El agro avisa en Bruselas de que la PAC pone en riesgo la soberanía alimentaria

El sector agrario europeo vuelve a movilizarse este jueves, 18 de diciembre, en Bruselas, coincidiendo con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y con la salida de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hacia Brasil para avanzar en la firma del acuerdo comercial con Mercosur. La protesta, convocada por Copa-Cogeca, reúne a más de 10.000 agricultores procedentes de los 27 Estados miembro, una movilización inédita tanto por su dimensión como por el momento político y económico en el que se produce.

Desde España acudirán representantes de AVA-Asaja, COAG y UPA, que consideran que la cita es decisiva para el futuro del sector. «Es el momento adecuado para que las instituciones europeas escuchen los problemas que afectan al campo», subraya el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.

Más de 92.500 millones de euros menos

Uno de los principales ejes de la protesta es el rechazo frontal a la propuesta de la Comisión Europea para la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027. El planteamiento comunitario pretende integrar la PAC en un fondo único, perdiendo su singularidad histórica, y aplicar un recorte presupuestario cercano al 24%, lo que supondría restar más de 92.500 millones de euros al sector agrario europeo durante el periodo 2028-2034.

Desde AVA-ASAJA inciden en que esta reforma constituye una «amenaza existencial». Su presidente advierte de que «estos planteamientos ponen en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial, la competitividad, la modernización y la soberanía alimentaria de Europa». La organización alerta además de la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC, el aumento de la complejidad administrativa y el riesgo de que se rompa el carácter común de la política agraria.

Consecuencias económicas para España y la Comunitat Valenciana

El impacto de estos recortes sería especialmente relevante en países como España, donde la PAC sigue siendo un pilar clave para la estabilidad económica de miles de explotaciones agrarias y para el mantenimiento del empleo y la actividad en el medio rural. Desde AVA-Asaja observan de que una PAC diluida y con menor presupuesto podría generar desigualdades entre Estados miembro, debilitando la posición competitiva de los agricultores españoles.

En la Comunitat Valenciana, los efectos se dejarían sentir con especial intensidad en los cultivos mediterráneos, que ya soportan una fuerte presión por el incremento de costes, la escasez de soluciones fitosanitarias y el endurecimiento normativo. Sectores como el arroz, los cítricos y la ganadería figuran entre los más vulnerables.

Mercosur, otro frente más

El segundo gran eje de la movilización es el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, cuya firma se quiere acelerar desde la Comisión Europea. Las organizaciones agrarias alertan de que el tratado abre el mercado europeo a productos procedentes de países con menores costes de producción y estándares menos exigentes, lo que genera una competencia que consideran claramente desleal.

«El acuerdo UE-Mercosur reduce la capacidad de los productores europeos para competir en igualdad de condiciones y aumenta los riesgos fitosanitarios y de mercado», aclara Aguado, quien insiste en que la política comercial comunitaria está agravando la crisis de numerosos sectores agrarios.

El arroz como símbolo de la protesta

El arroz tendrá un protagonismo especial en la manifestación de Bruselas. Desde AVA-Asaja acuden con una representación simbólica de arroceros, uno de los colectivos más castigados tanto por los futuros recortes de la PAC como por la prohibición de materias activas fitosanitarias imprescindibles para combatir plagas y enfermedades.

En este sentido, Aguado denuncia que «la última siega ha sido la más ruinosa de nuestra historia reciente por la falta de soluciones frente al hongo de la piricularia». El presidente de AVA-Asaja avisa también de que están en peligro variedades tradicionales como Bomba y Albufera, con un alto valor añadido y una fuerte implantación en los mercados internacionales.

Déficit comercial con los países de Mercosur

Desde la Comunitat Valenciana, La UNIÓ Llauradora i Ramadera refuerza las críticas al acuerdo con Mercosur con datos económicos. Un estudio reciente de la organización concluye que la balanza comercial agraria entre España y los países de Mercosur es claramente deficitaria, con un saldo negativo superior a 240.000 toneladas en los productos más afectados.

El arroz encabeza la lista, con un déficit de 133.850 toneladas, seguido de los cítricos, tanto en fresco como en zumo, con 58.297 toneladas. A estos se suman sectores ganaderos como el avícola, el vacuno y el apícola, donde las importaciones superan ampliamente a las exportaciones.

«No existe equivalencia en las normas medioambientales, sanitarias, fitosanitarias, de bienestar animal o laborales, ni mecanismos efectivos para suspender importaciones en situaciones de riesgo», denuncia el secretario general de La UNIÓ, Carles Peris.

Manifestación y tractorada en València

En paralelo a la movilización en Bruselas, La UNIÓ convoca una manifestación-tractorada en València este mismo 18 de diciembre. La protesta parte del Palau de la Generalitat y finaliza ante la Delegación del Gobierno, bajo el lema «Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat ahogan al campo valenciano».

Peris recuerda que, aunque la firma del acuerdo con Mercosur no implica todavía su entrada en vigor, el tratado deberá ser ratificado por el Consejo y el Parlamento Europeo, por lo que el sector mantiene la presión para frenar su aprobación o introducir cláusulas espejo de reciprocidad.

Simplificación y seguridad jurídica

Junto a la financiación y la política comercial, el sector agrario sitúa la reducción de la burocracia como una de sus principales reivindicaciones. AVA-Asaja denuncia que el campo está asfixiado por un volumen creciente de requisitos, controles y obligaciones que dificultan la gestión diaria de las explotaciones.

Entre las demandas figuran una PAC con mayor agilidad administrativa, normas adaptadas a la realidad productiva, plazos más flexibles para nuevas obligaciones y controles orientados a resultados, así como igualdad de condiciones en los estándares exigidos a las importaciones de terceros países.