dispone en la actualidad está por debajo del de 2009.

La desigualdad entre autonomías crece un 39%

El impacto de la crisis en la inversión pública ha aumentado un 39% las desigualdades regionales en dotación de capital público por habitante. Los distintos ritmos de crecimiento de la inversión pública entre regiones explican en parte las diferencias en las tasas de crecimiento del stock de capital público. Madrid es con diferencia la comunidad autónoma en la que menos ha incidido la crisis sobre el stock de capital público, ya que de media ha crecido un 2% al año de 2009 a 2013. La segunda
región en la que más ha crecido el capital público es el País Vasco (un 0,9% al año en el mismo periodo).

En cambio, en nueve regiones el stock de capital público ha caído de 2009 a 2013, siendo las caídas más elevadas las que han tenido lugar en la Comunitat Valenciana y Canarias, con una tasa de crecimiento anual negativa del 0,5%.

La evolución del stock de capital público desde 2009 contrasta por completo con el que tuvo lugar en los años anteriores. Así, para el total nacional, de 2000 a 2009, el capital
público aumentó a una tasa anual de casi el 4%, frente a un 0,3% de 2009 a 2013. Las mayores caídas comparando ambos periodos han tenido lugar en La Rioja y Cantabria, ya que de crecer el capital público a un ritmo del 6,3% y 5,4% anual, respectivamente, de 2000 a 2009, en los años posteriores hasta 2013 la tasa pasó al -0,3% y -0,15%. El País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha y Navarra son menos sensibles al ciclo económico, ya que la caída en la tasa de crecimiento del stock de capital público entre los periodos analizados no supera los 3 puntos porcentuales.

El impacto diferencial de la crisis en la inversión pública a nivel regional ha aumentado las desigualdades en términos de dotación de capital público, con independencia
del indicador utilizado para valorar el nivel de capitalización. Así, tanto en términos de dotaciones por habitante como por ocupado o en relación al PIB, las desigualdades
en 2013 son superiores a las que existían a principios del siglo XXI: un 39% mayores en relación a la población, un 36% por ocupado y un 9% en relación al PIB.

Si bien en general las desigualdades aumentaron en el periodo de expansión hasta 2008, desde entonces han caído, pero no tanto como para compensar la subida inicial. Las menores diferencias entre regiones tienen lugar en términos de dotación de capital público por habitante. En 2013, el stock de capital público per cápita de las regiones mejor dotadas (Castilla y León y Aragón) duplica el de las menos dotadas (Baleares y Comunitat Valenciana).

En resumen, el esfuerzo realizado en las finanzas públicas para reducir el déficit ha impactado con intensidad en la inversión hasta el punto de que en algunas regiones esta
ni siquiera compensa la necesaria amortización de las infraestructuras y equipos para mantener las dotaciones de capital público. En consecuencia, para evitar este efecto
negativo, el necesario ajuste del gasto público para reducir el endeudamiento debería ser selectivo, protegiendo en mayor medida el destinado a la formación bruta de capital fijo, máxime teniendo en cuenta la importancia que el capital público tiene como factor determinante de las ganancias de productividad.