El Gobierno aspira a que la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que sustituirá al articulado de 1992, pueda aprobarse a lo largo del último trimestre de este año, una vez supere el trámite parlamentario tras su paso por el Consejo de Ministros.

Todas las fuerzas políticas están trabajando en un marco normativo renovado que dará respuesta a los actuales retos de la industria española y que deberá contar con el consenso de todos los agentes sociales para que la reindustrialización de España sea una realidad. Entre sus principales objetivos: aportar seguridad jurídica a todos los actores del sector industrial.

Entre las novedades que recoge el anteproyecto de la norma en trámites se contempla la creación del Comité de Inversiones Estratégicas, que decidirá los proyectos de inversión nacional y extranjera que serán considerados estratégicos para el país. La consideración de estratégica tiene importantes consecuencias en cuanto a la capacidad de dicha industria de recibir recursos estratégicos, inversiones tecnológicas y mayor protección contra la competencia internacional. Este nuevo órgano dependerá, eso sí, de la Presidencia del Gobierno.

Dicho Comité, en cuyo establecimiento no se prevé que se generen nuevos costes asociados, es una de las novedades de un texto que moderniza el actual marco normativo, adaptándolo a los nuevos tiempos y a la regulación europea, y que el ministro de Industria, Jordi Hereu, presentó este miércoles ante los sindicatos.

¿En qué consiste el Comité?

Según la memoria de análisis de impacto normativo, la experiencia adquirida estos años en la gestión de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha motivado la «necesidad de dar un enfoque global» con una estrategia a nivel de Ejecutivo relacionada con la inversión nacional y extranjera en proyectos estratégicos.

De ahí que la futura ley impulse el nacimiento del Comité de Inversiones Estratégicas, dependiente de Presidencia, que definirá y ejecutará la estrategia del Gobierno en este campo.

Tendrá por objeto diseñar y coordinar el alcance de las actividades asociadas a estos proyectos, incluido promover mejoras normativas, asegurar la implementación de la política de inversión en tales iniciativas, así como su gestión y acompañamiento efectivo.

En un plazo máximo de seis meses, el Ejecutivo establecerá reglamentariamente la composición y gobernanza del Comité.

¿Qué son los proyectos industriales estratégicos?

Entre las líneas rojas del documento destacan propiciar un entorno favorable para el desarrollo de la iniciativa industrial y la cooperación empresarial, y fomentar la industrialización y reindustrialización de España, para, en suma, volver a recuperar el orgullo de la industria manufacturera, apuntan las mismas fuentes.

En este marco se institucionalizan y regulan los proyectos industriales estratégicos, que deberán cumplir, al menos, con uno de estos criterios: un volumen de inversión relevante, ser empresas que cuentan con una certificación para la autonomía estratégica o facilitar una solución en un proceso de reindustrialización.

Su declaración permitirá beneficios como la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos estatales, reduciendo a la mitad los plazos; habilita la concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva, así como una tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad.

No hay que confundirlos con los Perte, a los cuales la futura normativa reconoce como una medida estructural, no coyuntural, de política industrial y deberán de enmarcarse en, al menos, un ecosistema estratégico con seguimiento periódico, posibilidad de concesión de ayudas sin concurrencia competitiva y donde se trabajará en simplificar los permisos administrativos.

Atraer inversión

La memoria del anteproyecto de ley habla, asimismo, de cómo la necesidad de atraer inversión y grandes proyectos tractores en un «mundo competitivo» ha llevado a la Unión Europea, países y comunidades autónomas españolas a crear el estatus de proyecto estratégico.

De hecho, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra y Extremadura, entre otras, ya cuentan con iniciativas facilitadoras y aceleradoras de inversión, y sus respectivas agencias de promoción.

Por ello, se requiere de un «soporte normativo» de la gobernanza y operativa de estas iniciativas, labor que desempeñará el Comité.

Con un informe favorable suyo, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos podrá declarar como proyecto estratégico de inversión aquel en el que concurran razones de interés público, social y económico.

Para ello, las iniciativas deberán cumplir con, al menos, uno de los siguientes criterios: un volumen de inversión relevante, ser compañías que cuentan con una certificación para la autonomía estratégica o facilitar una solución en un proceso de reindustrialización.

Esta figura, distinta a la de los Perte, permitirá beneficios como la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos estatales, reduciendo a la mitad los plazos, o la facilitación del acceso y conexión a la red eléctrica o de otro tipo que requiera su puesta en marcha.

Al mismo tiempo, habilita la posible concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva y el acompañamiento personalizado a los promotores durante todas las fases de tramitación y ejecución.

Garantizar una mayor autonomía estratégica

El texto, que podrá recibir alegaciones hasta el próximo 11 de julio, reconoce al sector industrial como el «gran oferente y demandante de innovación y tecnología», que contribuye a fijar población y vertebrar territorio y es «clave» en la autonomía estratégica de los países.

Fuentes del Ministerio resaltan la presencia de este último concepto, el de autonomía estratégica, que se cuela en el articulado por primera vez como una señal de lección aprendida tras los ‘shocks’ que han afectado a la economía en los últimos años, sobre todo, a partir de la pandemia.

Prueba de ello es la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), que servirá para asegurar producción, almacenamiento y suministro de recursos industriales de primera necesidad, y para actividades que salvaguarden la industria crítica de España.

Al mismo tiempo, impulsará un sistema de certificación para la autonomía estratégica, en el que se tendrá en cuenta la fabricación de recursos de primera necesidad o carácter estratégico o la prestación de servicios en suelo europeo de relevancia, y que como mínimo suponga el 15 % de su volumen de negocio.

También se contabilizarán recursos asimilables a los considerados estratégicos que utilicen materiales y proveedores, tecnologías, infraestructuras y cadenas de producción, talento y capacidades generales equiparables a las que requiere el recurso o producto categorizado como estratégico o de primera necesidad.

La certificación tendrá una validez de tres años, tras los cuales las empresas deberán solicitar su renovación.

El órgano de gobernanza de la Recapi, el Cecopie, revisará y, si es necesario, actualizará los criterios cada cinco años para adaptarlos a las evoluciones tecnológicas, económicas y de seguridad nacional.

Con la Recapi se materializa así el documento ‘Resilient EU2030’, la hoja de ruta para fortalecer la resiliencia y la competitividad de la Unión Europea elaborada durante la presidencia española del último semestre de 2023.