En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado acuerda estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la empresa Uber.

El juez acepta la medida, ya que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.

En la resolución, el juez aclara que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino «una protección cautelar basada en la legalidad vigente«.