Mujeres al Timón
Los 31.402 millones de euros requeridos este lunes por el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al Gobierno de España en «un primer paquete de ayudas» que incluye 136 medidas para paliar los efectos de la dana es una cantidad que se diferencia en apenas 119,9 millones del total del presupuesto inicial de la Generalitat para este 2024.
Según la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, el BOE del pasado 13 de febrero recogía que el presupuesto consolidado de la Generalitat para el ejercicio 2024 asciende a 31.521.907.930 euros, lo cual supone una diferencia de 119,9 millones de euros.
Esta comparación realizada respecto al presupuesto de la cuarta comunidad autónoma por población de todo el Estado español muestra la magnitud de los daños sufridos por esta dana, que afecta a 69 municipios y, según el Gobierno, al menos a 200.000 personas, y que Mazón pretende paliar a través de este paquete requerido y destinado «a reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la dana en la provincia de Valencia».
Ayudas para la vivienda y la compra de vehículos
Entre las ayudas que solicita al Gobierno, pide que se complete con 15.000 euros la ayuda de 6.000 euros que la Generalitat va a dar a cada afectado que haya perdido su casa por la dana para su reconstrucción o rehabilitación, y 1.464 millones para ayudar a la compra de vehículos y completar las prestaciones del Consorcio de seguros.
Solicita también el pago de las prestaciones por dependencia y renta valenciana de inclusión para ayudar a los más vulnerables, así como de una paga extra doble para los más afectados, con un total de 65 millones de euros, y una línea de ayudas para la reconstrucción inmediata de las infraestructuras públicas de 2.687 millones de euros.
Mazón ha pedido asimismo una ayuda para la reconstrucción de las áreas industriales y polígonos de 7.000 millones de euros, y que se ejecuten todas las obras de adecuación de los cauces para evitar, prevenir y anticipar posibles riadas futuras, por importe de 2.200 millones de euros.
La totalidad de las medidas se van a remitir ahora al Gobierno, ha explicado Mazón, quien ha indicado que su implementación es «imperativa» para paliar daños materiales, prevenir futuras catástrofes y garantizar la seguridad de una población en una zona «recurrentemente vulnerable a este tipo de eventos».
