Precisamente Podemos defiende uno de los programas más agresivos en política fiscal. David Torres considera que “hay que equiparar la presión fiscal a la media europea, aumentando la progresividad de los impuestos para rentas superiores a 50.000 euros”.
A todo esto se añadirá una revisión de deducciones y bonificaciones en los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones.
Podemos estudia nuevos impuestos “sobre el transporte, el turismo, las energías renovables, las viviendas vacías, grandes superficies, bolsas de plástico, redes de comunicaciones, agua embalsada o sobre el impacto visual de las torres eléctricas, consumo de envases no retornables, vehículos de alquiler, etc.”, agrega Torres.
El impuesto sobre sucesiones y donaciones también está en el punto de mira del PSPV-PSOE0. Julián López propone un “mayor esfuerzo para las grandes herencias, eximiendo del pago a quienes reciben las más modestas”.
En cuanto al de Trasmisiones Patrimoniales, se prevé un gravamen creciente para las adquisiciones que reflejen mayor capacidad económica y, por último, exigir al Gobierno central “una compensación que evite que el establecimiento de un impuesto estatal sobre entidades bancarias suponga una merma de ingresos autonómicos”.
Ante este panorama, Isabel Bonig se pronuncia en sentido contrario: “En el PP apostamos por bajar los impuestos a la rentas medias y bajas y eliminar la fiscalidad que pone trabas al desarrollo de la actividad económica”.
El programa popular propone reducción de tarifas del IRPF para rentas inferiores a los 35.000 euros; la supresión del impuesto de sucesiones en herencias inferiores a 350.000 euros que afecten a cónyuges, padres, abuelos, hijos y nietos.
Otras propuestas se refieren a deducciones y beneficios específicos para familias numerosas o con dependientes, monoparenterales o personas maltratadas.
El PP propone bonificar a los business angels y la deducción del 25 % de los gastos de rehabilitación de la vivienda en el tramo autonómico del IRPF.
“Reduciremos al 8 % –agrega Bonig– el tipo impositivo por la compra de inmuebles para rehabilitar que, en el caso de empresas será el 2 %. También por la compra de suelo industrial a particulares en un 20 % y mantendremos la devolución del 100 % del tipo autonómico que grava el gasóleo de uso profesional”.
Compromís y UPyD comparten esta visión benévola de la fiscalidad, más partidarios de eliminar que de establecer nuevos impuestos.
Por su parte, Ciudadanos defiende la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Propone una reducción de impuestos vinculada a conductas sostenibles, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio y se muestra en contra de aumentar la presión fiscal con nuevos impuestos, aunque apuesta por una revisión para los grandes patrimonios.
Con una tasa de paro superior al 23 %, las políticas de fomento del empleo adquieren una importancia decisiva.
Ignacio Blanco afirma que “EUPV apuesta por una profunda revisión de la política de subvenciones a la contratación”, al tiempo que considera fundamental el fomento del cooperativismo “como fórmula fundamental para organizar el trabajo”.
También propone la colaboración con el Servef y los ayuntamientos para reducir el desempleo, especialmente de los parados de larga duración, y el apoyo a los autónomos con líneas de financiación específicas a través del Ivace.
La política de empleo de Ciudadanos va desde los planes de formación e inserción laboral hasta las propuestas de conciliación familiar acercándonos a los horarios europeos. Fernando Giner asegura también que prestará mayor atención al empleo “verde” (energías renovables, gestión de residuos, rehabilitación, transporte, agricultura ecológica…).
En cuanto a los autónomos, propone una cuota a la Seguridad Social proporcional a sus ingresos, en lugar de una tarifa fija y también se muestra a favor de fomentar el cooperativismo.
El PP, por su parte, prevé destinar 300 millones de euros al empleo joven y bajo el lema “La experiencia suma”, apoyarán la contratación de los mayores de 45 años y “mantendremos el apoyo a los autónomos con ayudas de hasta 5.000 euros. Introduciremos –agrega Bonig– ayudas de hasta 8.000 euros por trabajador contratado a los autónomos que generen empleo. Por último, estableceremos préstamos que financien parte de la inversión a realizar por el emprendedor”.
Con todas estas medidas, el PP confía en crear 400.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años que favorezcan “un tejido empresarial e industrial diversificado, de valor añadido y de alta productividad”.
A Podemos le preocupa especialmente que “el 65 % de los parados en la Comuniad Valenciana, según la EPA, sea de larga duración” declara David Torres.
Entre las medidas que contempla Podemos se encuentran la detección de irregularidades por parte de la Inspección de Trabajo y fomentar las prácticas profesionales en las empresas con contenidos reales, destinando fondos para proyectos sociales que promuevan el bien común y que impliquen a parados.
Para fomentar el emprendimiento se proponen microcréditos y en cuanto a la reindustrialización, Podemos habla de un Plan de Industrias Recuperadas, mediante el cual los trabajadores de las empresas en quiebra puedan gestionarlas en régimen de cooperativa.
En el sector de la construcción las opciones pasan por el apoyo a la rehabilitación y la recuperación de los cascos antiguos y del patrimonio histórico valenciano y, en otra línea, la rehabilitación de inmuebles “inteligentes, saludables y energéticamente eficientes”.
El último punto de la política laboral de Podemos pasa por “la oferta pública de formación y cualificación de trabajadores y de empresarios, enfocados a dinamizar nuevas empresas o desarrollar competencias requeridas para los nuevos sectores”.
Para Compromís, la política de empleo pasa por los jóvenes “para que no se vayan y vuelvan los que se han ido”, reflexiona Enric Morera. “Hay que apostar por nuestros motores económicos para que generen un empleo estable y de calidad. Tenemos cooperativas potentes ya que su modelo es bueno. Tenemos agricultura, industria y polos industriales que apoyar. Tenemos –continúa el portavoz de Compromís– I+D, institutos tecnológicos punteros y universidades. Somos un pueblo emprendedor y creativo que sabe hacer bien las cosas”.
El empleo es para el PSPV-PSOE “nuestra principal batalla”, según Julián López. “Tenemos la tasa de temporalidad más alta de España (27,5 %) y el 64 % de nuestros jóvenes están desempleados, impidiendo que desarrollen un proyecto de vida digno”, asegura el portavoz socialista.
PSPV-PSOE recoge hasta 50 iniciativas en su programa electoral que favorezcan un empleo digno. “Por primera vez en la historia a una persona no le basta con estar trabajando para salir de la pobreza. El 20 % de los valencianos reciben un salario con el que no pueden ni alimentar a su familia”.
López señala que con cinco millones de habitantes, en la Comunidad Valenciana solo trabajan 1,8 millones de personas.
Entre las iniciativas del programa socialista se encuentran la aplicación de fondos europeos; la redefinición del papel del Servef en la intermediación y orientación laboral; o un nuevo marco normativo que regule la negociación colectiva como fórmula de reducción de la conflictividad social o el fomento del consumo interno.
Entre las prioridades, “los mayores de 16 y menores de 25 años sin empleo. La juventud tendrá la consideración de colectivo prioritario mientras la tasa de jóvenes en paro supere la media de la UE”.
UPyD, por su parte, propone una reforma en profundidad del mercado de trabajo, empezando por acabar con “la proliferación de contratos y establecer un único contrato indefinido. Se mantendrían los contratos temporales solo para bajas y empleos temporales justificados. Aumento de la indemnización por despido según la antigüedad. Esto aumentará –afirma Alicia Andújar– la protección del trabajador medio e incentivará la formación dentro de la empresa”.
El cambio voluntario de trabajo se fomentará con el derecho a conservar las indemnizaciones por despido acumuladas.