Hasta la última reforma de la ley del Impuesto sobre Sociedades, la práctica totalidad de proyectos de inversión empresarial relacionados con el software podían aspirar, como máximo, a la consideración de proyectos de innovación tecnológica. Tras la citada reforma de noviembre pasado, “la creación, combinación y configuración de software mediante interfaces y aplicaciones específicas”, puede considerarse proyecto de I+D, susceptible, por tanto, de disfrutar de las máximas bonificaciones fiscales contempladas por la legislación, según explica Rodrigo Aznar. Además, “los proyectos de inversión empresarial relacionados con la animación cinematográfica en 3D, así como los videojuegos, que antes carecían de ayuda alguna, pasan a considerarse como proyectos de innovación tecnológica”. Este cambio normativo es especialmente relevante en la Comunidad Valenciana, “donde hay censadas cerca de 50 empresas que se dedican al desarrollo de videojuegos”.

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Un tercer cambio relevante en materia de ayudas públicas, que entró en vigor en septiembre del año pasado, es que ha vuelto a aceptarse la reducción del 40% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, del personal investigador. Dicha deducción se eliminó con el paquete de medidas de ajuste que aprobó el Gobierno al inicio de la legislatura para equilibrar las cuentas públicas, pero se ha vuelto a aprobar.

Se considera personal investigador aquel personal en plantilla de una empresa que dedica, al menos, el 85% de su jornada laboral a realizar tareas de investigación, pudiendo dedicar el 15% restante a labor formativa. En cualquier caso, tendrá que ser una entidad certificadora acreditada por Enac quien acredite que el empleado cumple los requisitos, así como el salario que percibe.