El BBVA renueva su ofensiva para hacerse con el control de Banco Sabadell y lo hace convocando el próximo viernes, 5 de julio, una junta extraordinaria en la que propondrá a sus accionistas la ampliación de capital necesaria para poder lanzar la opa y llevar acabo el canje de títulos con los accionistas del banco catalán. La operación saltó a la palestra a finales de abril, pero durante las últimas semanas parecía haberse estancado a la espera de la aprobación de los reguladores y la oposición del Gobierno central.
La segunda entidad más grande de España solicitó a finales de mayo el plácet de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para lanzar la oferta pública de adquisición de acciones (opa). A la espera de que Competencia y el regulador bursátil se pronuncien, la operación todavía tendría que sortear la oposición -al menos por el momento- del Ejecutivo.
Desde que el BBVA anunció su opa sobre el Sabadell, el Gobierno se ha opuesto a la operación y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien rechazó la oferta, ha advertido de que la última palabra sobre la fusión la tiene el Ejecutivo y, en concreto, él.
¿Qué ha trascendido de la operación?
La ampliación de capital consistirá en la emisión de nuevas acciones del BBVA, que será entregadas a los accionistas del Banco Sabadell que acepten la oferta de compra del grupo vasco, un paso clave en su estrategia para hacerse con el control de la entidad. La ampliación es vital para la operación porque gracias a ella el banco podrá ofrecer a los accionistas del Sabadell una acción nueva del BBVA por cada 4,83 títulos del banco catalán.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha pedido a los accionistas del banco su apoyo para sacar adelante la ampliación de capital y avanzar en la compra del Sabadell, un proyecto «positivo» para los propios accionistas, empleados y la sociedad en su conjunto.
La opinión del directivo es que, para los accionistas del BBVA, la opa supone una clara generación de valor, ya que, por un lado, formarán parte de un banco «más fuerte y competitivo» y, por otro, conseguirán elevar los retornos de la inversión con un limitado impacto en el capital. Todo ello, destacaba Torres el pasado lunes, se unía a una «atractiva» política de remuneración al accionista por parte del BBVA, que supone repartir entre el 40 y el 50 % del beneficio cada año.
Torres reiteraba así la intención de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12 %, lo que sigue dejando la puerta abierta a nuevos planes de recompra de acciones o incluso el pago de dividendos extraordinarios.
Una operación de alcance internacional
Más allá de los beneficios a los accionistas, el presidente del BBVA considera que la compra del Sabadell también es «positiva» para los clientes, que tendrán a su disposición un banco «de alcance global, una propuesta de valor diferencial y una mejor oferta de productos».
A nivel internacional, esta misma semana la dirección del Banco Sabadell manifestaba que sus operaciones en México no se veían comprometidas con la oferta del BBVA en España. Por el momento, la entidad catalana se plantea dos escenarios posibles en México: o continuar en solitario o de la mano del BBVA, la mayor entidad financiera en el país.
El pasado mes de mayo, el multimillonario mexicano David Martínez, que es el segundo mayor accionista del Banco Sabadell con un 3,49 % del capital, se mostraba favorable a la opa hostil planteada por el BBVA por la entidad catalana. El empresario es además consejero del Sabadell y su segundo principal accionista tras el fondo Blackrock, que cuenta con un 3,657 %.
Una operación ¿beneficiosa?
Los buenos augurios del presidente del BBVA -en caso de completarse la opa- chocan frente contra quienes argumentan que la fusión reducirá la competencia y empeorará la oferta comercial. Torres ha expresado también que la operación beneficiará igualmente a los empleados del grupo, que podrán aprovechar «nuevas oportunidades de crecimiento profesional».
A pesar de todas las voces críticas, el banquero se mostraba convencido el pasado lunes en su comunicación a los accionistas de que la fusión es positiva para la sociedad en su conjunto. «La nueva entidad tendrá más capacidad para prestar a familias y a empresas, y para contribuir vía impuestos. Todo ello redundará en un mayor progreso económico y social», resumía.
La junta de accionistas se celebrará después de que el BBVA haya solicitado todas las autorizaciones para poder lanzar la opa, entre ellas la petición formal al Banco Central Europeo (BCE), después de haber hecho lo propio con el supervisor bursátil y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El pasado 24 de mayo el BBVA solicitó a la CNMV el visto bueno a la operación y la admisión a trámite del folleto de la opa y una semana después, el 31 de mayo, el banco remitió otra petición a la CNMC para que dé su opinión sobre la potencial fusión de las dos entidades.
El BBVA podría lanzar la opa sin la opinión de la CNMC
Cuando la opa cuente con el beneplácito de la CNMV y del BCE, el BBVA podrá lanzar su oferta a los accionistas del Sabadell incluso aunque Competencia, la CNMC, no haya dado su opinión o impuesto condiciones. La opinión de Competencia no es necesaria, pues a la entidad le basta con el plácet de la CNMV, que estudiará en profundidad el folleto de la oferta, y con el aprobado del BCE, que analizará los riesgos para la estabilidad financiera.
De seguir adelante con su oferta, que en cualquier caso podría condicionar a la decisión final de la CNMC, el BBVA tendría que dar a los accionistas del Sabadell un plazo de entre 15 y 70 días para decidir si venden sus títulos.
Si la oferta prospera y el BBVA consigue que más de la mitad de los accionistas del Sabadell estén dispuestos a vender, el banco podría avanzar con su idea final de la fusión de ambas entidades, lo que estará sujeto a las condiciones que ponga la CNMC y al visto bueno final del Ministerio de Economía.
Desde que el BBVA anunció su opa sobre el Sabadell, el Gobierno se ha opuesto públicamente a la operación y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien rechazó la oferta, advirtió de que la última palabra sobre la fusión la tiene el Ejecutivo y, en concreto, él.