Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, Emma Navarro (Alicante, 1973) cuenta con una dilatada trayectoria en la Administración Pública y en instituciones y organismos internacionales. Ha sido vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco multilateral más grande del mundo y el mayor financiador de proyectos climáticos, y presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco público de promoción y agencia financiera del Estado.

Entre 2016 y 2018 fue secretaria general del Tesoro y Política Financiera y, de hecho, su nombre sonó para ser ministra de Economía en el gobierno de Mariano Rajoy.

Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Iberdrola España.

El papel «crucial» de las empresas en la sostenibilidad

– Forma parte del Consejo de Administración de Iberdrola España. ¿Qué papel juegan las grandes empresas en la promoción de la sostenibilidad?

Su papel es crucial, no solo por su peso e influencia en la economía, sino también por su mayor capacidad para liderar iniciativas de sostenibilidad, gracias a unos recursos y capacidades que no son posibles en empresas más pequeñas. Las grandes empresas son cada vez más conscientes de que la responsabilidad social y ambiental es fundamental para mantener su licencia para operar y su relevancia a largo plazo.

Hoy en día, aquellas empresas que no se comprometan con la sostenibilidad corren el riesgo de perder la confianza de clientes y consumidores y enfrentarse a problemas de reputación que pueden afectar su desempeño financiero. Es más, las empresas saben que la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial se ha vuelto vital para la generación de valor a largo plazo.

Invertir en infraestructuras y tecnologías sostenibles

– ¿Cómo debe mejorar España en términos de acción climática? ¿Estamos yendo por el buen camino?

España se ha fijado objetivos muy ambiciosos, como refleja el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNEC). Por otro lado, se han conseguido avances importantes, por ejemplo, en cuanto al despliegue de renovables. De hecho, en 2023 se alcanzó un récord histórico de cuota de las renovables en la generación eléctrica, con un 50,3%. Este progreso es alentador y demuestra el potencial de España para liderar la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables.

Pese a todo, aún quedan grandes desafíos por delante. Hay que seguir avanzando en la descarbonización de otros consumos fósiles, lo que requerirá avanzar en la electrificación de sectores clave, aumentando para ello la capacidad de las redes eléctricas y el desarrollo de capacidades de almacenamiento de energía. Todos ellos son aspectos cruciales que deben ser priorizados, junto con la eficiencia y la seguridad del suministro.

Por otro lado, es fundamental asegurar la inversión sólida en infraestructuras y tecnologías sostenibles, lo que requiere un marco regulatorio estable y de calidad, que permita atraer la inversión privada. Junto a ello, hay que aprovechar bien los fondos europeos con uso estratégico para apoyar la implementación de tecnologías emergentes, como el hidrógeno verde y energías renovables innovadoras, el almacenamiento y las redes eléctricas inteligentes.

Impuesto a las energéticas

– Igualmente, ¿cómo valora el impuesto establecido por el Gobierno a las energéticas en general y en concreto a Iberdrola que le costará 200 M€ y al que ya ha presentado recurso?

Mi valoración personal es que la medida es controvertida y suscita diversas inconsistencias. Por un lado, inicialmente se justificó su introducción como medida temporal y extraordinaria para que las empresas energéticas contribuyesen aportando recursos para políticas redistributivas, debido a los supuestos beneficios extraordinarios que estaban obteniendo un contexto de elevados precios de la energía a raíz de la guerra de Ucrania.

Sin embargo, el gravamen no se liga a la cuantía de esos supuestos beneficios extraordinarios, sino que se impone sobre los ingresos, lo que resulta inconsistente. Y ello además nos separa de lo que se ha hecho en Europa, donde la normativa introducida en 2022 para hacer frente a los elevados precios de la energía contemplaba un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios en relación con los ejercicios precedentes, y además con un carácter más acotado, pues únicamente afectaba a los sectores de combustibles fósiles.

Por otro lado, los planes actuales de gobierno de convertir este impuesto en permanente chocan con su propósito inicial y hace pensar en cierta arbitrariedad y una finalidad meramente recaudatoria.

Habría que ser cautos y valorar bien los posibles efectos no deseados. Estamos en un contexto en el que es preciso atraer inversión privada para financiar la transición energética, y esto es algo que se debería incentivar, en vez de desincentivarse. Además, habría de tenerse en cuenta los posibles efectos del impuesto sobre la competitividad, en la medida que esta es una figura que en general no existe en otros países de nuestro entorno.

Las instituciones financieras y la sostenibilidad

– ¿Cuál cree que debería ser el papel de las instituciones financieras internacionales en la transición hacia una economía más sostenible?

Su papel es muy relevante, no solo porque pueden proporcionar financiación para proyectos sostenibles, sino también por su conocida capacidad para movilizar inversión privada hacia los proyectos que financia. Y este es precisamente uno de los grandes desafíos que plantea la transición, la necesidad de movilizar financiación privada para acometer las numerosas inversiones que requerirá semejante transformación, especialmente en países en desarrollo.

Así, la banca multilateral no solo proporciona préstamos a largo plazo en condiciones atractivas, sino que también puede conceder garantías e invertir en el capital, lo que puede ser muy útil para mitigar los riesgos de los proyectos y aumentar su atractivo para los inversores privados.

Por otro lado, las instituciones financieras internacionales pueden ayudar con su asesoramiento y asistencia técnica a mejorar el marco regulatorio y la capacidad institucional de los países, reduciendo riesgos y barreras para hacer negocios. Con ello, puede ayudarles a aumentar su atractivo para los inversores.

Las tensiones en Oriente Medio son «un riesgo importante»

– Por otra parte, ¿cómo puede afectar la actual situación en Oriente Medio en los mercados, especialmente en el sector energético y para nuestra economía?

Las tensiones en Oriente Medio son un riesgo importante. Su efecto desestabilizador sobre los mercados energéticos podría ser considerable, dado el peso de la región en la producción mundial de petróleo y gas.

El temor es que el conflicto genere un incremento del precio del petróleo y gas, y que ello derive en un shock inflacionista y un frenazo importante de la economía mundial, y por ende a la española. Sin embargo, por el momento el impacto en los mercados energéticos ha sido limitado. De hecho, el precio del petróleo ha registrado incrementos contenidos, mientras que el del gas natural un descenso significativo.

Por otro lado, el conflicto ha afectado al tráfico marítimo en el mar Rojo, causando retrasos y aumentando los costes de transporte entre Asia-Pacífico y Europa. Se trata de un corredor por el que transcurre un flujo importante de comercio marítimo global. De empeorar la situación podría afectar más aún a la economía global, especialmente si se interrumpe el tráfico en el estrecho de Ormuz.

Aunque los mercados por el momento no están descontando una escalada del conflicto, los riesgos geopolíticos han aumentado significativamente tras la última ronda de hostilidades. Parece claro que la situación de la región se mantendrá como una las principales fuentes de incertidumbre e inestabilidad para la economía mundial y española.

La productividad, uno de los principales retos para España

– Ha ocupado diversos puestos en la Administración pública, ¿cómo ve la actual situación económica española?

La economía española crece a buen ritmo, especialmente en comparación con el conjunto de la zona euro, con un destacado dinamismo del mercado de trabajo y de la demanda externa, tanto por la fortaleza del sector turístico como de las exportaciones no turísticas. Este favorable comportamiento se ha visto en parte favorecido por la menor exposición comercial y financiera a Rusia y Ucrania o el crecimiento de la población gracias a los flujos migratorios.

Esos buenos resultados se plasman en las previsiones económicas de los principales organismos económicos. Las del Fondo Monetario Internacional, que se conocieron a mediados de abril, nos dan un crecimiento del 1,9 % este año, lo que nos sitúa como segunda economía entre las grandes avanzadas con mayor crecimiento, solo por detrás de EE.UU.

En esta favorable evolución encontramos algunos datos preocupantes. Por un lado, en el patrón del crecimiento encontramos un excesivo protagonismo del consumo público, que contrasta con el débil comportamiento de la inversión. De hecho, la formación bruta de capital fijo se encuentra todavía por debajo de sus niveles previos a la pandemia, a diferencia de lo que ocurre en la UE, y pese a que España es el segundo país receptor de fondos europeos. De mantenerse en el tiempo, la atonía de la inversión podría terminar afectando a la capacidad de crecimiento.

Por otro lado, pese al crecimiento del empleo, todavía no hemos recuperado el nivel previo a la pandemia en términos de horas trabajadas, y aunque la tasa de temporalidad se ha reducido notablemente, la duración media de los contratos ha caído a mínimos de 2006. También requiere especial atención la debilidad de la productividad, uno de los principales retos tanto para España como para Europa, si bien nuestro caso desde hace tiempo existe una brecha con la UE y sus principales economías que no hemos sido capaces de recortar.

Por último, el fuerte crecimiento del gasto público de estos ejercicios ha favorecido el crecimiento, pero lo ha hecho a costa de una mayor vulnerabilidad fiscal, con unos elevados niveles de déficit estructural y deuda pública.

«Vulnerabilidad» a causa del endeudamiento

– Dada su experiencia como secretaria general del Tesoro y Política Financiera, ¿cómo cree que puede influir la política fiscal en el crecimiento económico y la estabilidad financiera?

Cerramos 2023 con niveles de deuda cercanos al 108 % del PIB, lo que nos sitúa como cuarto país con mayor ratio de la UE. Semejantes niveles de endeudamiento suponen una considerable vulnerabilidad, por la carga financiera y porque limitan notablemente el espacio de la política fiscal para responder ante futuras crisis.

La estrategia del Tesoro en la última década de alargar vencimientos ha permitido contener el coste de la deuda, a lo que también han ayudado los programas de compra de deuda del BCE, pero persiste el riesgo, especialmente ante aumentos en el coste de financiación. También hay que tener en cuenta las presiones de gasto público que tendremos que hacer frente durante las próximas décadas por el envejecimiento de la población.

De hecho, la Comisión Europea ha advertido recientemente que España será el país de la UE que más aumentará el gasto en pensiones y también prevé que seamos el país europeo que más proporción del PIB tendremos que destinar a ese gasto, un 16,7 % del PIB en 2070.

Por otro lado, hasta ahora, la reducción de la deuda pública en España ha sido consecuencia del crecimiento nominal y especialmente la coyuntura de elevada inflación, mientras que el déficit estructural se ha mantenido en niveles elevados, de alrededor del 4 % del PIB.

Sin embargo, la situación tendrá que cambiar próximamente porque este año se vuelven a poner en marcha las reglas fiscales europeas que fueron suspendidas por la pandemia, y que entre tanto se han reformado. Esto hará inevitable poner en marcha un plan de consolidación fiscal que permita mejorar nuestra posición fiscal y cumplir con las nuevas reglas fiscales.

Aumento de incertidumbre y riesgos geoestratégicos

– Cuenta con amplia experiencia en el sector financiero y en roles de alta responsabilidad en instituciones como el BEI o el ICO. ¿Cómo valora el panorama actual del sector financiero en España?

El sistema financiero español ha mostrado gran capacidad de resistencia en unos años en los que se han sucedido perturbaciones extraordinarias, desde la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis energética hasta las tensiones más recientes en Oriente Medio.

En el caso de la banca, los resultados de las entidades muestran que el sector vive un momento muy positivo gracias a la mejora de sus márgenes por el aumento de tipos de interés, tras unos años de tipos sumamente reducidos e incluso negativos. Además, las entidades cuentan con colchones de liquidez y el repunte de la morosidad ha sido contenido, pese a los mayores costes de financiación de la economía. Por otro lado, las ratios de solvencia de las entidades han mejorado ligeramente, aunque siguen por debajo de los promedios europeos.

En cuanto a los retos, yo destacaría el aumento de incertidumbre y riesgos geoestratégicos, y de forma más estructural, los retos derivados de la transformación digital y ciberseguridad, así como los asociados a la transición a una economía sostenible y baja en carbono. No obstante, estos dos últimos aspectos también suponen oportunidades importantes para el sector y las entidades son conscientes de ello.