En un comunicado, estas tres organizaciones explican que en Bruselas constituirán una alianza junto a taxistas de otros países para buscar una «respuesta contundente» de las autoridades europeas que garantice el «respeto a los derechos de los usuarios» y «la persecución de las actividades ilegales de Uber».

Asimismo, los taxistas españoles consideran «insuficientes» las medidas tomadas hasta el momento por el Gobierno y las comunidades autónomas en torno a los servicios de coche compartido.

En concreto, aluden a la comisión interministerial sobre esta cuestión anunciada en junio y sobre cuyos trabajos «nada se ha trasladado al sector del taxi» hasta la fecha.