Para Luisa Pastor, presidenta de la Diputación de Alicante, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), afronta un aspecto fundamental que desde las administraciones locales se venía reclamando desde hace mucho tiempo: la clarificación de competencias, saber qué tarea compete a cada administración y qué recursos le corresponden para poder desarrollarla.

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Por ello y respecto al impacto que la ley puede tener sobre las Diputaciones Provinciales, Pastor defiende que  “el papel de las diputaciones seguirá siendo el de ayuntamiento de ayuntamientos porque ahora, más que nunca, tenemos la obligación de garantizar que los ciudadanos tengan la misma calidad de servicios vivan donde vivan y de asistir a nuestros municipios. Esa es la verdadera razón de ser de las diputaciones, ayudar a nuestros ayuntamientos, especialmente a los más pequeños y con menores recursos.  En ello hemos creído siempre y en ello vamos a seguir trabajando”.

En algún aspecto la nueva ley parece reforzar el papel de las Diputaciones, en el sentido de que podrán coordinar o prestar nuevos servicios al ciudadano. En el caso concreto de la Diputación Provincial, su presidenta afirma que la ley deja claro esos aspectos, “pero es ahora cuando se está viendo qué pasa con lo que tenemos. Por ejemplo, según la ley, se escapa de nuestro ámbito el centro Doctor Esquerdo –antiguo psiquiátrico. Nuestra prioridad es clarificar primero lo que tenemos, antes de coger nuevas responsabilidades, como el tema de residuos en los pequeños municipios. Todo debe ir acompañado de presupuesto, pero tenemos muy claro que por encima están las personas”.

No obstante, Pastor considera que antes que hablar de nuevas competencias hay que analizar cuáles se pueden prestar sobre bases comunes, ya que en su opinión, “en algunos servicios se ha visto claro que las economías de escala funcionan”. La Diputación de Alicante cuenta con ejemplos fáciles de entender como Suma Gestión Tributaria o el Consorcio de Bomberos.

Una provincia como la de Alicante con 141 municipios, de los cuales más de 80 tienen menos de 5.000 habitantes, «requiere de una administración capaz de cohesionar y equilibrar el territorio, al tiempo que garantice servicios como la asistencia técnica o jurídica a los ayuntamientos más pequeños” sostiene Pastor.

Por otra parte, la nueva Ley establece que se puedan delegar por convenio determinadas competencias propias de las Diputaciones a las administraciones locales, siempre acompañadas de su correspondiente dotación presupuestaria. A fecha de hoy, Luisa Pastor aseñala que desde la Diputación que preside de momento no se contempla esa posibilidad, y añade que es pronto para dar una respuesta definitiva. «Las administraciones tenemos nuestros tiempos y hay muchas cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, qué pasa con el personal o con la atención al ciudadano. Tan malo es correr como ir despacio” puntualiza la presidenta de la Diputación de Alicante.

Entre las iniciativas impulsadas por la Diputación de Alicante para acercar la Administración al ciudadano, Pastor destaca la apuesta del Plan de Modernización, un proyecto al que están adheridos  más de 122 municipios. «Ha sido el plan que ha modernizado la administración local como servicio al ciudadano” resume la presidenta de la Diputación de Alicante.

En la actualidad, ya se pueden hacer numerosos trámites en gran parte de estos ayuntamientos desde casa. Y en cuanto a la propia Diputación, hay muchos aspectos, desde la nueva web, la puesta en marcha de redes sociales, un mayor número de convocatorias, las publicaciones de todas las actas de contratación pública, por citarles alguna.

CONTROL DEL GASTO

En materia de austeridad en el gasto público, durante el ejercicio 2013 el equipo de gobierno de la diputación alicantina puso el foco en reducir los gastos en la contratación  de servicios y suministros, como los de limpieza o vigilancia de edificios públicos, a través de una redimensión y agrupamiento, en algunos casos, de los mismos. En la adjudicación de contratos, por ejemplo, la Diputación de Alicante está primando el criterio de la oferta económicamente más ventajosa frente a otras cuestiones.

Por otro lado, esta institución ha cerrado el ejercicio 2013 con unos datos «excelentes”, como califica su presidenta. El nivel de ejecución presupuestaria conseguido es «el mejor de los últimos 20 años, un 90,52%, ocho puntos por encima del año anterior. La planificación y el esfuerzo que se está realizando desde las diferentes áreas de la institución provincial nos han permitido alcanzar estos altos porcentajes y, todo ello adaptándonos a la nueva normativa y sin que se produjeran apenas desviaciones presupuestarias, apenas de cuatro millones de euros”. En el capítulo de inversiones reales, por ejemplo, se ha pasado de un nivel de ejecución del 65,12% al 89,09%, lo que supone una inversión cercana a los 30 millones de euros.

Para 2014, la Diputación de Alicante cuenta con un presupuesto que ronda los 200 millones de euros destinados, fundamentalmente, a aumentar la inversión, a políticas sociales y a apoyar a los municipios. Para ello, según explica Luisa Pastor, se ha apostado por una gestión que aboga por impulsar programas y convocatorias directas a los ayuntamientos.

GESTIÓN TRANSPARENTE

Para Luisa Pastor la transparencia en la gestión pública no es una moda sino «una manera de trabajar”. Afortunadamente las nuevas tecnologías le permiten plasmar esa idea.

Según explica Pastor, en la Diputación de Alicante «se está realizando un gran esfuerzo en este sentido. Contamos con un portal de transparencia que en breve estará operativo donde se recopilará la información que ha estimado la ley; pero esa información ya está en la web www.diputacionalicante.es Nuestra responsabilidad es hacer que esa gran cantidad de datos, muchos de ellos económicos, sean comprensibles para el ciudadano. La normativa recientemente aprobada por el Gobierno de España representa una oportunidad para ampliar las vías de comunicación con nuestros ciudadanos y, en el caso de las diputaciones, también con los municipios”.