A lo largo de los dos últimos años, el precio de la luz ha sido una cuestión clave para muchos hogares y empresas de nuestro país. En los últimos 24 meses, la preocupación ante las grandes oscilaciones de precio ha estado latente, quizá más que nunca, y ha sido así a pesar de las medidas adoptadas para la contención de estos picos en los precios.

Desde el 1 de enero de 2024, España ha implementado una nueva fórmula de cálculo en la tarifa eléctrica regulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Esta modificación, respaldada por el Consejo de Ministros en el Real Decreto 446/2023, impactará en alrededor de 8,5 millones de consumidores, representando un cambio significativo en la forma en que se establecen los precios de la energía de este tipo de tarifa.

Una de las características más destacadas de esta reforma es la desindexación parcial de los mercados al contado, incorporando referencias de los mercados de futuros de manera gradual. Esta medida, que representará el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% en 2026, tiene como objetivo brindar mayor estabilidad en los precios finales de la electricidad, sin alterar las señales de precios que orientan la demanda hacia las horas de menor consumo.

Aunque expertos sugieren que esta desindexación proporcionará estabilidad y prevén que le precio de la luz se mantendrá entre 60 y 80 €/MWh durante el primer trimestre de 2024, los primeros días de la nueva tarifa PVPC en el mercado eléctrico español han generado preocupación. Así, el precio medio del PVPC en los dos primeros días de 2024 osciló entre 90 y 120 €/MWh, lo que plantea interrogantes sobre las verdaderas ventajas económica de esta nueva fórmula.

Es fundamental destacar que contratar la electricidad en el mercado regulado es esencial para beneficiarse del bono social eléctrico. Más de 1,5 millones de hogares disfrutan de este descuento del 40% en sus facturas eléctricas. Recientemente, el Real Decreto-Ley 8/2023 prorrogó las rebajas para consumidores vulnerables y severos, manteniendo la protección hasta el 30 de junio de 2024.

A pesar de los beneficios para los hogares, la reforma afectará a alrededor de 40.000 negocios acogidos a la modalidad del PVPC. Estas pequeñas y medianas empresas deberán cambiar sus contratos de luz, buscando una nueva comercializadora en el mercado libre, lo que plantea desafíos económicos para este sector.

En cuanto al precio del nuevo PVPC, este ha cambiado y, según algunos análisis, se está pagando una sobreprima por estar protegido de fuertes subidas en el mercado diario. Este planteamiento lleva a cuestionar si la estabilidad justifica los costos adicionales, especialmente para los consumidores vulnerables.

En conclusión, la implementación del PVPC marca un cambio significativo en la forma en que se establecen los precios de la electricidad en España. Aunque se busca proporcionar estabilidad y reducir la volatilidad, las primeras señales indican que la nueva tarifa plantea desafíos económicos para las pequeñas y medianas empresas, mientras que suscita interrogantes sobre las verdaderas ventajas para los consumidores en general.

La reflexión sobre la relación entre estabilidad y costos se convierte en un aspecto crucial en medio de esta transformación en el sector eléctrico español. Nuestra conclusión a corto plazo para todos los consumidores en la tarifa regulada PVPC es que se acojan a tarifas de mercado libre para este 2024.