Joaquín Maudos y Francisco Pérez

Joaquín Maudos y Francisco Pérez, director adjunto y director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie)

– ¿Qué factores pueden explicar ese menor crecimiento a partir de 2000?

– Francisco Pérez: Es una combinación de varios factores: A escala internacional, ha cambiado el escenario, y la Comunidad Valenciana se ve directamente afectada por la nueva competencia internacional y pierde posiciones en sectores manufactureros en los que hasta entonces era fuerte (textil, calzado, mueble…). Solo una parte pequeña del tejido productivo sabe adaptarse al nuevo escenario.

Es el momento de la llegada del euro y el ciclo alcista arranca un poco antes, anticipando las consecuencias del euro, que, si bien se perciben como favorables, acaban siendo perjudiciales. El euro significa un shock de caída de tipos de interés y de abundancia de financiación que sostiene e impulsa el ciclo inmobiliario.

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– Joaquín Maudos: De hecho, si observamos los indicadores financieros del 2000 al 2007 solo Irlanda incrementó el crédito más que España en toda la eurozona. Nuestro país, fue el segundo en el que creció más rápidamente el crédito, con un incremento de media cada año del 18%, seguido de cerca por Irlanda y Grecia.

– F.P.: Otra parte de la divergencia en el PIB pc se explica por el mayor crecimiento de la población en la CV. Desde 1990 ha aumentado un 28%, 9 puntos más que en España (19%). Además, la Comunitat ha atraído más población extranjera que la media, concentrándose aquí casi el 15% de los extranjeros residentes en nuestro país.

Por este motivo, también parecen existir en la Comunitat mayores oportunidades respecto al ciclo inmobiliario. Sin embargo, ello tiene un efecto muy negativo en nuestra industria: una parte importante de los beneficios del tejido productivo se desvían a actividades inmobiliarias –que resultan en principio altamente rentables–; pero que “aparcan” la necesaria reconversión de nuestros sectores productivos. En cierto modo, es un ejemplo de lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales: una abundancia que acaba siendo perjudicial. Los empresarios, en lugar de invertir en su actividad productiva tradicional –o core business–, desvían las plusvalías al negocio de la construcción.

Joaquín Maudos

– J.M.: Además, el euro tuvo también otra consecuencia que complicó la situación para las actividades exportadoras, dada la fortaleza de la nueva moneda y su apreciación frente al dólar. Esta apreciación encareció significativamente nuestros productos de cara a la exportación, siendo además la valenciana una de las regiones más exportadoras. Así, se fue deteriorando su saldo exterior positivo, de forma que en 2005 las importaciones ya eran mayores que las exportaciones. No obstante, en los últimos cuatro años se observa de nuevo superávit en nuestra balanza comercial.

Los datos muestran cómo la intensa creación de empleo desde 1995 hasta el estallido de la crisis en 2008 (913.000 ocupados más, un 69% por encima del nivel de 1990) se concentró en actividades poco productivas, asociadas en parte, al ciclo inmobiliario. Nuestra productividad es baja y crece poco: en 25 años se ha incrementado un 15% frente al 20% nacional, de ahí que hablemos de una nueva brecha también en productividad del trabajo, que ahora supone nueve puntos de diferencia con la media de España. Y ello teniendo en cuenta que entre 2007 y 2013 se han perdido cerca de 450.000 empleos en la región, muchos de ellos en actividades poco productivas, lo que está permitiendo recuperar la productividad media.

– F.P.: Si tu productividad es baja la renta per cápita a la que aspiras no puede ser alta, ni tampoco los salarios, porque de este modo, pierdes competitividad. Es una pescadilla que se muerde la cola.

Los expertos nos animan a analizar los indicadores que hay detrás de la productividad. Entre ellos, el capital humano ha mejorado sustancialmente, al incrementarse los años medios de estudios un 25% y pasar de 8,6 a 10,6. En 2015 trabajaban en la Comunidad Valenciana 491.000 universitarios, 8,6 veces más que en 1990, cuando solo lo hacían 57.000. No obstante, estamos ligeramente por debajo de la media.

Cierto es también que ha habido un esfuerzo innovador que ha doblado la ratio I+D/PIB de la CV desde 1995, pero aun así, se mantiene por debajo del promedio de España en casi un 18%. En cuanto a la internacionalización de la economía valenciana, ha avanzado mucho. Desde mediados de los noventa, las exportaciones de bienes se han multiplicado por 2,8 –el incremento más intenso se ha producido desde 2011, pasando de cerca de 21.000 millones a 27.600 en 2015–; pero, la cuota de mercado valenciana en las exportaciones españolas es hoy inferior (11,2%) a la de 1990 (14,1%).

– ¿Podemos decir que hemos salido de la crisis?

– J.M.: Podemos hablar de una salida de la recesión desde el tercer trimestre de 2013, ya que, estadísticamente, hablamos de crecimiento cuando se dan tres trimestres consecutivos con tasas de variación positivas. Pero hablar de la salida de la crisis con un paro del 20,5% es un tanto pretencioso. Además, acumulamos otros desequilibrios en deuda pública, deuda privada de las empresas, déficit exterior, déficit público, etc. por lo que, habría que recuperar el nivel de actividad que tenímos antes de empezar a caer para dejar atrás la crisis, y eso significaría una tasa de paro inferior al 10%.

El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2015 en la CV ha sido muy alto (3,2%). El problema es que para este año ya se prevé un crecimiento algo más modesto para la región que para el conjunto de España, por tanto se dificulta la convergencia hacia los principales indicadores.

Cambios pendientes

– ¿Qué tareas hay pendientes en las empresas para recuperar la situación pre-crisis?

Francisco Pérez

– F.P.: Tienen que invertir mejor y con horizontes de más largo plazo, porque de lo contrario no mejorará la productividad del capital y no tendremos capacidad de generar valor. En este sentido, es necesario tener empresas de mayor dimensión, lideradas por equipos directivos cualificados, formados, capaces de incorporar capital humano y aprovecharlo, donde la distinción entre el capital y la gestión esté clara y armonizada, donde las herramientas de información y control permitan a las compañías asumir nuevos riesgos, como salir al exterior para seguir creciendo, etc.

– Si dejamos a un lado el modelo de financiación, ¿qué cambios ha de introducir el sector público?

– F.P.: El cambio fundamental que ha de exirgírsele –y en esto coinciden los empresarios–, es avanzar más en capacidad directiva. Hay que profesionalizar los cuadros directivos, aquellos que toman las decisiones en el sector público y que, a su vez, sean más estables, apoyándose en funcionarios cualificados que tenga un puesto relevante permanente, teniendo en cuenta la evaluación de resultados, el antes y el después de aplicar las políticas públicas. Las iniciativas políticas deben ir acompañadas de memorias económicas bien elaboradas y con criterios suficientes  para evaluar los resultados de las mismas.

Por otro lado, una de las propuestas que elaboró la comisión de expertos en financiación autonómica es dotar un fondo de garantía para los servicios públicos fundamentales, en el mismo sentido que la ‘hucha de las pensiones’, eso obligaría a la Administración a ser más prudente en el gasto y lograr superávits en los periodos de expansión.

– ¿Y la universidad como ‘fabrica de fuerza de trabajo cualificada’?

– F.P.: Los cambios que ha hecho la universidad por adaptar su oferta formativa al mercado de trabajo en los últimos años han sido muy importantes, desde transformar la oferta de titulaciones, modificar aspectos de los contenidos y las formas de aprendizaje, al introducir elementos más prácticos, hasta apostar por las lenguas extranjeras, la movilidad de los estudiantes y las prácticas en empresas obligatorias,… Pero aun así, no es suficiente.

Todos tenemos que hacer un mayor esfuerzo en la formación del capital humano y atribuirle la relevancia que se merece, también desde las familias. La universidad, por su parte, debe ofrecer a la sociedad civil mayor información sobre los resultados académicos, las competencias y conocimientos que se alcanzan con cada titulación y transmitir claramente al alumnado las expectativas laborales de cada título, porque desde la libertad de elección se ha de ser responsable en la selección que se hace y en mi opinión, no cabe ser cortoplacistas.