Mercosur sacude al agro español que planea más movilizaciones

El campo valenciano vuelve a situarse en pie de guerra contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países que integran Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). La aprobación por mayoría cualificada de los Estados miembros en el Comité de Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea (COREPER II) para autorizar la firma del tratado ha desatado una oleada de críticas por parte de agricultores y ganaderos, que ven en este pacto una nueva amenaza para la supervivencia del sector primario en la Comunitat Valenciana.

Aunque varios países -entre ellos Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría- votaron en contra del acuerdo y Bélgica se abstuvo, España respaldó la decisión, un posicionamiento que ha generado un profundo malestar en las organizaciones agrarias valencianas. A su juicio, el Gobierno ha desaprovechado la oportunidad de alinearse con los intereses del campo y de defender un modelo productivo sometido a normas cada vez más exigentes.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

La ratificación del acuerdo aún depende de una votación, que se espera reñida, en el Parlamento Europeo el próximo 20 de enero, que podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE para obtener su dictamen sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados europeos y que, de ser admitida a trámite, suspendería su aplicación.

Copa Cogeca, que representa a más de 23 millones de agricultores (Copa) y 22.000 cooperativas (Cogeca) de la Unión Europea está estudiando posibles movilizaciones a llevar a cabo ante el acuerdo la firma del acuerdo con Mercosur.

Igualmente, esta asociación ha mostrado su preocupación en un comunicado que ha hecho público ante la decisión de última hora del Consejo de retirar la declaración que garantizaba que «no se implementaría provisionalmente el acuerdo antes de que el Parlamento Europeo tuviera la oportunidad de expresarse, a pesar de las promesas previas de que esto no sucedería».

Además desde Asaja Nacional, que reúne mañana a su comité ejecutivo, también está estudiando posibles movilizaciones contra el acuerdo.

Gran preocupación desde AVA-Asaja

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) expresa su «honda preocupación» ante un acuerdo que, según denuncia, vuelve a utilizar la agricultura como moneda de cambio en la política comercial comunitaria. La organización subraya que, junto al visto bueno para la firma, el COREPER II ha dado luz verde a la reducción del umbral de activación de las salvaguardias agrícolas hasta el 5%, una medida que, si bien supone un avance técnico, resulta insuficiente para compensar los riesgos del tratado.

«La UE nos ha vuelto a vender en tierra plana»

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, no oculta su indignación e incide en que «La UE nos ha vuelto a vender en tierra plana. Este acuerdo comercial, como tantos otros, fomenta una competencia desleal que acabará expulsando a los agricultores y ganaderos valencianos. Cuando desaparezcan los productores, la factura la pagarán los consumidores, con una cesta de la compra más cara, de menor calidad y más contaminante».

Desde la organización insisten en que no se oponen al comercio internacional, sino a los acuerdos firmados sin reciprocidad. Una idea que refuerza el presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, al recordar que «si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera».

Sin igualdad de condiciones

AVA-Asaja advierte de que el acuerdo con Mercosur permitirá la entrada en el mercado europeo de productos elaborados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, como determinados fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento. Todo ello con sistemas de trazabilidad y control que no están plenamente garantizados, tal y como reconocen incluso las propias autoridades comunitarias.

La preocupación se agrava si se tiene en cuenta que, según datos de la Comisión Europea, actualmente solo se controla en frontera el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la UE. Para AVA-Asaja esta cifra pone seriamente en duda la eficacia real de las salvaguardias si no se refuerzan de forma inmediata y sustancial los sistemas de inspección. «Sin controles efectivos, cualquier mecanismo de protección queda vacío de contenido», advierte la organización.

Los cítricos, el arroz, la miel o la ganadería, los más vulnerables

El impacto del acuerdo sobre el modelo agrario valenciano puede ser especialmente severo. Sectores como los cítricos, el arroz, la miel o la ganadería figuran entre los más vulnerables, al competir directamente con producciones procedentes de países con menores costes y exigencias normativas. Incluso aquellos sectores que podrían verse beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, difícilmente podrán aprovechar el acuerdo a corto plazo debido a los largos periodos transitorios previstos antes de la plena liberalización.

Críticas aún más duras llegan desde La Unió Llauradora i Ramadera, que denuncia que el Consejo de la UE ha dado luz verde al acuerdo sin garantizar una protección efectiva para agricultores y ganaderos. La organización lamenta especialmente el apoyo del Gobierno de España y lo califica de «hipócrita» por avalar un tratado que, a su juicio, deja al campo en una situación de clara vulnerabilidad.

Críticas a la posición de Italia

La Unió recuerda que la aprobación se ha producido pese al voto en contra de países que han advertido abiertamente del impacto negativo del acuerdo sobre sus sectores agrarios. También critica el cambio de posición de Italia, que en diciembre había expresado reservas y finalmente no bloqueó el acuerdo, facilitando que se alcanzara la mayoría cualificada necesaria.

«Una vez más, el campo valenciano vuelve a ser la moneda de cambio de la política comercial de la UE», denuncian desde La Unió. La organización subraya que las salvaguardas anunciadas por Bruselas son, en la práctica, una promesa vacía si no existen compromisos claros por parte de los países del Mercosur ni mecanismos automáticos de aplicación. Además, recuerda que estas cláusulas ya han demostrado ser poco eficaces, ya que cuando se detecta una distorsión del mercado, el daño para los productores ya está hecho.

Balanza comercial deficitaria para España

Un estudio reciente de La Unió refuerza estas advertencias con datos concretos. La balanza comercial agraria entre España y los países del Mercosur es claramente deficitaria en los productos más perjudicados por el acuerdo. El arroz encabeza la lista, con un déficit de más de 133.800 toneladas, seguido de los cítricos -tanto en fresco como en zumo-, el sector avícola, el vacuno y la apicultura. Unos volúmenes que, según la organización, podrían agravarse aún más con el desmantelamiento arancelario previsto en el tratado.

Pese al aval del Consejo, el acuerdo todavía debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, una fase que las organizaciones agrarias consideran decisiva. AVA-Asaja y La Unió anuncian que intensificarán su labor de interlocución y presión política para frenar su aplicación en las actuales condiciones. En paralelo, el campo valenciano prepara movilizaciones, como la protesta convocada el próximo 11 de febrero en Madrid.

¿Qué pasa en el resto de Europa?

Los agricultores franceses continúan su movilización contra el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur con bloqueos en el puerto de Le Havre (noroeste) y en la autopista A1, también conocida como Autopista del Norte, que es la más transitada de Francia.

Por su parte, grupos de agricultores siguieron bloqueando carreteras en Bélgica el pasado domingo, tras varios días de protestas contra el acuerdo comercial. Según medios belgas, los cortes en carreteras belgas continúan en las provincias valonas de Henao y Namur, ambas fronterizas con Francia.

La aceituna de mesa se suma a las reivindicaciones

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) denuncia «la falta de sensibilidad» de la Comisión Europea hacia el sector de la aceituna de mesa, uno de los más castigados por la política comercial comunitaria en los últimos años, y manifiesta su apoyo a las movilizaciones de los agricultores europeos contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

A juicio de Asemesa, el acuerdo UE-Mercosur introduce un desequilibrio competitivo inaceptable que perjudica de forma directa a la aceituna de mesa europea. Por un lado, permite la entrada progresiva de aceituna procedente de Argentina en el mercado europeo mediante la eliminación total de los aranceles en un plazo de siete años. El arancel actual es del 12,8%. Argentina cuenta con una producción media en los últimos años de entre 75.000 y 80.000 toneladas, lo que le permitirá competir en el mercado comunitario en condiciones claramente ventajosas frente a los productores europeos.

Por otro lado, mantiene en la práctica cerrados los mercados de Mercosur a la aceituna española y europea, que seguirá soportando aranceles del 12,6%, impidiendo competir en igualdad de condiciones.

Con lo cual, Asemesa advierte de que el impacto del acuerdo es, por tanto, doblemente negativo, ya que por un lado, priva a la aceituna española y europea de oportunidades reales de exportación en mercados estratégicos como Brasil; y por otro, incrementa la presión competitiva en el propio mercado comunitario mediante la entrada de producto de terceros países en condiciones preferenciales.

Por todo ello, la Asociación se suma a las protestas del sector agrario y exige a la Comisión Europea y al Gobierno de España una revisión urgente del tratamiento de la aceituna de mesa en el acuerdo UE-Mercosur, con el fin de evitar un nuevo daño estructural a un sector estratégico para la economía, el empleo y la cohesión territorial.

Los consumidores también dudan

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) cree que «todavía persisten las dudas sobre los efectos reales» que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur tendrá sobre los consumidores y el sector alimentario europeo y ha exigido más explicaciones al Gobierno.

Fuentes de la Federación han incidido en que aún no cuentan con «suficiente información sobre posibles garantías adicionales que se hayan podido negociar y, hasta qué punto, estas pueden servir para que los consumidores europeos podamos seguir confiando en los alimentos que consumimos».

Para la CECU, la UE ha dado el visto bueno a un acuerdo con una «total falta de transparencia» que puede implicar además el aumento de las emisiones de CO2, de la deforestación o incentivar importaciones agrícolas y ganaderas producidas bajo unos estándares sanitarios, ambientales, de bienestar animal y de trazabilidad «diferentes».

Por eso, la CECU ha pedido al Gobierno español que «garantice la protección de las personas consumidoras frente a sus impactos sociales, ambientales y alimentarios».

Además, ha reclamado la aplicación «efectiva» de cláusulas espejo que aseguren que los productos importados cumplan los mismos estándares sanitarios, ambientales y de bienestar animal que la producción europea.

La CECU también cree necesario un «etiquetado claro que permita conocer su origen y condiciones de producción».